Solo continúa el proceso judicial contra dos enfermeras del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia y un empleado de la obra social. Es por la sustracción de 30 dosis de Sputnik-V durante la pandemia, a cambio de una coima.
En enero de 2001 robaron 30 dosis de vacuna Sputnik-V en Chubut.
En la primera jornada del juicio por el robo de vacunas contra el Covid-19 ocurrido en 2021 en Comodoro Rivadavia, la Justicia de Chubut aceptó suspender el proceso contra los 21 integrantes de la obra social de Camioneros imputados, y solo continuarán siendo juzgados dos enfermeras del Hospital Regional Víctor Sanguinetti y un empleado del sindicato.
Para los 21 camioneros, el Tribunal aceptó el pedido de las defensas, de suspensión del juicio a prueba a cambio de una reparación económica y el cumplimiento de reglas de conducta durante un año.
En cambio, rechazó la misma solicitud en los casos de las enfermeras y del empleado acusado de haber pagado la coima para hacerse con 30 dosis de vacunas Sputnik-V en enero de 2021, cuando la vacunación recién comenzaba en la Argentina y las dosis eran escasas y reservadas solo para casos puntuales.
Entre los beneficiados por la suspensión de juicio a prueba se encuentra el secretario general del gremio chubutense de los Camioneros, Jorge Taboada.
Los camioneros estaban imputados por el delito de encubrimiento, y evitarán el juicio siempre y cuando cumplan los compromisos asumidos en el acuerdo.
Chubut: a quiénes juzgarán y por qué
El juicio sigue adelante contra las enfermeras Analía Muñoz y Gabriela Torres, y el empleado de la obra social Marcos Paura, cuyos pedidos de suspensión fueron rechazados por los jueces.
Muñoz está imputada por los delitos de hurto y cohecho pasivo, es decir, haber recibido dinero a cambio de sustraer y aplicar las vacunas. Este último delito prevé una pena de entre un mes y seis años de prisión, mientras que el de hurto puede ser castigado con un mes a dos años de cárcel.
El cargo que enfrenta Paura es el de cohecho activo. Al trabajador de la obra social se lo acusa de haber acordado el pago de $15.000 a Muñoz y a otra enfermera, para la aplicación indebida de las vacunas. En este caso, la perspectiva de pena, en caso de comprobarse el delito imputado, es de entre un mes y seis años de prisión.
La otra enfermera, Torres, quien habría contribuido para ocultar las vacunas y la aplicación posterior en la obra social, está acusada por el delito de encubrimiento, por lo cual, en caso de ser condenada, podría recibir una pena de cumplimiento condicional, de seis meses a tres años de prisión.
El rechazo de la solicitud de juicio a prueba en el caso del empleado de la obra social se basó en la gravedad del hecho del cual se lo acusa.
En lo que respecta a las enfermeras, por tratarse de funcionarias del área pública, hay convenios internacionales suscriptos por la Argentina que impiden aceptar esto mecanismos alternativos en casos de corrupción que involucran a funcionarios del Estado.
El robo de las Sputnik-V
La causa se originó a partir de una denuncia presentada el 8 de febrero de 2021 por Miryam Monasterolo, quien se desempeñaba como directora del Área Programática Sur unidad de gestión de la Secretaría de Salud provincial con jurisdicción en la ciudad petrolera.
Desde allí, habían detectado la desaparición de 30 dosis de la vacuna rusa del vacunatorio del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia.
La investigación determinó que las vacunas fueron sustraídas para ser aplicadas a afiliados de la obra social de Camioneros, personas que no pertenecían a los grupos de riesgo prioritarios establecidos por la normativa vigente durante la emergencia sanitaria.
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