Justicia falla a favor de una mujer que esperó 10 años por un lote en Fernández Oro

Una mujer que en 2014 compró un lote en Fernández Oro finalmente obtuvo justicia tras una larga espera: el Poder Judicial ordenó a la empresa inmobiliariaconcretar la entrega del terreno y a pagarle una indemnización por daño moral de más de dos millones de pesos.

La decisión judicial se conoció esta semana y establece un plazo de diez días hábiles para que la firma cumpla con la posesión efectiva del lote, luego de haber incumplido reiteradamente el contrato de compraventa.

La compradora había abonado al contado el valor del lote y firmado, además, un contrato complementario que contemplaba las obras de urbanización del fraccionamiento. Sin embargo, y pese a haber recibido en 2015 la ubicación definitiva del lote, nunca logró acceder a la posesión ni obtener la escritura correspondiente.

El recorrido judicial

Frustrada por años de silencio empresarial y promesas incumplidas, la mujer decidió iniciar acciones legales luego de haber intimado sin éxito a la desarrolladora. Durante el proceso judicial, la empresa JC Brabeuo S.R.L. reconoció los retrasos en la entrega, pero intentó justificar su conducta alegando las restricciones derivadas de la pandemia de Covid-19.

No obstante, ese argumento fue rechazado de plano por el tribunal interviniente, que destacó que los plazos contractuales habían vencido bastante tiempo antes de la emergencia sanitaria declarada en 2020.

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El fallo, de primera instancia, valoró especialmente la actuación de la mujer, quien según la sentencia “cumplió con todas sus obligaciones desde el inicio” y demostró actuar con buena fe y diligencia, mientras que la empresa “faltó a sus compromisos contractuales” y brindó escasa información sobre el avance real del desarrollo urbanístico.

Entre las pruebas consideradas clave por la jueza se incluyó un informe de la Municipalidad de Fernández Oro que confirmó que otros lotes del mismo loteo ya fueron entregados a compradores y que incluso hay viviendas en construcción. Esto demostró que la entrega del terreno no estaba impedida por cuestiones técnicas o legales, sino que se trataba de un incumplimiento por parte de la firma.

La sentencia también hizo foco en el impacto emocional que esta situación le generó a la compradora, quien había invertido sus ahorros con el sueño de construir su casa o ceder el terreno a una de sus hijas. “Ver frustrado ese proyecto durante tantos años representa un daño moral que debe ser reparado económicamente”, señaló el fallo.

La resolución del tribunal

Por ese motivo, el tribunal ordenó el pago de una indemnización superior a los $2 millones por el perjuicio ocasionado. La jueza, además, dejó establecido que no hay motivos que impidan la posesión del lote y descartó responsabilidades individuales del representante legal de la empresa, ya que no se comprobó una conducta personal que justificara una condena adicional.

Aunque la resolución judicial aún no está firme y puede ser apelada, representa un avance significativo para la mujer, que luego de más de una década de espera y gestiones infructuosas, se encamina finalmente a recibir lo que adquirió con esfuerzo y con la esperanza de brindar un hogar a su familia.

El caso también deja al descubierto una problemática habitual en muchos desarrollos inmobiliarios de la región, donde compradores de buena fe enfrentan demoras, falta de transparencia y contratos incumplidos, sin que existan mecanismos eficaces de control hasta que la situación llega a los estrados judiciales.