El Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) de Neuquén exigieron que se establezca la fecha de inicio del juicio contra dos ex magistrados por delitos de lesa humanidad a raíz de distintas actuaciones que tuvieron entre 1976 y 1983, denunciadas por sobrevivientes y familiares de detenidos desaparecidos de la región.
El Ceprodh, querellante en los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en la región durante la última dictadura militar exigieron que "se terminen todas las dilaciones" y se establezca la fecha de comienzo del debate oral contra Pedro Laurentino Duarte, auditor del Ejército que luego fue nombrado juez federal en Neuquén durante ese período y Victor Marcelo Ortiz, quien actuó como fiscal en esa época.
Ambos ex funcionarios del Poder Judicial fueron procesados por el juez federal de Neuquén Gustavo Villanueva, quien dispuso la elevación a juicio de la causa.
Natalia Hormazabal, abogada del Ceprodh, expresó a LMNeuquén que "el comienzo de este juicio lo estamos esperando desde hace mucho tiempo ya que la instrucción empezó en el año 2013”. Asimismo, comentó que el tribunal ya ha sido confirmado y estará conformado por los magistrados Simon Bracco, Luis Foglia y Alejandro Silva. "Estarán a cargo de este juicio que tiene como imputados a estos dos magistrados que fueron procesados por omisión de persecución penal y prevaricato" en más de 25 hechos. El Ceprodh representará a Inés Rigo de Ragni y Oscar Ragni, querellantes en esta causa, padres de Oscar Alfredo Ragni, desaparecido desde diciembre de 1976.
En el escrito de elevación a juicio, el juez Villanueva precisó la colaboración expresa que tanto Duarte como Ortiz prestaron en distintos casos que involucraron a desaparecidos y víctimas de la última dictadura: Orlando Cancio, María Teresa Oliva y su esposo, Enrique Esteban, José Méndez, Darío Altomaro, Susana Mujica, Josefa Lépori de Mujica, Alicia Pifarré, Miguel Ángel Pincheira, Javier Seminario Ramos, el del matrimonio de Raúl Metz y Graciela Romero (ambos desaparecidos cuando ella estaba embarazada de cinco meses), Oscar Alfredo Ragni, Arlene Seguel, César Giliberto, Mirta Tronelli y Carlos Cháves.
Por otra parte, Hormazabal destacó que se confirmó, a pedido de las querellas, la realización de las audiencias supletorias de prueba en esta causa, mientras se aguarda la fecha de inicio del debate oral, que tendrá lugar el 1 y 5 de junio en el Salón de AMUC. “A pedido de las querellas se logró que puedan dar su testimonio anticipado Inés Rigo de Ragni, Oscar Ragni y Noemi Labrune, compañeras y compañeros emblemáticos en la lucha por juicio y castigo a los genocidas”.
Explicó que estas audiencias "anticipadas" se realizarán por la elevada edad de estas personas "al momento en que se desarrolle el debate oral ya sea porque no se encuentren en condiciones de hacerlo o no puedan hacerlo. El juzgado hizo lugar en una resolución que se nos notificó el viernes pasado, estableciendo estas fechas en las que se tomarán sus declaraciones".
La abogada del Ceprodh señaló la importancia de estos testimonios. “Ellos ya contaron en el año 2008 durante el primer juicio por delitos de lesa humanidad realizado en Neuquén el periplo que hacían las familias que incluía el hecho de concurrir ante las autoridades policiales, pero también judiciales para pedir información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos, y hacían denuncias y presentaban hábeas corpus que nunca fueron tratados, ni siquiera llevar medidas tendientes a lograr el paradero de esas personas", describió.
Oscar Ragni, padre de Oscar Alfredo, sostuvo que los funcionarios judiciales querían cobrar por los hábeas corpus que los familiares presentaban. “Uno de los mayores delitos que cometieron como administradores de la justicia fue la negación de los hábeas corpus que presentábamos los familiares de los desaparecidos”, expresó Ragni.
"Tanto Duarte como Ortiz, en su rol de funcionarios judiciales tuvieron una participación específica al no investigar ni llevar adelante los habeas corpus y rechazar las presentaciones judiciales, ambos fueron parte sustancial del plan genocida durante la dictadura militar".
Duarte había sido designado juez el 8 de julio de 1976 reemplazando a Carlos Arias, cesanteado por los militares. Antes de ser juez había sido auditor del Cuerpo Profesional del Ejército, función que venía desarrollando desde 1961. En ese momento solicitó el retiro, pero no la baja “a fin de conservar un vínculo espiritual con el Ejército”, como expresó. Recién en 1982 solicitó la baja. Según el ex fiscal Adrián García Lois, el lazo de Duarte con el Ejército “era más que espiritual” porque siguió firmando calificaciones como auditor.
Ortiz, por su parte, fue designado fiscal el 15 de septiembre de 1976.
Hormazabal consideró "irrisorio" que se haya tardado diez años en la instrucción de esta causa. “Se trata de dos integrantes del Poder Judicial que además son abogados y tienen a su disposición todas las chicanas judiciales habidas y por haber y han intentado todos los recursos. Integran una casta que además cobran 1 millón y 1,5 millones de pesos de jubilación y gozan del beneficio de haber presentado infinidad de recursos durante estos diez años para no llegar a juicio".
El abogado Marcelo Medrano, en representación de la querella de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén (APDH), precisó que a Duarte y Ortiz "se les imputan participaciones en privaciones ilegítimas de la libertad y omisiones de deberes de funcionario público, es decir delitos más vinculados a lo que no hicieron y debieran haber hecho, en tanto, funcionarios y una participación directa en personas que fueron privadas de la libertad y/o desaparecidas". "También esto está vinculado con los recursos de hábeas corpus presentados por familiares de víctimas en un contexto que tiene que ver con el papel del Poder Judicial federal en dictadura en la provincia de Neuquén y además imputaciones concretas en relación a la forma en que tramitaban los hábeas corpus haciendo de cuenta que no había dictadura en la Argentina", explicó.
En Neuquén se realizaron desde el 2008 hasta el 2021 siete juicios contra ex jefes militares y de fuerzas de seguridad nacionales y provinciales por delitos de lesa humanidad cometidos en la región durante la última dictadura militar. Esta causa contra los dos magistrados es la primera en la provincia de Neuquén "que tiene que ver con la imputación al comportamiento del Poder Judicial en dictadura", resaltó Medrano.
Para Medrano "no hay modo de concebir el contexto de grave impunidad que imperó durante la dictadura militar si no se admite el papel condescendiente del Poder Judicial", aseguró el magistrado.
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