Comienzan las reuniones de trabajo sobre la nueva ley de Reforma Penal Juvenil. La jueza Carolina García analizó qué pasará con los tratamientos, la prisión preventiva y los lugares de detención.
El adolescente de 15 años que asesinó a disparos con una escopeta a un compañero en una escuela de Santa Fe conmocionó al país y se volvió un punto de partida inevitable para analizar lo que vendrá. En diálogo con LM Neuquén, la jueza penal juvenil Carolina García lo sintetiza: “Si ya estuviera en vigencia la nueva ley de imputabilidad, probablemente este niño que comete un delito tan grave ya estaría privado de la libertad".
La sanción que bajó la edad de imputabilidad abre un escenario nuevo en la justicia penal juvenil. No solo prevé la incorporación de más adolescentes al fuero, sino que implicará modificaciones en las estructuras, prácticas y marcos normativos que -según advierten desde el Poder Judicial- deberán prepararse.
La nueva norma, que modifica el Código Penal, permite procesar a adolescentes desde los 14 años, con penas alternativas para delitos menores y un máximo de 15 años de prisión para casos graves. La ampliación de la fuerza punitiva no es inmediata: la Reforma Penal Juvenil publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo entrará en vigencia a los 180 días de su publicación, es decir, aproximadamente en septiembre de 2026.
En Neuquén, el sistema penal juvenil convive con el modelo de protección integral de la niñez establecido por la Ley 2302, que ante niños o adolescentes menores de 16 años aplica el programa de Libertad Asistida hasta que sean mayores de edad, y luego se evalúa su nivel de eficacia o ineficacia, para dar paso a la fijación de la pena si corresponde.
En este sentido, el artículo 67 establece que un niño o adolescente solo puede ser detenido en situaciones realmente excepcionales. Esto ocurre cuando el delito que se le imputa tiene una pena máxima superior a los diez años y, aun así, únicamente si resulta absolutamente necesario para frenar los efectos del hecho o garantizar que el joven se presente en momentos clave del proceso judicial.
En relación con el caso del tirador de la escuela de Santa Fe, a quien bajo la nueva ley le correspondería una pena de prisión por el homicidio de un compañero, se le consultó a García, jueza de niñez desde 2013, qué incidencia podría tener una eventual situación de bullying.
“La Justicia Penal llega cuando falla la prevención, acá falló todo. Ante casos de bullying deben intervenir de manera sostenida tanto las familias como las escuelas para prevenir hechos de violencia y también situaciones de suicidio”, señaló. No obstante, remarcó la gravedad del hecho: “Lo que hizo fue gravísimo y debe responder por ello, porque no todos los chicos que sufren bullying se convierten en asesinos”.
Por este motivo, indicó que en las escuelas debería empezar a debatirse cómo va a ser el nuevo régimen penal juvenil y cómo van a ser las implicancias para los delitos graves."Ahora cambia todo, entonces para que los niños comprendan y sepan que van a ser responsables penalmente, es necesario un trabajo de difusión, concientización acompañado por educación y todas las instituciones", dijo. En cuanto a cómo intervenir ante el bullying, citó la Ley 26.982, donde la escuela está obligada a actuar ante la presentación por escrito de la familia.
Así mismo, señaló que es importante remarcar que el bullying no solo ocurre entre quien agrede y quien recibe la agresión, sino sobre los que observan, por eso la importancia de que los compañeros intervengan frente al acoso, acompañando a la víctima y avisando a un adulto.
Otra cuestión clave que cambiará: a partir de septiembre con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 los padres serán civilmente responsables. "La Ley ahora expresamente aclara la responsabilidad civil de los padres, que antes quedaba confuso, entonces, si por ejemplo un chico le pega a otro y le provoca lesiones van a tener que pagar".
En diálogo como LM Neuquén, la jueza penal juvenil Carolina García lo resume como un "cambio paradigmático" que impactará de lleno en el escenario actual. “Hay mucho por hacer”, subrayó en relación a una de las principales cuestiones: la nueva ley prevé la aplicación de la prisión preventiva, lo cual no se contempla dentro de la ley 2302, además de que muchos de los dispositivos que esta ley imaginaba “no se aplican o directamente no existen”.
