La protagonista del proceso es integrante de la comunidad mapuche y ya fue juzgada por la muerte de su pareja en un incendio en el paraje Trompul.
Un complejo caso ocurrido en el paraje Trompul, en la ciudad de San Martín de los Andes, tuvo un nuevo pronunciamiento luego de una impugnación impulsada por la defensa pública. Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF), se requirió la confirmación de una condena que recayó en una mujer integrante de la comunidad mapuche por el delito de incendio seguido de muerte. En la vereda contraria, se ubicaron los representantes legales de la acusada.
La protagonista del proceso es una mujer identificada como Beatriz Esther Cayún, quien ya fue declarada responsable por la muerte de su pareja, José Emiliano Catricura.
El fiscal jefe Gastón Ávila y la fiscal del caso Inés Gerez habían planteado durante una audiencia el pasado 17 de abril, y ante el Tribunal de Impugnación (T.I.), que la sentencia de responsabilidad fue resultado “de un razonamiento lógico tanto en la estructura interna como en la externa, y se encuentra debidamente motivada”, excluyendo “cualquier vestigio de arbitrariedad”.
De este modo, pidieron la ratificación de una condena de 8 años de cárcel efectiva que impuso en diciembre del año pasado el tribunal colegiado integrado por los jueces Maximiliano Bagnat, Federico Sommer y Diego Chavarría Ruíz.
El T.I. tomó intervención luego de que la defensa de la mujer recurriera con un pedido de nulidad. Finalmente, en el inicio de esta semana, el tribunal -compuesto por los jueces Patricia Lupica Cristo, Eulogio Nazareno y Mauricio Macagno- resolvió “no hacer lugar por unanimidad a la impugnación ordinaria deducida por la defensa técnica, por no haber demostrado los agravios denunciados”.
El incidente donde murió Catricura ocurrió el 10 de febrero de 2024, entre las 8:30 y las 9, en la vivienda que la pareja compartía en el paraje Trompul. Tras una discusión, Cayún arrojó nafta dentro de la casa y encendió un fósforo, provocando un incendio inmediato. Una explosión trabó la puerta de entrada y Catricura quedó atrapado; aunque logró salir por la parte trasera, sufrió quemaduras en el 90 por ciento del cuerpo y murió horas más tarde.
Durante la determinación de la pena, la fiscalía había solicitado 9 años de prisión. Sin embargo, los jueces fijaron el mínimo legal de 8 años, valorando como atenuantes la falta de antecedentes y las lesiones sufridas durante el siniestro por la propia Cayún.
La defensa de Cayún hizo varios descargos durante el desarrollo del proceso, apuntando a la situación de vulnerabilidad de la acusada y que, desde muy pequeña, fue víctima de abusos y hechos de violencia.
“La Fiscalía probablemente insistirá en la gravedad del resultado, pero el resultado, por sí solo, no explica la vida de Beatriz, ni sus recursos emocionales, ni su identidad cultural, ni el abandono estatal que atravesó”, resaltaron las integrantes de la Defensa pública en la audiencia de determinación de la pena.
En esa instancia, también insistieron en que “la pena tenga en cuenta la aplicación efectiva de una justicia con perspectiva de género, interculturalidad y derechos humanos”.
Ahora, tras el fallo del TI, la defensa podrá recurrir a otras instancias y si lo hace, la sentencia no quedará firme.