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Certificados truchos: ¿había un negocio detrás de las licencias a docentes y estatales de Neuquén?

La Fiscalía avanza en la investigación del rol de un psicólogo que firmó más de 800 certificados a docentes y estatales. Cincuenta trabajadores en la mira.

La Fiscalía hilvana los indicios que revelarían el fondo de un negocio ilegal a partir de la prescripción de certificados truchos para justificar faltas de docentes y estatales a sus trabajos. La repetición del mismo psicólogo en la prescripción de más de 800 licencias llamó la atención de los investigadores, que ahora profundizan en esa línea para delimitar los alcances de los hechos.

Las primeras consecuencias de la investigación se precipitaron el jueves, con un allanamiento relacionado con la situación del psicólogo en la trama de los certificados truchos, como fue calificado el caso para el público. Al frente del operativo, que se desarrolló en el lugar de trabajo del investigado, estuvo el fiscal jefe Pablo Vignaroli. El allanamiento fue avalado por el juez de garantías Lucas Yancarelli. El fiscal confirmó el viernes que el psicólogo involucrado es Franco Javier Reyes Maeso.

El epicentro del caso se ubica en Andacollo, adonde está registrado el psicólogo investigado. La pista que sigue la Justicia conduce a una hipótesis: la comercialización de los certificados en el fondo del caso. “De acuerdo a la investigación que iniciamos en el Ministerio Público Fiscal (MPF), este profesional habría emitido 800 certificados que fueron presentados en el Consejo Provincial de Educación (CPE), y otros 63 presentados en la administración central”, precisó el fiscal.

Medidas por los certificados truchos

En la continuidad de la investigación, la Fiscalía va a requerir una serie de medidas con la expectativa de producir pruebas para avanzar en el desenredo de la madeja en torno al caso que causó conmoción en la esfera del empleo en la administración pública.

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El fiscal Pablo Vignaroli.

El fiscal Pablo Vignaroli.

Según conoció este diario de fuentes calificadas vinculadas a la investigación, se cursarán pedidos de informes a la AFIP para detectar movimientos de las billeteras virtuales y las cuentas bancarias que pudiesen estar vinculadas con la presunta operatoria en torno a los certificados truchos. Eso no impedirá que también se exploren pistas sobre otros medios de pago que pudiesen usar los involucrados en la maniobra.

Además, los investigadores tienen previsto hacer un punteado de todos los certificados para agruparlos por personas que los hayan recibido. Es decir, se avanzará en la definición de los involucrados en el caso, que tiene de un lado a un psicólogo apuntado por la cantidad de licencias que ha justificado y del otro a los trabajadores que justificaron inasistencias con sus certificados.

En principio, hay unos 50 trabajadores que repitieron licencias con certificados del psicólogo que está en la mira por su presunto rol de vendedor de justificativos para faltar al trabajo. Ese medio centenar de empleados dependientes del Estado provincial pasarán a tener status de sospechosos con el correr de las horas, cuando la investigación camine por líneas más finas de la trama que conduce a una presunta gran estafa al Estado.

Los certificados truchos en la docencia implican el pago de suplencias, un tema que trae polémica desde hace tiempo porque los críticos del sistema aseguran que se paga por tres docentes por cada grado, debido a las ausencias justificadas.

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Otra medida probatoria que está en carpeta para realizarse de forma más o menos urgente es la serie de peritajes caligráficos sobre los certificados del psicólogo para dejar probado que los mismos fueron firmados por el apuntado, como vio a simple vista el personal que trabaja en el caso que lleva la Fiscalía.

La mira en los faltadores compulsivos

El delito que está bajo investigación es fraude en perjuicio de la administración pública, en concurso ideal, con expedición de certificado médico falso y con uso de certificado médico falso. La Fiscalía tiene identificado a un psicólogo que tendrá que explicar por qué prescribió más de 800 licencias. Ya le avisó al psicólogo Franco Javier Reyes Maeso que nombre a un abogado.

Pero las sospechas en el caso exceden por mucho al psicólogo. Los destinatarios de la justificación profesional para faltar al trabajo están complicados en la causa, al menos aquellos que hayan presentado repetidamente certificados firmados por el psicólogo Franco Javier Reyes Maeso.

El fiscal jefe Vignaroli precisó que la denuncia fue hecha por la Fiscalía de Estado. Después de allanar al psicólogo, el fiscal remarcó que la presentación del organismo del Estado “planteó que como consecuencia de estas licencias que serían irregulares, el Estado debe pagar una importante suma de dinero por una causa falsa”.

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El Ministerio Público Fiscal avanza hacia la definición de la primera instancia de la causa, que implica la decisión de formular cargos o no, como así también precisar quiénes serían los investigados formalmente en caso de que se abra el proceso contra algunos involucrados.

La polémica por los certificados truchos es de larga data. El pasado 8 de mayo, el Gobierno Provincial anunció que dispuso cambios para mejorar el control de certificados médicos y sustituyó a la empresa que se encargaba por un grupo propio de profesionales que, junto con la Dirección de Salud Ocupacional, audita los certificados médicos, sistematiza la información y programa las juntas médicas correspondientes.

Según ATEN, el grupo de profesionales dedicado a auditar los certificados no es suficiente para cargar la cantidad de licencias que ingresan al sistema por día por lo que reclama que se destine más personal a esa tarea.

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