¿Sirve bajar la edad de imputabilidad? Voces judiciales de Neuquén advierten que no reducirá la inseguridad

La reciente aprobación de la ley de Reforma Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años abrió un fuerte debate en el ámbito judicial y académico. Mientras el Gobierno nacional y los legisladores que votaron a favor sostuvieron que reducirá los delitos juveniles, especialistas advierten que no tendrá impacto real en la inseguridad y podría agravar la delincuencia.

En Neuquén, además, la discusión se cruza con un desafío concreto: la provincia tiene 180 días desde la publicación de la norma en el Boletín Oficial para adecuar su sistema, en un contexto donde rige la Ley 2302, considerada una de las más avanzadas del país en materia de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes.

Referentes del ámbito judicial consultados señalaron que la preocupación no se limita al debate conceptual sobre la política criminal. También alertan sobre las dificultades para aplicar la reforma, debido a la falta de estructura institucional, recursos y dispositivos especializados para trabajar con adolescentes en conflicto con la ley penal.

Federico Egea: "Un fenómeno estadísticamente irrelevante"

El abogado penalista Federico Egea cuestionó el enfoque de la reforma y sostuvo que se trata de una medida de carácter regresivo en materia de política criminal. Según explicó, el principio básico de este campo es que la intervención punitiva del Estado debe ser el último recurso, luego de políticas de prevención vinculadas a la educación, la salud y la inclusión social.

“En política criminal uno tiene que mirar primero las estadísticas reales. No sirve crear una norma punitiva para un delito que no se comete o que tiene una incidencia muy baja”, señaló en el streaming LM Neuquén en Vivo.

De acuerdo a los datos de la Corte Suprema de la Nación, el delito juvenil representa una pequeña porción del universo de delitos. "El mismo Estado que te dice 'voy a regular la ampliación de la capacidad de castigar sobre el 1% que muestra la estadística', mientras dice 'voy a eliminar el agravante de género, un delito sumamente significativo'", explicó.

Federigo Egea stream

En este sentido, señaló que "demuestra el sesgo ideológico" porque "criminaliza a los niños, realiza la ampliación del poder punitivo en relación a una estadística irrelevante, y paralelamente dice voy a eliminar el femicidio como figura agravada del asesinato, contra todas estadísticas", como la reciente que muestra que en lo que va de 2026, se cometió 1 femicidio cada 34 horas.

Para Egea, además, la ley que baja la edad de imputabilidad a 14 años envía además un doble mensaje político: ampliar la capacidad del Estado de castigar a adolescentes y retraerse de su rol preventivo. “La intervención del Estado debería garantizar derechos, educación, salud, deporte. Si esas condiciones no se generan, el delito adolescente va a seguir existiendo aunque aumenten las penas”, afirmó.

El abogado también advirtió que la reforma crea un fondo para construir establecimientos de detención para menores, pero no está claro cómo se financiará ni cómo se implementarán los equipos interdisciplinarios necesarios para el tratamiento de los jóvenes. “Si el sistema penitenciario ya está colapsado con adultos, lo más probable es que ese problema se replique con adolescentes”, sostuvo.

Fiscal Germán Martín: la tendencia de los delitos juveniles viene bajando

El fiscal de Delitos Juveniles del Ministerio Público Fiscal, Germán Martín, es una de las voces del ámbito judicial que se ha manifestado en contra desde que el proyecto para reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años fue impulsado por el Gobierno nacional. En el mismo sentido que Egea, argumenta que la estadística muestra que los delitos cometidos son mínimos e incluso se disminuyeron.

Según el informe estadístico del MPF correspondiente a 2025, solo el 4,78% de los delitos registrados en Neuquén tienen como autores a menores de edad. Cabe aclarar, que la cifra corresponde a autores identificados en ambos casos, tanto menores como adultos. En cuanto a los tipos de casos que llegan al fuero penal juvenil, detalló que los más comunes son delitos contra la propiedad, lesiones leves, amenazas y hurtos, muchas veces vinculados a conflictos entre adolescentes o situaciones de violencia que se amplifican.