Por otro lado, uno de los puntos más importantes que mencionó como pendientes es la previsión de juzgados y tribunales específicos que nunca llegaron a crearse con la 2302, por lo que la organización judicial hoy no garantiza plenamente la especialidad juvenil en todo el territorio. De esta manera, mientras en la Primera Circunscripción hay equipos más consolidados, en el interior los jueces con competencia penal juvenil no cuentan con la misma estructura de fiscales y defensores especializados.
En este sentido, la jueza subrayó "hay que cambiar todo el andamiaje". Pero además - con carácter urgente - "va a haber más condenas y se van a necesitar más lugares para el cumplimiento, porque los menores de edad no pueden estar con mayores". Bajo la Ley 2302 no existen establecimientos penales juveniles, que puedan alojar a adolescentes de 14 y 15 años para cumplir penas de prisión efectiva.
Las cifras de menores no punibles permiten dimensionar cuál es realmente el peso de los delitos cometidos por adolescentes de 14 y 15 años en Neuquén. Según el informe del Ministerio Público Fiscal, de un total de 883 autores menores de edad en 2025, el 51,47 %, 454 tenía más de 16 años y el 48,53 %, fueron 428 adolescentes menores de 16 años.
Si se tiene en cuenta que solo 78 casos de 2025 fueron delitos graves, y que a su vez solo a tres varones correspondió arresto excepcional, la demanda de lugar no sería tan grande, pero aún así, impactaría en la infraestructura.
La magistrada advierte que la reforma no impactará solo en la edad de punibilidad, sino en toda la estructura del sistema judicial juvenil. “Hay que cambiar todo el andamiaje”, resumió y reveló que el primer encuentro que convoca a jueces, fiscales y otros operadores judiciales está previsto para el 6 de abril por convocatoria del Ministerio de Justicia de Neuquén para trabajar en conjunto en un proyecto o informe para enviar a la Honorable Legislatura.
"Los legisladores definirán la nueva política criminal pero de nuestra parte, como especialistas, podemos ayudar", indicó al tiempo que sumó: "se va a tener que reglamentar en la Legislatura una modificación de la 2302, contemplando todo lo que establece la ley nacional y un nuevo procedimiento".
Uno de los puntos calientes del debate es qué pasará con el tratamiento que realizan actualmente con los adolescentes no punibles a disposición de Medidas de Protección Excepcionales. Por ejemplo, en el caso del asesinato de Juan Caliani, se dictó la sentencia de responsabilidad y se determinó un tratamiento de Libertad Asistida donde fueron alojados eventualmente en el Hogar Hue Lihué, y recibieron atención de psicólogos, asistentes sociales y operadores de calle que acompañaron a los adolescentes a talleres hasta el nuevo juicio para la audiencia de cesura. Allí, finalmente, se determinó una pena, evaluando que no se logró la reinserción social.
La nueva ley elimina el tratamiento y directamente el adolescente desde los 14 años debe cumplir la condena en prisión, entonces surge el interrogante, ¿qué pasará con la Ley 2302?, ¿por dónde pasará la reintegración social?
Consultada sobre este tema, es decir, qué pasará con las medidas excepcionales y los tratamientos de Libertad Asistida, García puntualizó que como la nueva Ley no contempla tratamiento, "seguramente será un punto a debatir".
Desde su perspectiva, "la nueva ley tiene un espíritu de reintegración social", y por eso, explicó que "la clave es que la respuesta judicial no sea exclusivamente punitiva", sino que articule con políticas públicas de contención social. En todo caso, si los operadores del sistema pretenden mantener el tratamiento, se podrá reglamentar a través de una ley provincial que actualice.
La magistrada enfatizó que "en la mayoría de los casos los programas de reinserción son exitosos". Ese enfoque se basa incluso en aportes de las neurociencias, que muestran que el cerebro adolescente aún está en desarrollo. “La personalidad sigue cambiando, la madurez llega, y si son acompañados con tratamientos adecuados pueden reencauzar su vida”, afirmó al tiempo que remarcó: "cada vez más niños cometen delitos graves".