Es un camarista que presidía la Asociación de Magistrados que desafió a Ignacio Torres cuando impulsaba la quita de fueros a los jueces. De qué lo acusan.
El juez de la Cámara de Apelaciones de Esquel, Claudio Alejandro Petris, presentó su renuncia este viernes 6 de noviembre de 2026, a diez días del jury de enjuiciamiento en el que debía responder por presunto enriquecimiento ilícito, abuso de poder y conflictos de intereses en Chubut.
Ahora, si el Superior Tribunal de Justicia (STJ) acepta su dimisión, el magistrado logrará evitar el juicio político que se encaminaba.
La renuncia fue elevada al STJ al mediodía y el cuerpo deberá analizarla en acuerdo plenario.
Si el máximo tribunal provincial la acepta, tendrá que comunicar la decisión al Tribunal de Enjuiciamiento. Y con ello, el proceso de juicio político terminaría antes de empezar.
El Tribunal de Enjuiciamiento notificaría al Consejo de la Magistratura y el expediente quedaría en archivo definitivo, ya que el magistrado dejaría de formar parte del Poder Judicial y el jury perdería su objeto.
Petris debía comparecer ante el Tribunal de Enjuiciamiento los días 16, 17 y 18 de noviembre, en Rawson.
La denuncia contra el juez, presentada en 2025 por el fiscal de Estado, Andrés Meiszner, llegó al Consejo de la Magistratura.
Ese organismo impulsó la investigación y después resolvió avanzar con el enjuiciamiento.
Las imputaciones incluyen presunto mal desempeño, enriquecimiento ilícito, abuso de poder y conflictos de intereses.
Petri estaba suspendido desde diciembre de 2025, por una medida que el Tribunal de Enjuiciamiento dispuso mientras avanzaba el expediente.
La acusación le cuestionó la titularidad o los movimientos de al menos ocho inmuebles no declarados.
La investigación también hizo referencia a compras de propiedades y a un presunto incremento patrimonial que no habría podido justificar.
Entre los puntos señalados figura una presunta donación de más de 18 millones de pesos a su hija para comprar un vehículo de lujo, y el uso de un Mini Cooper vinculado a terceros.
También se le cuestionó su inscripción ante la AFIP en una actividad comercial: la explotación de un salón de eventos, algo que sería incompatible con la función judicial.
Otro de los puntos de la acusación es una causa por alimentos que involucraba al exfutbolista Aldo Pedro Duscher, amigo de la infancia del juez. Petris habría dictado un fallo favorable sin apartarse de la cause por su vínculo con el involucrado, lo que configuraría un conflicto de intereses.
La falta de excusación también se le atribuye en un expediente vinculado a su médico personal, según la acusación.
La investigación del Consejo de la Magistratura de Chubut, en tanto, incluyó denuncias por licencias médicas irregulares y ausencias prolongadas en su juzgado.
Además, hubo acusaciones por presuntos favores sexuales bajo amenaza o coerción a cambio de beneficios laborales.
El caso tiene además una dimensión política.
Petris presidía la Asociación de Magistrados y Funcionarios Jusdiciales del Chubut (AMFJCH) y tuvo cruces con el STJ cuando desde el Ejecutivo provincial se impulsó una ley para poner fin a los fueros especiales de funcionarios públicos, incluidos los jueces, y líderes sindicales.
En 2025, el gobernador Ignacio Torres señaló públicamente a Petris y lo acusó de intentar frenar un plebiscito provincial en el que los ciudadanos de Chubut debían expresar si estaban a favor o en contra de la propuesta.
La defensa del magistrado alegó una persecución política en su contra.
Lo que había pasado era que la Asociación de Magistrados que presidía presentó recursos extraordinarios ante la Justicia de Chubut pidiendo al STJ que declarara la inconstitucionalidad del plebiscito.
Al hacerlo, sostuvo que la reforma y la convocatoria a referéndum vulneraban garantías constitucionales, especialmente la forma republicana de gobierno y la independencia judicial, y luego de que el STJ desestimara el pedido, sostuvo los mismos fundamentos ante la Corte Suprema de la Nación.
No sólo eso: la Asociación también buscó que se apartara a los integrantes del STJ por la decisión que habían tomado y hubo también un pedido de juicio político contra su presidente, cuestionado explicitamente por el gobernador.
En pleno conflicto y ante las acusaciones del gobernador, en junio de 2026 Petris renunció a la presidencia de la Asociación de Magistrados aduciendo que era víctima de persecución política.
El plebiscito finalmente quedó validado y la ciudadanía se manifestó a favor de la ley de quita de fueros que ya había sido sancionada en la Legislatura y requería ese último paso para quedar validada.
Casi al mismo tiempo, en octubre se inició el proceso de jury que, poco más de un año después, quedó a un paso de caerse.