El año pasado además ingresaron 856 casos con autores menores, una cifra que, analizada en perspectiva histórica, no evidencia un aumento sostenido. Si se observa la evolución de los últimos diez años, la tendencia general es a la baja, explicó el fiscal en diálogo con LM Neuquén.

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Martín, también profesor de la Universidad Nacional de Río Negro, señaló que existe una percepción social desproporcionada sobre el delito juvenil, en parte vinculada con la manera en que son realizados: callejeros, explícitos, expresivos, se hacen para que se note, sin sofisticación, sin pretensión de ocultamiento.

Si bien sus características generan impacto, aseguró que no quiere decir que el delito adolescente sea frecuente o cada vez más frecuente, y mencionó que la difusión en los medios de comunicación tiene que ver con el criterio de noticiabilidad, porque no es esperable que las y los niños o adolescentes ocupen el lugar criminal. En este sentido observó que la vulneración de los derechos humanos o el suicidio adolescente, son problemáticas gravisimas y más frecuentes.

El fiscal remarcó además que en la mayoría de los casos el delito adolescente tiene carácter episódico y no se transforma en una carrera criminal. Muchos jóvenes dejan de delinquir cuando crecen, forman una familia o encuentran otras oportunidades. Si los etiquetamos como delincuentes desde chicos, el riesgo es terminar generando el problema que queremos evitar, afirmó Martín.

El fiscal de delitos juveniles, Germán Martín conforme con el fallo.

No va a tener impacto en términos de seguridad, aseveró y agregó que la consecuencia del fracaso de bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años será una ampliación del poder punitivo cada vez más grande, en tanto que si en tres años aumenta el delito juvenil se pedirá bajar la edad a los 13 años, y así sucesivamente.

Desafíos para la implementación de la baja de edad de imputabilidad

El texto de la Ley 27801 fijó un plazo de seis meses para que el sistema judicial y los organismos involucrados adapten sus estructuras antes de la implementación plena del régimen que establece penas de hasta 3 años para delitos menores y en el caso de los hechos graves, como homicidios, abusos y/o secuestros, establece un tope de 15 años de prisión, con una extensión de hasta 20 años en casos puntuales.

Según la Reforma Penal Juvenil las penas también deberán orientarse a la educación y resocialización, "a fin de que el adolescente imputado obtenga un futuro con integración social y trabajo, comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada. Además, deberá tender a disminuir el riesgo de que incurra en la comisión de nuevos delito”.

En cuanto a su implementación tanto Egea como Martín pusieron en duda que pueda concretarse la construcción de infraestructura como el respeto a sus premisas básicas. El abogado penal relató que durante el proceso judicial por el asesinato del periodista Juan Caliani en mano de dos adolescentes, como representante de la querella tuvo contacto con los profesionales encargados de supervisar a los menores bajo Libertad Asistida: "no tenían ni siquiera para cargar la tarjeta SUBE para ir a los domicilios".

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Además, se refirió a la crisis carcelaria y señaló que los establecimientos penitenciarios para mayores ya están desbordados, por lo que replicar ese modelo en menores solo generará más marginalidad sin reducir el delito. Por su parte, en respuesta a la publicación de la Oficina del Presidente, quien sostuvo "a partir de hoy , quienes tienen la capacidad de comprender la gravedad de sus actos asume, sin excepciones, la responsabilidad de responder ante la ley. Delito de adulto, pena de adulto", Egea subrayó que "ninguna persona tiene en mente la pena que le van a aplicar al momento de delinquir", por lo que aumentar los años de reclusión no servirá para combatir la criminalidad si no se abordan los consumos problemáticos y la marginalidad.

Más allá de la discusión sobre la eficacia de la reforma, Martín también advirtió que su aplicación podría generar serias dificultades operativas si no se refuerzan las estructuras del sistema. En Neuquén, explicó, casi la mitad de los casos mencionados, 856 en la provincia durante 2025, involucran a adolescentes no punibles, lo que obliga a trabajar con dispositivos de protección y abordaje social. La eventual incorporación de adolescentes más jóvenes al sistema penal implicaría más recursos humanos y fiscales especializados, especialmente en el interior de la provincia. En este sentido, señaló que se viene un largo y arduo trabajo por delante.