Matanza de pingüinos en Punta Tombo: quedó firme la condena a un productor agropecuario
La Cámara Penal de Trelew rechazó el planteo de nulidad que hizo Ricardo La Regina, quien recibió una pena de 3 años de prisión en suspenso, la primera por daño ambiental en Chubut.
El abogado defensor, Federico Ruffa, y, a su izquierda, el condenado, Ricardo La Regina, durante el juicio por la matanza de pingüinos en Punta Tombo, realizado a fines de 2024.
La Justicia de Chubut marcó un precedente histórico este miércoles al confirmar la primera condena firme por daño ambiental agravado dictada en la provincia. Los jueces de la Cámara Penal de Trelew ratificaron la pena de tres años de prisión en suspenso contra el productor agropecuario Ricardo Adolfo La Regina, quien fue hallado responsable de lo sucedido en la famosa colonia de pingüinos de la reserva de Punta Tombo durante 2021.
El fallo, dictado por los camaristas Alejandro Defranco, César Zaratiegui y Adrián Barrios, desestimó completamente los recursos de impugnación y los planteos de nulidad presentados por la defensa del empresario.
Los magistrados también confirmaron la negativa a concederle la suspensión del juicio a prueba, a partir de una propuesta de donación de tierras al estado por parte del ahora condenado, dejando firme la sentencia N° 1251/24 que había sido emitida en noviembre del año pasado.
El juicio por la masacre de Punta Tombo
Durante el proceso judicial quedó comprobado que La Regina utilizó maquinaria pesada para abrir un camino en su estancia "La Perla", ubicada en el Departamento Florentino Ameghino y lindante con la reconocida reserva de pingüinos de Magallanes que todos los años visitan miles de turistas. Estas acciones provocaron la muerte de numerosos ejemplares durante la temporada crítica de cría y reproducción.
Los hechos no fueron aislados sino reiterados en tres períodos específicos durante 2021: del 10 al 14 de agosto, del 10 al 14 de septiembre y entre el 26 de noviembre y 4 de diciembre.
El tribunal de primera instancia, integrado por los jueces María Laura Martini, Eve Ponce y Carlos Richeri, había declarado a La Regina "autor penalmente responsable de tres hechos de daño agravado en concurso ideal con crueldad animal", con base en los artículos 1° y 3° inciso 7° de la Ley 14.346.
condena incluye estrictas reglas de conducta que deberá cumplir bajo apercibimiento de que se revoque el beneficio de la condicionalidad y deba cumplir la pena en prisión efectiva.
La audiencia de impugnación, presentada por el abogado defensor Federico Ruffa, había sido seguida de cerca por la Fiscalía y representantes de diversas organizaciones ambientalistas que tuvieron particfipación como querellantes en el juicio.
Entre los presentes estuvieron Eduardo Hualpa (representando a ONGs ambientalistas), Martín Castro (por la Fiscalía de Estado) y la fiscal de la causa, Florencia Gómez, hoy titular de una fiscalía especializada en delitos ambientales, creada recientemente por el Ministerio Público de Chubut.
Los planteos del abogado defensor
Entre los puntos más controvertidos de la apelación que había presentaedo el abogado de La Regina figuraba un cuestionamiento a la conformación del tribunal que lo condenó.
El defensor señaló como "defectuosa" la inclusión de la jueza Laura Martini, quien atravesaba un cuestionamiento por su traslado a Rawson por parte de la Legislatura y la propia Fiscalía de Estado (recientemente quedó convalidado provisoriamente por el Superior Tribunal de Chubut, hasta que se resuelva el conflicto de poderes entre la legislatura provincial y la Justicia).
Además, la defensa insistió en que jamás se comprobó la muerte de pingüinos ni daños a huevos en la zona. "No se comprobó ni acreditó la existencia de un pingüino muerto ni un huevo dañado, porque no sucedió. Por eso no existen rastros y en la sentencia hicieron malabares para pretender darlos", argumentó el letrado.
También cuestionó la magnitud del impacto ambiental señalado. "La afectación se determinó en 2.049 metros cuadrados cuando la colonia de pingüinos abarca 10 millones de metros cuadrados, es decir un 0,002%. Los 35 pingüinos que se calculó fueron muertos integran una colonia de 60 mil individuos, el 0,058% del total", precisó.
Por su parte, la fiscal Florencia Gómez y los querellantes Eduardo Hualpa y Martín Castro -representando a organizaciones ambientalistas y a la Fiscalía de Estado respectivamente- defendieron la validez del proceso judicial original.
Respecto al planteo sobre la jueza Martini, señalaron que la denuncia presentada por la defensa ante el Consejo de la Magistratura fue "declarada inadmisible por carecer de elementos". Además, recordaron que el Superior Tribunal resolvió recientemente una medida cautelar que mantiene a Martini en su puesto en Rawson por seis meses.
Otro punto de controversia fue el rechazo a la suspensión del juicio a prueba solicitada por La Regina, quien había ofrecido ceder tierras de su campo al estado de Chubut. Según su abogado, en su momento el rechazo a su propuesta no estuvo coorrectamente fundamentado.
La fiscal aclaró ante este planteo que el condenado "no es propietario del campo y por lo tanto no estaba facultado para ofrecer parte del mismo", reiterando su argumento de aquella ocasión.
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