El hecho delictivo, ocurrió en la pandemia y motivó la apertura de una causa en la justicia federal.
Un pícaro kiosquero de la ciudad de Junín de los Andes que protagonizó una maniobra delictiva en plena vía pública en San Martín de los Andes evitó una condena luego de que las partes intervinientes resolvieron avanzar con una resolución alternativa del conflicto.
El hecho ocurrió en plena pandemia y a través de un contacto por redes sociales. De acuerdo a la investigación que llevó adelante la justicia federal, mediante un perfil en Facebook, dos hombres contactaron a una persona que vendía dólares. La operación que acordaron no fue de envergadura y se limitó a la compra de US$350.
Sin sospechar de nada anómalo, el vendedor concurrió al encuentro de los hombres y tras entregar los billetes de origen estadounidense, recibió a cambio una suma de 31 mil pesos argentinos.
La compraventa se efectuó el 30 de enero de 2021 y el vendedor no tardó en comprobar que había sido estafado. Al revisar el dinero que recibió, verificó que se trataban de pesos truchos.
Resignada, la víctima resolvió presentarse ante la Policía Federal y realizar una denuncia, que recayó en el juzgado federal de Zapala.
Al igual que otras causas penales, la resolución se demoró y recién en los últimos días se avanzó con la presentación de un acuerdo ante el Tribunal Oral Federal de esta capital.
Aliviado, el kiosquero bajo sospecha, asistido por una abogada particular, fue informado de que se iba a avanzar con una solución alternativa.
El joven, de 24 años, casado, enfrentaba una acusación por el delito de expendio de moneda falsificada de curso legal en la República Argentina. Sin embargo, la ausencia de antecedentes penales y la coincidencia entre la fiscalía y la defensa de apelar a un mecanismo alternativo para resolver el conflicto, lo favorecieron.
“La reparación integral se presenta como una herramienta idónea para canalizar el conflicto”, destacó el representante de la fiscalía.
Al igual que en algunas causas por infracción a la Ley 23.737, se estableció que el kiosquero haga una donación a una entidad de bien público. Se fijó un monto de 250 mil pesos, que serán entregados a los integrantes de Cáritas, de la Parroquia San José de San Martín de los Andes.
En tanto, el acusado no puso objeciones a lo acordado.
De forma previa, se había resuelto la situación del otro imputado con un acuerdo de características similares.
El juez unipersonal del TOF homologó el acuerdo y le anticipó al kiosquero que, apenas haga la donación, se declarará la extinción de la acción penal.
El mes pasado, en otra causa que tuvo que resolver la justicia federal, un dealer de San Martín de los Andes fue condenado pero con un castigo en suspenso y una donación de 100 mil pesos a la cooperadora del hospital de San Martín de los Andes.
A la hora de la definición del proceso, el Ministerio Público Fiscal (MPF) indicó que no se podía sostener la calificación grave de venta de drogas y que se podía avanzar con una imputación más leve. La parte acusadora aclaró que no podía ser beneficiado con una probation porque arrastraba antecedentes y que debía considerarse una pena en suspenso, además de la imposición de una serie de reglas de conducta y una donación.