Secuestraron cerca de 600 gramos de cocaína en un allanamiento. La investigación se inició por denuncias de balaceras en la zona.
Este miércoles dos mujeres fueron imputadas por tener cocaína con fines de comercialización, luego de que fueran encontradas durante allanamientos realizados en la ciudad de Centenario. Una de las bolsas con la sustancia blanca fue secuestrada flotando en un inodoro antes de que una de ellas pudiera accionar la descarga y desaparecer la prueba.
En total, durante el operativo policial se secuestraron cerca de 600 gramos de clorhidrato de cocaína, balanzas de precisión, dinero en efectivo y otros elementos vinculados con la actividad de venta de estupefacientes.
Los procedimientos se realizaron el lunes 3 de noviembre, en el marco de una investigación iniciada por una denuncia por balaceras en una zona de la localidad. Durante los allanamientos, el personal policial identificó a las dos mujeres, B.A. y M.Q., y encontró la sustancia en dos domicilios.
En uno de los domicilios allanados se encontraba B.A. Cuando vio ingresar al personal policial la mujer intentó descartar una bolsa con cocaína arrojándola al inodoro. Sin embargo, los efectivos rápidamente se acercaron y evitaron que pudiera accionar la descarga.
De esta manera recuperaron el envoltorio que contenía 66 gramos de cocaína compactada. Además, en ese domicilio se secuestraron una balanza digital nueva, otra con restos de cocaína, un envoltorio con 0,36 gramos de la droga, más de $780.000, un teléfono celular y bolsas pequeñas de nylon, utilizadas habitualmente para el fraccionamiento.
En el segundo domicilio, donde M.Q. fue identificada se encontró mayor cantidad de cocaína compactada: dos bolsas de 416 y 103 gramos respectivamente. También se secuestraron 38 envoltorios que contenían otros 19 gramos de la droga, una balanza de precisión y un teléfono celular.
El asistente letrado Pablo Jávega atribuyó la calificación legal a ambas de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en calidad de autoras.
Como parte de la evidencia, durante la audiencia Jávega mencionó los testimonios del personal policial que intervino en los procedimientos, de los testigos de actuación, los resultados de los reactivos y pesajes de las sustancias secuestradas y los registros de los allanamientos.
También hizo referencia a una investigación anterior, desarrollada entre abril y junio de 2025, en la que durante trabajo de campo del personal policial se habían detectado movimientos compatibles con la comercialización de estupefacientes en uno de los domicilios allanados.
Además, mencionó la vinculación de una de las imputadas con otra persona investigada por actividades relacionadas con la venta de drogas y denuncias recibidas a través de información financiera y a la aplicación Neuquén Te Cuida.
El asistente letrado solicitó un plazo de cuatro meses para completar la investigación preparatoria, durante el cual se prevé avanzar con la apertura y análisis de los teléfonos celulares secuestrados y profundizar las medidas de investigación financiera.
En cuanto a las medidas cautelares, Jávega planteó riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Por eso, acordó con las defensas que ambas mujeres cumplieran detención domiciliaria en una vivienda de San Patricio del Chañar, con controles policiales tres veces por día.
El juez de garantías Juan Manuel Kees tuvo por formulados los cargos y dispuso las medidas cautelares en los términos solicitados por el asistente letrado, por un plazo de cuatro meses, mientras avanza la investigación.
Seis hombres fueron condenados por integrar una organización narco dedicada a la comercialización de cocaína en Junín de los Andes. Las penas llegaron hasta los seis años de prisión efectiva y alcanzaron a quienes cumplían diferentes funciones dentro de la estructura: desde la provisión y coordinación de la droga hasta su acopio, fraccionamiento y venta directa.
El acuerdo pleno fue presentado por el fiscal jefe Gastón Ávila y contó con el reconocimiento de responsabilidad de los seis acusados por la actividad delictiva entre el 7 de enero y el 30 de abril de 2026.
Entre las obligaciones impuestas a quienes recibieron penas condicionales figuran el control de la Dirección de Población Judicializada, la prohibición absoluta de contacto entre los integrantes de la organización, la restricción de vincularse con sustancias estupefacientes, fijar domicilio y no cometer nuevos delitos.
Para establecer las condenas se tuvieron en cuenta los roles de dirección y los secundarios.
Mario Rubén Aguirre: partícipe secundario del comercio agravado de estupefacientes. Deberá cumplir reglas de conducta durante cuatro años.
Armando Héctor Ricci: recibió la misma calificación penal y tendrá reglas de conducta durante tres años.
Jeremías Emanuel Dinamarca: condenado como partícipe secundario, con reglas de conducta durante dos años.
Eric Ezequiel Arriagada: también partícipe secundario recibió tres años en suspenso y deberá cumplir reglas de conducta durante dos años.