El dueño del edificio del bajo hizo una contradenuncia: qué dijo sobre los allanamientos

El escribano Ignacio García Marro presentó una denuncia contra el fiscal Juan Manuel Narváez ante el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén. Lo acusa de haber utilizado un allanamiento por una denuncia de estafa como excusa para demorarlo de manera ilegal, impedirle participar de una audiencia fundamental por un amparo contra CALF, y sustraer documentación valiosa que no estaba incluida en la orden judicial.

A principios de junio, Narváez le formuló cargos al atribuirle haber adulterado pagarés introduciendo como beneficiaria a una empresa y luego, presentarlos en los Juzgados de Juicios Ejecutivos para la ejecución y el cobro por más de $2 millones, a valores actuales. Pero según el escribano, la denuncia corresponde a una sola persona. A su vez, el dueño fue sancionado por la jueza de Faltas, Romina Doglioli, con $21 millones por una multa por “contaminar”, por desbordes cloacales en departamentos del edificio.

De acuerdo a la teoría del caso expuesta por la fiscalía, el 15 de septiembre de 2020, una pareja firmó un contrato de alquiler por un departamento ubicado en la Avenida Olascoaga. Como garantía, el imputado les hizo firmar seis pagarés en blanco y les exigió la entrega del formulario 08 de un vehículo, como garantía complementaria.

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Los allanamientos por presunta estaba en la Escribanía Marro de Neuquén.

Según relató Marro a LMNeuquén, el operativo ocurrió el pasado viernes 11 de julio, justo cuando debía asistir a una audiencia habilitada por feria judicial, en la que la jueza María Cecilia Gómez había ordenado que CALF diera explicaciones por un corte de luz que afecta a un complejo habitacional ubicado en Avenida Olascoaga, Fray Luis Beltrán y San Luis.

Denuncia de estafa y corte de luz en los departamentos

El escribano había presentado un amparo para garantizar el servicio de electricidad, en un complejo que no está terminado, y que por la potencia contratada, no alcanza a satisfacer a los usuarios, sobre todo en periodos de mucho consumo.

La audiencia con la jueza estaba programada para las 10 de la mañana en Ciudad Judicial, pero en ese momento hubo un operativo policial, y el escribano estuvo demorado hasta las 14.37 en el Departamento de Delitos Económicos en la calle Ministro González 370. Dijo que le tomaron fotografías y las huellas dactilares, en un procedimiento que consideró inusual, ya que le habían formulado cargos hacía un mes, y que él debía presentarse a una audiencia por el amparo.

"Mi preocupación es proteger a los inquilinos, si bien no los trato en forma directa, es brindarles el mayor estándar de calidad de vida por los cortes que están padeciendo. Tengo entendido que están apoyando porque firmaron el amparo, y la única denuncia que tengo es de un muchacho rosarino que vino a Neuquén en 2020", indicó Marro.

SFP Edificio de Marro Luis Beltran y Olascoaga (7)

Los departamentos de la calle Avenida Olascoaga y Fran Luis Beltrán.

Sebastián Fariña Petersen

De acuerdo al relato, el denunciante, "permaneció, según él dice, tres meses (en los departamentos), pero el encargado del complejo dijo que estuvo seis o siete meses". En ese sentido, indicó que "pese a haber estado bastante tiempo, dijo que entendía que no debía pagar nada en virtud de los cortes de luz". Fue ahí cuando los abogados de la empresa administradora "procedieron a cobrarle, en el caso de él, en especial, porque había generado algunos daños en el complejo, como rotura de vidrios. Fue ahí donde presentó la querella por estafa".

Sobre la mecánica de los pagarés sostuvo que como algunos son alquileres temporarios, y amoblados, tiene que asegurarse el cobro del mantenimiento.

