{# #} {# #}
Se trata de Yamila Andrea Calfín, quien estaba en libertad a pesar de estar acusada por el crimen de José Luis Correa. Habría incumplido las medidas previas.
La mujer de Valentina Sur acusada por el crimen de su ex pareja, José Luis Correa, quedó finalmente en prisión preventiva. La fiscalía afirmó que hay nueva prueba que solidifica la acusación en su contra y que la imputada incumplió las medidas impuestas previamente. Su actual pareja, también acusado, sigue detenido bajo la misma modalidad.
La mujer, identificada como Yamila Andrea Calfín, está señalada junto a su pareja Daniel Pacheco, por haber asesinado el pasado sábado 16 de septiembre a José Luis Correa, ex pareja de Calfín. Según la teoría de la fiscalía, alrededor de las 23 de ese día, los acusados recorrieron los 100 metros que los separaban de la vivienda de la víctima en un Fiat Mobi de color blanco, propiedad de la mujer. Desde hacía un mes y medio, Calfín estaba conviviendo con el otro acusado, Pacheco, lo que acrecentó los conflictos con su ex pareja Correa.
Al llegar a la casa de la víctima, Pacheco descendió, golpeó la puerta de la vivienda de Correa y ambos comenzaron a discutir. Luego, se subió al vehículo y, desde el asiento del acompañante, realizó al menos cuatro disparos de arma de fuego. "Uno de ellos impactó en el tórax a Correa, quien de acuerdo con la autopsia realizada ayer, falleció minutos más tarde por una lesión pulmonar y cardíaca", relató Moreira y luego precisó que los dos acusados escaparon e ingresaron el auto en la casa de la mujer.
Ambos fueron detenidos al día siguiente en un allanamiento a la vivienda de Calfín, donde encontraron el vehículo y dos armas de fuego, por lo que se los acusó como coautores de homicidio agravado por el vínculo y por el uso de arma de fuego. Pachecho quedó detenido en prisión preventiva por los riesgos que el juez Lucas Yancarelli consideró acreditados, aunque le dictó a la mujer comparendos semanales, una prohibición de contacto y acercamiento a testigos y al lugar de los hechos.
Durante una nueva audiencia que se realizó esta semana, la fiscal Silvia Moreira reformuló los cargos, no para modificar la acusación, sino para dar precisiones respecto del contexto y de las motivaciones de la agresión. En este sentido, relató que minutos antes del ataque, la víctima (Correa) pasó por la vivienda de su ex pareja (Calfín) y arrojó un elemento hacia el vehículo de la mujer, que se encontraba estacionado frente al domicilio.
“Esto determinó a Pacheco y a Calfín a darle muerte, concretando así las amenazas previas vertidas por la imputada”, sostuvo la fiscal, quien describió meses previos de violencia recíproca entre las partes. Moreira explicó que, a partir de ese momento, las cámaras de seguridad muestran una secuencia en la que “Pacheco pasa lentamente por la casa de Correa, verificando que se encontraba en su domicilio” y que luego regresa, ya a bordo del auto blanco que era conducido por Calfín, y se produce el homicidio con el arma que posteriormente fue encontrada en la casa de la mujer.
Tras precisar los nuevos detalles del contexto, Moreira explicó que desde que se acusó a las dos personas imputadas “se incrementaron los riesgos procesales”. Indicó que se cuenta con los informes que confirman que una de las armas encontradas en la casa de la acusada fue la que se utilizó para el homicidio; que las cámaras de seguridad ubican a la mujer y al varón en los distintos lugares relacionados con el crimen; y que en distintas intervenciones telefónicas se constataron un plan de fuga y maniobras de entorpecimiento de la investigación.
La fiscal del caso destacó, además, que la imputada incumplió las medidas que se le habían impuesto, por lo que solicitó al magistrado que las agrave y que le imponga a la mujer cuatro meses de prisión preventiva. Además, solicitó extender la investigación -que vencería a mediados de enero- por 60 días, en virtud de se encuentran pendientes una serie de informes sobre cámaras de seguridad y sobre análisis de laboratorio encargados a organismos externos.
Tras un breve cuarto intermedio, el juez de garantías tuvo por reformulados los cargos y consideró probado el agravamiento de los riesgos procesales que planteó la fiscal, por lo que impuso la prisión preventiva a la imputada por dos meses y 15 días, el mismo plazo por el que extendió la investigación.