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El juicio contra el secretario general de Chubut y 20 afiliados quedó sin fecha. Las dosis se aplicaban en la obra social del gremio en plena pandemia.
El juicio oral y público contra 21 integrantes del Sindicato de Camioneros en Comodoro Rivadavia por supuesto encubrimiento del hurto de vacunas contra el Covid-19 volvió a quedar en un limbo judicial. Entre los imputados en la causa se encuentra Jorge Taboada, secretario general del sindicato en Chubut, una figura de peso en la provincia.
Los magistrados Luis Giménez, Guillermo Quadrini y Simón Bracco resolvieron anular las convocatorias audiencia fijadas para el 19 de diciembre y el 16 de enero de 2026, esta última en pleno receso judicial.
La decisión se fundamenta en que, por el momento, el caso no corre peligro de prescribir, lo que permite postergar sin urgencia la realización del debate.
Por el caso ya fueron condenados, en junio pasado, una enfermera del Hospital Víctor Manuel Sanguinetti, de Comodoro Rivadavia, y un empleado de la obra social de Camioneros, a quienes se los consideró partícipes directos de la transacción ilegal.
En ese momento, Taboada y los otros 20 acusados -en todos los casos, por encubrimiento- fueron beneficiados con una probation. Pero tres meses más tarde, la Cámara de Casación resolvió dejar sin efecto esa decisión y ordenó que todos fueran juzgados.
Así, por orden de los jueces Luis Giménez, Simón Bracco y Guillermo Quadrini, se habilitó la feria judicial y se definieron las fechas para el debate oral que ahora acaban de ser anuladas.
Lo curioso es que lo hicieron rechazando un argumento de los defensores que, ahora, parece haber sido convalidado.
Los abogados de los acusados habían cuestionado la habilitación de la feria judicial para enjuiciar a Taboada y el resto de los integrantes del sindicato, en base a que no hay detenidos ni riesgos procesales. Argumentaron también que afectaba licencias y viajes previamente programados por los abogados. No podrían salir de vacaciones.
Sin embargo, el TOF no atendió el reclamo y confirmó las fechas de verano que ahora los defensores lograron voltear.
Días antes de esta decisión, los subrogantes del Tribunal Oral Federal habían rechazado otro pedido de las defensas, que buscaba declarar prescripta y extinguida la acción penal que se les imputa a sus representados.
Los abogados argumentaban que ya había pasado el plazo máximo de dos años para el delito de encubrimiento de hurto que se les adjudica.
Sostuvieron que la probation concedida inicialmente y después revocada no detuvo ese plazo porque nunca quedó firme ni se ejecutó. Además, señalaron que sus representados no son funcionarios públicos y que, por lo tanto, tampoco corresponde aplicar la suspensión de la prescripción prevista para esos casos.
Las defensas reclamaron resolver el planteo antes del inicio del debate "a fin de evitar la realización de un juicio que —a su criterio— se encuentra legalmente vedado".
El fiscal Teodoro Nürnberg rechazó de plano el argumento y afirmó que la acción no estaba extinguida. Y sostuvo que, aunque nunca estuvo firme, la concesión de la probation sí interrumpió el plazo.
Al resolver en favor de la realización del juicio, el TOF recordó un elemento central: la condición de funcionaria pública de la enfermera Analía Muñoz, ya condenada por sustraer las vacunas del Hospital Regional, y la extensión de esa condición a todos los que participaron del ilícito.
Pese a la postergación que llegó luego de ese rechazo, el juicio no debería caerse. Con todas las etapas preliminares casi completadas y descartada la prescripción, ahora sólo resta que se establezca un nuevo cronograma de audiencias orales y públicas para después de la feria judicial de enero.
El caso, que generó un profundo impacto en Chubut, tuvo lugar en enero de 2021, cuando comenzó la vacunación contra el Covid y las dosis eran muy escasas y limitadas a personal de salud o pacientes de riesgo. En ese contexto se detectó el faltante de 30 dosis de Sputnik V del Hospital Regional.
Según la investigación de la Fiscalía que concluyó en las dos primeras condenas, las dosis fueron derivadas a dirigentes gremiales que pagaron sumas entre 400 mil y tres millones de pesos para recibirlas pese a que no integraban los grupos prioritarios.
En teléfonos celulares y pendrives secuestrados en allanamientos se escucha una conversación entre Marcos Paura y la enfermera Analía Muñoz -los dos condenados- en el cual él le pregunta qué tendría “que hacer para solicitar un lote”, y ella le responde: “Yo, si vacuno, si me mandan a mí a vacunar, quedate tranquilo que las vacunas te las consigo yo, el tema es que si no voy yo a vacunar ahí vamos a estar complicados”.
En otro diálogo, Paura le pregunta a Muñoz si se podía “adjuntar” a la comisión directiva y los empleados de la obra social. Y en una tercera conversación, la enfermera le comenta a una compañera: “Vamos a vender vacunas a camioneros”, “necesito 30 dosis”, y le aclara: “Sacamos nuestra ganancia”.