"Los actuales ocupantes están sufriendo ya el corte definitivo de la electricidad, el denunciante se quejaba de los cortes intermitentes cuando se superaba la potencia contratada. La Justicia, motivada por la denuncia de esta persona, actúa por un interés económico total que no llega a 2 millones de pesos, con los honorarios de su abogado e intereses. Son pagarés de 15 a 30 mil pesos, dos o tres, es un monto muy bajo para los que está en juego en semejante edificio. Y si lo hubiesen depositado era otra la historia. De no ser por las consecuencias que tiene para mí satisfacer una querella penal, porque sería reconocer que es cierto lo que él ha mentido", dijo.

Según Marro, "las audiencias contra el denunciante fueron a pedido mío, porque yo necesitaba demostrarle al Colegio de Escribanos mi honorabilidad, y quería que si había alguna novedad, me la comunicaran y tuvieran alguna postura".

"El escribano relató el día de los allanamientos, que debía presentarse a una audiencia por el amparo por el servicio de electricidad, para los inquilinos de los departamentos. Me cortaron la luz, desconectaron todo el complejo, y la jueza hizo lugar al amparo. Inició una audiencia para que CALF diera explicaciones. Pero cuando me iba a retirar, entró una persona de CALF a la vista de todos mis empleados y habló con el fiscal dentro de la escribanía”, relató Marro.

Acto seguido, se dio el episodio más grave, según contó Marro, dentro de la escribanía: “El subcomisario Oviedo me dijo que si me resistía me iba a esposar. Yo le pregunté de qué me estaba hablando y me respondió que había recibido un WhatsApp del fiscal Narváez. Me dijo que quedaba detenido y demorado. Le pregunté por qué y me dijo que era para notificarme de la decisión del juez. No entendía nada, eso no funciona así… el juez no decide durante un allanamiento, porque la orden ya está antes”, indicó.

El escribano sostuvo que la causa por estafa era solo una excusa, y que la finalidad real del operativo era política y económica. “La causa verdadera era, en primer lugar, satisfacer los deseos de CALF, que quería que yo no asistiera a defenderme. Y en segundo lugar, se llevaron un pagaré (de unos 50 mil dólares), que un exfuncionario de la fiscalía, que ahora se desempeña como abogado, quería recuperar y estaba negociando con el abogado de un cliente mío cuál era la deuda efectiva para que se los restituyeran", indicó.

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Ignacio Marro dijo que el fiscal Narváez envió un Whatsapp a un comisario para que lo detengan y frenen su presencia en una audiencia por un amparo contra CALF.

Y acotó: "Estamos hablando de mucho dinero, no un pagaré en garantía de un alquiler. Y se lo llevó Narváez porque lo vieron. Es una operación entre empresarios y ellos estaban interesados en recuperarlo y estaban negociando un valor para determinar cuál era la deuda efectiva y pagarla, y se hicieron de los pagarés sin pagar y yo tengo que rendir cuentas, al empresario que los había dejado".

Marro sostuvo que "por eso lo denuncié al fiscal, esto no es mal desempeño, es un hurto, pero él es el fiscal de Delito Económicos. ¿Entonces a quién voy a denunciar si él tiene la Fiscalía?".

Un millonario pagaré en dólares y una empresa

Ese pagaré –según la denuncia– estaba siendo negociado entre un cliente de Marro y un exfuncionario del Ministerio Público Fiscal, que ahora actúa como abogado privado. La sospecha es que se habría aprovechado la medida para recuperar documentos vinculados a deudas millonarias, sin orden judicial, y sin dejar constancia oficial en las actas del allanamiento.

Marro aseguró que los testigos fundamentales son empleados de su escribanía y personal policial que estuvo presente durante todo el procedimiento. Ya presentó la denuncia formalmente, ofreció testigos, y pidió la intervención del Tribunal Superior de Justicia.

“No tengo a quién denunciar si el denunciado es el fiscal. Pero tengo que resguardar mi responsabilidad ante los acreedores que confiaron en mí y ahora perdieron el respaldo de sus créditos”, concluyó.