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El ex director de Planes Sociales, Ricardo Soiza, cumple prisión domiciliaria porque consideran que podría entorpecer el juicio. Qué alegaba su defensa.
Este viernes, el juicio por la estafa con planes sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia tuvo un receso para celebrar otra audiencia. El abogado Alfredo Cury, también imputado en la causa, solicitó que se revoque la prisión preventiva para su defendido, el ex director de Planes Sociales, Ricardo Soiza, ya que los testigos considerados “arrepentidos” ya se sentaron frente al tribunal. Sin embargo, la Justicia rechazó la solicitud y consideró que el acusado debe cumplir la medida hasta que culmine el juicio.
Soiza fue detenido en julio de 2023 porque se consideró que podía entorpecer la investigación o complicar el proceso de investigación por la causa de la mega estafa de planes sociales, que investiga el desvío de fondos -actualizados a unos mil millones de pesos- que debían ser destinados a desocupados de Neuquén.
Más tarde, el ex funcionario obtuvo la prisión preventiva por su avanzada edad y algunos problemas de salud que certificó. Como está a pocos días de cumplir 71 años, Cury aseguró que mantener cautivo a un acusado sobre el que prima la presunción de inocencia atenta contra la humanidad, ya que le resta tiempo vital.
El letrado aseguró que la prisión se había impuesto para garantizar la declaración de cuatro testigos arrepentidos, que ya se sentaron en el estrado entre el martes y el jueves de esta semana. “Ninguno expresó sentir un temor actual y lo peor que dijeron sobre él fue que era un mal jefe o los había maltratado por perder un turrón comestible“, aclaró.
El propio Soiza habló en su defensa y aseguró que cumplió con todos los requisitos solicitados por la Justicia, y que los mismos jueces habían aclarado que no era necesario que usara una tobillera electrónica.
Cury se expresó con dureza contra los arrepentidos, a quienes consideró delicuentes que fueron absueltos por sus declaraciones cuando habían hecho más de 9 mil extracciones con tarjetas de débito ajenas. Pero ofreció al magistrado la posibilidad de que su defendido utilice una pulsera de geolocalización y que cumpla el requisito de no contactar a los arrepentidos.
A su turno, el fiscal Juan Manuel Narváez señaló que pedía el rechazo de la solicitud porque los testigos que expresaron sentir temor de declarar por represalias de Soiza todavía podían ser citados en audiencias de cesura. A su vez, recordó que durante el proceso fue señalado que Soiza se movía con una referente barrial del MPN, de apellido Villalobos, que tenía actitudes violentas, propiciaba amenazas y funcionaba como “grupo de choque“ del ex funcionario.
Recordó que una de las garantías expresó su temor no sólo para declarar en el juicio sino por futuras represalias del imputado. La citó diciendo: “si algo me pasa, ya saben a dónde ir a buscar“.
El juez de garantías Luis Giorgetti, resolvió rechazar el pedido de la defensa, por entender que no hay un cambio sustancial que amerite el levantamiento de la medida cautelar. Aún queda más de un mes de juicio y restan muchos testigos por declarar y no se consideró, al momento de determinar la detención domiciliaria que sólo fuera necesaria por los testigos “arrepentidos” sino por todos los testigos, sin distinción.
La medida había sido impuesta a partir del riesgo de entorpecimiento por la influencia que podía llegar a tener el imputado sobre las declaraciones de testigos en la causa, es por eso que se la fijó considerando su vencimiento posterior a la finalización del juicio. Así, Soiza seguirá detenido en su domicilio hasta que culmine el proceso judicial.
Este jueves, en una nueva audiencia del juicio por la estafa con los planes sociales del ex Ministerio de Desarrollo Social, declaró un empleado que fue despedido de ese organismo después de que se destapó el fraude. Dio detalles de cómo era la maniobra para retener tarjetas de débito y cobrar cheques en su propia cuenta para sumar más fondos a la “caja azul“ que administraba el ex director de Planes Sociales imputado en la causa, Ricardo Soiza.
El hombre trabajaba en vínculo directo con Pablo Sanz, que en ese entonces era el director de Fiscalización, y tenía contacto con Marcos Osuna, otro de los imputados que ocupaba un rol en el Departamento de Gestión de Programas, aunque no recordaba el cargo específico de cada uno, sí señaló que recibía visitas de referentes barriales que tramitaban planes sociales en esa dirección.
Cuando empezó la pandemia de coronavirus, el personal de la oficina mermó. “Pasamos de ser treinta a ser unos diez, yo iba todos los días a la oficina“, dijo y agregó que tenía trabajar horas extra, más allá de su horario de salida, a las tres de la tarde, y también llevar parte del trabajo administrativo a su casa para terminarlo los fines de semana.
En ese momento, le solicitaron depositar cada mes entre dos o tres cheques por 49 mil pesos cada uno en su propia cuenta sueldo, para después retirar el dinero y llevarlo a la “caja azul“ que había en la oficina de Pablo Sanz. “Ellos contaban el dinero con una máquina que contaba billetes, armaban fajos de cien mil pesos y los metían en sobres con distintos destinatarios“, dijo y agregó que muchos de ellos iban directamente a la oficina de Ricardo Soiza.
El testigo aseguró que en una ocasión, mientras tomaba mates con Pablo Sanz en su oficina, ingresó Soiza y aseguró que hacía falta recaudar más dinero porque “se lo estaban exigiendo“ y que por eso debían reclutar personas que pudieran cobrar los planes a través de la tarjeta de débito.
El propio empleado convocó a sus padres, hermanos, amigos y su ex pareja para anotarse. Les solicitó copias de su DNI y les pidió que tramiten una tarjeta de débito, que él entregó luego con un papel adhesivo que tenía la clave del cajero automático de cada uno. Según su declaración, los cabecillas de la oficina le indicaron que argumente que esta maniobra era sólo un trámite para obtener más dinero para los merenderos de la ciudad.
Según explicó, sus familiares y amigos recibían 6 mil pesos en efectivo, pero sus tarjetas quedaban confiscadas en el Ministerio. Luego, a él le solicitaron que haga también extracciones.
“Las tarjetas las ordenaban por terminación de DNI. Al principio me pidieron que maneje cuatro, pero llegué a extraer con unas 20 en tres o cuatro cajeros distintos“, relató. Según explicó, concurría a distintos cajeros automáticos del Banco Provincia de Neuquén, ya que había recibido la orden de no hacer todas las extracciones juntas.