La Fiscalía formuló cargos contra dos grupos por comercializar cannabis y cocaína. Además, clausuraron varias de las viviendas allanadas.
El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra 11 personas acusadas de integrar dos grupos dedicados a la comercialización de cocaína y marihuana en diferentes barrios de Neuquén capital. La Fiscalía solicitó distintas medidas cautelares como la prisión domiciliaria, la prohibición de volver a los barrios donde vendían y la clausura de algunas de las viviendas allanadas.
Las imputaciones fueron realizadas por la fiscal del caso Silvia Moreira, tras una serie de allanamientos desarrollados el fin de semana por el personal del departamento de Antinarcóticos de la Policía provincial y que autorizó un juez de garantías.
El primer grupo fue identificado el viernes a la tarde, cuando la fiscal le atribuyó a F.E.S, P.L.H, A.D.L y S.A.A el delito de comercialización de estupefacientes de forma organizada en al menos dos viviendas de barrio Cuenca XV de la capital neuquina.
Fiscalía planteó que el grupo vendió sustancias ilegales al menos desde el 20 de mayo hasta el 27 de agosto de 2026. La acusación se basa en que las personas se acercaban a las viviendas en distintos horarios para comprar drogas en las bocas de expendio. Los cobros de las sustancias se realizaban en efectivo o a través de transferencias con billeteras virtuales.
Durante los procedimientos realizados por el MPF y la policía provincial, en las viviendas vinculadas con los acusados se encontraron 84 gramos de clorhidrato de cocaína y 61 gramos de cannabis sativa, además de dinero en efectivo. En ese sentido, la Fiscalía les atribuyó a los cuatro hombres el delito de comercio de estupefacientes agravado por la intervención de 3 o más personas, en carácter de coautores.
Como medida cautelar, se estableció por dos meses y mientras avanza la investigación, la detención domiciliaria de P.L.H, A.D.L y S.A.A con consigna policial hasta la colocación de las tobilleras electrónicas. También se les prohibió mantener contacto con los testigos de caso.
En el caso de F.E.S, la medida establecida fue la prohibición de ingresar al barrio Cuenca XV. Además, se ordenó la clausura de un inmueble ubicado sobre la calle Delegados Territoriales Neuquinos.
El sábado a la tarde, la fiscal Moreira y el asistente letrado Pablo Jávega formularon cargos contra otras 7 personas acusadas de integrar una organización dedicada a la comercialización y fraccionamiento de cocaína y marihuana en diferentes domicilios del barrio Cuenca XV y sectores aledaños.
La Fiscalía atribuyó el delito de comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas, en carácter de coautores. La acusación fue formulada contra J.A.Y, C.B.F., O.G.F.S., M.E.M., J.M.M., T.B.S. y C.N.F.S. En el caso de O.G.F.S y M.E.M sumó el delito de tenencia ilegítima de armas de fuego, en concurso real.
De acuerdo con la acusación, la venta de drogas se habría desarrollado desde el 17 de diciembre de 2025 hasta el 27 de agosto de 2026. Fiscalía sostuvo que los siete formaban parte de un grupo con división de roles entre sus integrantes y con puntos de venta que funcionaban de manera coordinada.
Según la investigación, los compradores podían ser derivados de una vivienda hacia otra y los pagos se realizaban en efectivo o mediante billeteras virtuales. En los allanamientos realizados el 27 de agosto, los efectivos encontraron envoltorios de cocaína y marihuana preparados para la venta, balanzas de precisión, anotaciones con precios y nombres, dinero en efectivo en pesos argentinos, dólares y pesos chilenos, además de armas de fuego y municiones.
Como medidas de coerción, la Fiscalía solicitó cuatro meses de detención domiciliaria en viviendas alternativas para los siete acusados con monitoreo electrónico, ya que los domicilios deberán estar ubicados fuera del barrio Cuenca XV. Se dispuso el control policial con al menos tres rondines diarios sorpresivos hasta la colocación de dispositivo electrónico.
También pidió la prohibición absoluta de contacto durante cuatro meses con los testigos de identidad reservada y vecinos denunciantes.
El juez de garantías, Marco Lupica Cristo hizo lugar a la formulación de cargos y dispuso la investigación por el plazo de cuatro meses, con vencimiento el 29 de diciembre de 2026. También ordenó la detención domiciliaria de los siete acusados en otros barrios y prohibió que mantengan contacto con los cinco testigos señalados por la fiscalía.
En el caso de M.E.M, el juez limitó la imputación como adulto al período posterior al 23 de mayo de 2026, fecha en la que cumplió 18 años. También ordenó la colocación de tobilleras electrónicas y controles sorpresivos policiales hasta que estén operativas.
Además, prorrogó por cuatro meses la clausura de la vivienda de T.B.S pero rechazó clausurar otra casa para evitar que tres niños quedaran sin vivienda. En este último caso, consideró que el riesgo de reanudación de la actividad delictiva quedó neutralizado con el traslado de la pareja a otro barrio y la detención domiciliaria.
Finalmente, autorizó el embargo de las cuentas y billeteras virtuales de J.A.Y y C.N.F.S hasta un límite de 30 millones de pesos por persona, con excepción de las cuentas destinadas al cobro de subsidios o de naturaleza alimentaria.