La ANAC autorizó a la compañía de bajo costo a seguir operando luego de aprobarle su plan de acción. ¿Qué pasará con los miles de pasajeros rehenes de las cancelaciones masivas que hizo la compañía?
Flybondi fue autorizada a seguir operando como línea de bajo costo pese a las denuncias que acumuló en todo el país por cancelaciones de vuelos, deudas con proveedores y personal. Solo en Neuquén, la compañía tiene más de 300 presentaciones de pasajeros ante el área de Protección al Consumidor de la provincia.
Según indicó recientemente el titular del organismo, Pablo Tomasini, la otra low cost que opera en aeropuertos neuquinos, JetSmart, acumula 100 denuncias por reclamos de la misma índole.
El gobierno nacional, a través de la ANAC, renovó su consentimiento y dio pista libre a Flybondi, argumentando que la compañía cumple con las normas de seguridad operacional y descartó, por ahora, adoptar medidas que afecten sus vuelos. Respecto de las decenas de denuncias que la compañía enfrenta en la Justicia de diversas provincias, nada se dijo, por ahora, por parte del Estado nacional, así como tampoco de las que se sustancian por colisionar con la Ley de Defensa del Consumidor.
Pero ¿qué falló para que la empresa pueda hacer de las suyas con los usuarios a los que les vende los pasajes en forma anticipada y luego les cancela los servicios sin devolver el dinero? En rigor, ningún ente regulador hizo objeciones concretas en los tribunales, pese a fallos como el de la Justicia Federal de Neuquén en favor de un pasajero perjudicado por la compañía. En el caso de ANAC, solo se encarga de cuestiones operativas.
Flybondi sigue ofreciendo pasajes a través de su plataforma digital desde Neuquén a Buenos Aires. Incluso permitió hasta antes de este fin de semana adquirir billetes a Río de Janeiro, pese a que la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil había decidido aplicar una medida cautelar luego de verificar que la empresa canceló el 79% de los vuelos previstos hacia ese país entre el 1 y el 27 de julio a destinos como Florianópolis, Salvador y Maceió.
Los especialistas señalan que el marco legal argentino no exige a las aerolíneas low cost constituir pólizas de garantía o fideicomisos por insolvencia que aseguren el reembolso inmediato o el financiamiento de vuelos chárter de rescate en caso de parálisis. De esa flexibilidad normativa pareció aferrarse la empresa para cancelar sin ton ni son sus servicios, dejando a cientos de pasajeros varados, como aconteció en innumerables ocasiones en Neuquén.
En consecuencia, esta arquitectura legal le permitió financiarse mediante la preventa de pasajes para vuelos que no tenía la capacidad logística de operar, trasladando el costo del riesgo empresario a los propios pasajeros y eventualmente al sistema judicial.
Según los abogados que asumieron los reclamos de pasajeros afectados, el modelo de operación de la empresa se fundamentó en un marco legal donde la libre comercialización no estuvo acoplada a la fiscalización anticipada de la capacidad operativa real, y donde no existieron mecanismos de encaje ni garantías obligatorias sobre la preventa de billetes.
En esa línea, observan que Flybondi operó dentro del margen normativo que le otorgó el propio Estado, utilizando la preventa desregulada como fuente de liquidez para operar al límite de su capacidad técnica disponible.
La nueva etapa que encara Flybondi a partir de la autorización de la ANAC abre el interrogante acerca de los planteos que se tramitan actualmente en diversos juzgados del país, así como en las actuaciones que realizan entes de defensa de los consumidores, como el neuquino, cuyo margen de acción se ve relativizado por una normativa que claramente sigue favoreciendo a las empresas en detrimento de los usuarios.