El fenómeno se reitera en el último tiempo y los reclamos se elevan ante el área de Ejecución de la justicia federal en la región. En todos los casos, se recuestan en la coyuntura económica.
Al igual que mucha gente de a pie, varios condenados por narcotráfico en la región no atraviesan una holgada situación económica y recurren a sus defensores para que se revisen los pagos por multas impuestas en las sentencias.
Durante el presente año, los pedidos de refinanciación de los montos de las multas ante los jueces de Ejecución de Neuquén y General Roca se reiteran y el Ministerio Público Fiscal (MPF) muestra su acompañamiento aunque en algunos casos reclama un mayor esfuerzo de parte de los condenados y que informen cualquier cambio en su situación económica.
En el inicio de esta semana, en el área de Ejecución de Roca, se sucedieron dos pedidos para una “refinanciación” de multas que rozan los 3 millones de pesos.
Desde la defensa, el ofrecimiento fue de múltiples cuotas, con pagos que se completarían en no menos de dos años. El defensor oficial de un hombre ofreció abonar $50 mil mensuales a partir del próximo mes. El MPF, como en otras ocasiones, no puso objeciones pero reclamó que se revise su situación antes de finalizar el año para “evaluar la posibilidad de aumentar el monto de las cuotas”.
El condenado tuvo oportunidad de manifestarse y aseguró que buscará realizar un mayor aporte si logra aumentar sus ingresos.
A su turno, el juez se encargó de aceptar la propuesta y fijar el pago de un total de 54 cuotas mensuales.
Una situación no muy distinta planteó una mujer condenada, que ofreció un monto menor de $40 mil mensuales para cubrir $2,7 millones.
La mujer mostró su predisposición a aumentar el monto si mejora su situación.
Como ocurrió en el caso anterior, el juez interviniente confirmó el acuerdo por un total de 67 cuotas de $40 mil y, una de $20 mil.
En el transcurso de los primeros meses de este año, varios condenados por infracción a la Ley 23.737 no solo pidieron refinanciaciones sino que se vieron obligados a explicar por qué dejaron de abonar los compromisos asumidos.
Un hombre, que en la actualidad ya se encuentra en libertad, tuvo que dar precisiones por la interrupción del pago de una multa de 129 mil pesos.
El hombre, de nombre Jorge, aclaró que pudo abonar $40 mil en abril pero que se separó, sus padres están enfermos y tiene varios gastos que afrontar.
Ante el descargo del condenado, el MPF se mostró comprensivo de esperar el cumplimiento de los pagos y le recordó que también debe afrontar una donación.
Tras escuchar a las partes, el juez le impuso la obligación de abonar lo adeudado antes de que concluya el presente mes de julio.
Una situación no muy distinta expuso otro condenado por narcotráfico, quien cumple prisión domiciliaria en una propiedad ubicada en la Villa 21-24 de la ciudad de Buenos Aires.
Su defensora oficial, refiriéndose a su endeble situación económica, solicitó que se le permitan pagar cuotas mínimas de 10 mil pesos mensuales a partir del presente mes. “Con posibilidades de aumentar el monto si su economía lo permite”, remarcó la representante legal del condenado.
La fiscalía no opuso objeciones y el juez se encargó de aprobar el plan propuesto.