Tras la revocación de la probation que le habían otorgado, la Corte Suprema debería resolver si hay un nuevo juicio. La posibilidad de prescripción de la causa.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá definir si el secretario general del Sindicato de Camioneros en Chubut, Jorge Taboada, y otros 20 afiliados a la obra social del gremio van presos por el robo de vacunas Sputnik-V del Hospital Regional Víctor Sanguinetti de Comodoro Rivadavia durante la pandemia de Covid 19.
La defensa de los imputados debería presentar en estos días la impugnación de lo resuelto por la Cámara de Casación, que dispuso dejar sin efecto el beneficio de la probation que les habían otorgado a los imputados, y remitir nuevamente el caso al Tribunal Oral Federal (TOF) de Comodoro Rivadavia.
Por otro lado, si la Corte Suprema confirmara lo resuelto por Casación comenzará otra discusión que tiene que ver con la posibilidad de que el plazo para el juicio esté vencido y, por ende, el caso haya prescripto.
Es que la causa tenía fecha original de prescripción el 20 de julio de este año. Dos meses antes, el TOF de Comodoro Rivadavia concedió la libertad condicional a Taboada y los otros 20 camioneros imputados.
De tal modo, hay dos posturas posibles: se puede considerar que el plazo de prescripción quedó suspendido desde el momento en que se resolvió la suspensión del juicio a prueba (probation) o que al no haber habido sentencia firme, el plazo ya estaría vencido.
Chubut: qué sostiene el fiscal
“Lo concreto es que la Cámara hizo lugar al recurso de Casación, dejó sin efecto la suspensión del juicio a prueba y ordenó remitir las actuaciones al tribunal de origen para que continúe con la sustanciación del proceso”, indicó el fiscal de Cámara Federal Teodoro Nürnberg.
La Fiscalía había apelado la probation a favor de los 21 imputados. “La postura de la fiscalía es que haya un debate oral y público”, indicó el fiscal.
Nürnberg recordó que entre los imputados había funcionarios públicos, como las enfermeras que formaron parte de la maniobra y que por ley no pueden acceder al beneficio de la probation.
“Cuando en un mismo hecho hay algunos acusados que pueden y otros que no pueden obtener ese beneficio, la Procuración General de la Nación instruye a los fiscales a oponerse para que el juicio se realice respecto de todos”, explicó. Casación compartió esta interpretación.
Robo y condenados
El hecho que se juzga ocurrió en enero de 2021, durante las primeras campaña de inmunización contra el coronavirus, que se restringía a mayores de 65, grupos de riesgo y personal sanitario.
Analía Muñoz, que trabajaba como enfermera en el hospital de Comodoro, recibió la pena más severa al ser encontrada culpable de hurto en concurso real con cohecho pasivo.
Los magistrados le impusieron 3 años de prisión en suspenso por mayoría (uno votó en disidencia), junto con inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y el pago de las costas procesales.
Muñoz habría recibido dinero a cambio de robar las vacunas y aplicarlas a personal de Camioneros, de acuerdo con la acusación.
Según la hipótesis de la Fiscalía, Marcos Paura, un trabajador de la obra social de Camioneros, instigó a la enfermera a que consiguiera las vacunas por fuera del circuito legal -ya que en ese momento se debía vacunar prioritariamente a mayores de 70 años, personal expuesto y personas de riesgo-, a cambio de una suma de dinero.
Paura fue declarado responsable de cohecho activo y recibió 2 años y 6 meses de prisión en suspenso.
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