Estafa con planes sociales, el juicio: "Empecé con tres tarjetas y llegué a extraer con 20 en distintos cajeros"
Un empleado despedido de Desarrollo Social explicó cómo era la maniobra para dejar dinero de los desocupados en la caja azul. Aseguró que lo hizo por miedo.
Este jueves, en una nueva audiencia del juicio por la estafa con los planes sociales del ex Ministerio de Desarrollo Social, declaró un empleado que fue despedido de ese organismo después de que se destapó el fraude. Dio detalles de cómo era la maniobra para retener tarjetas de débito y cobrar cheques en su propia cuenta para sumar más fondos a la “caja azul“ que administraba el ex director de Planes Sociales imputado en la causa, Ricardo Soiza.
El arrepentido explicó que empezó a trabajar en el Ministerio de Desarrollo Social a partir de su militancia política con una referente barrial del Movimiento Popular Neuquino (MPN). Según indicó, la mujer consiguió tres vacantes en esta oficina pública en 2016 y él ingresó con la ilusión de alcanzar algún día el pase a planta permanente. Sin embargo, eso nunca ocurrió, y el hombre fue despedido en agosto de 2022, cuando se iniciaron las investigaciones por las irregularidades en el pago de los planes sociales.
Aunque en un principio seguía vinculado a la actividad política a partir de la referente barrial, Andrea Lema, el hombre dejó de asistir a actos del MPN en 2019. Desde entonces, se dedicó solamente a realizar actividades administrativas vinculadas al pago de planes sociales, como el Subsidio Social Transitorio, conocido como SST, o el de Capacitación para Empleo, que es sujeto de la investigación por una estafa al Estado provincial que, según los montos actualizados, asciende a los mil millones de pesos.
El hombre trabajaba en vínculo directo con Pablo Sanz, que en ese entonces era el director de Fiscalización, y tenía contacto con Marcos Osuna, otro de los imputados que ocupaba un rol en el Departamento de Gestión de Programas, aunque no recordaba el cargo específico de cada uno, sí señaló que recibía visitas de referentes barriales que tramitaban planes sociales en esa dirección.
Cuando empezó la pandemia de coronavirus, el personal de la oficina mermó. “Pasamos de ser treinta a ser unos diez, yo iba todos los días a la oficina“, dijo y agregó que tenía trabajar horas extra, más allá de su horario de salida, a las tres de la tarde, y también llevar parte del trabajo administrativo a su casa para terminarlo los fines de semana.
En ese momento, le solicitaron depositar cada mes entre dos o tres cheques por 49 mil pesos cada uno en su propia cuenta sueldo, para después retirar el dinero y llevarlo a la “caja azul“ que había en la oficina de Pablo Sanz. “Ellos contaban el dinero con una máquina que contaba billetes, armaban fajos de cien mil pesos y los metían en sobres con distintos destinatarios“, dijo y agregó que muchos de ellos iban directamente a la oficina de Ricardo Soiza.
Entre otros destinatarios, aseguró que había sobres para la Policía que hacía adicionales por resguardar sus oficinas y otros que llevaban inscripciones como “Gastos Cochera“ o “Gastos Faraón“, en referencia al local gastronómico que era propiedad de Sanz.
De los cheques a las tarjetas de débito
El testigo aseguró que en una ocasión, mientras tomaba mates con Pablo Sanz en su oficina, ingresó Soiza y aseguró que hacía falta recaudar más dinero porque “se lo estaban exigiendo“ y que por eso debían reclutar personas que pudieran cobrar los planes a través de la tarjeta de débito.
El propio empleado convocó a sus padres, hermanos, amigos y su ex pareja para anotarse. Les solicitó copias de su DNI y les pidió que tramiten una tarjeta de débito, que él entregó luego con un papel adhesivo que tenía la clave del cajero automático de cada uno. Según su declaración, los cabecillas de la oficina le indicaron que argumente que esta maniobra era sólo un trámite para obtener más dinero para los merenderos de la ciudad.
Las extracciones
Según explicó, sus familiares y amigos recibían 6 mil pesos en efectivo, pero sus tarjetas quedaban confiscadas en el Ministerio. Luego, a él le solicitaron que haga también extracciones.
“Las tarjetas las ordenaban por terminación de DNI. Al principio me pidieron que maneje cuatro, pero llegué a extraer con unas 20 en tres o cuatro cajeros distintos“, relató. Según explicó, concurría a distintos cajeros automáticos del Banco Provincia de Neuquén, ya que había recibido la orden de no hacer todas las extracciones juntas.
Así, recorría cajeros del centro de Neuquén, otro ubicado en calle Godoy y hasta la terminal para autos que se encuentra en la isla 132, a orillas del río Limay. Durante el juicio, la Fiscalía le mostró un informe del BPN en el que se podía observar su rostro extrayendo dinero de las sucursales.
A cambio, desde el Ministerio de Desarrollo Social le pagaban un adicional de 20 mil pesos en efectivo, a modo de ayuda por sus horas extra para cubrir la merma de personal. Sin embargo, se trataba de un pago no declarado por el que nunca firmó un recibo.
Ante los interrogatorios de la defensa, reconoció que sabía que estaba haciendo una maniobra indebida. Sin embargo, y pese a que nunca lo habían amenazado con perder el trabajo, sabía que Soiza tenía la facultad para firmar su baja, y sacarlo de la planta política.
El despido y su confesión
A mediados de agosto de 2022, luego de que se alertó desde el BPN que había maniobras irregulares, a Cristian le dijeron que vacíe su escritorio y que no vuelva a trabajar. “Me dijeron que me quede tranquilo en mi casa por unas semanas hasta que se solucionara todo“, dijo y agregó: “Unos días después, Marcos Osuna nos citó en una plaza del barrio San Lorenzo y nos avisó que iba a venir un allanamiento, que limpiemos las casas de computadoras y celulares“.
El testigo aseguró no saber quién había adelantado que iba a hacerse un allanamiento, pero a la mañana siguiente le habían pedido mandar un mensaje, primero cada 15 minutos y luego cada 20 únicamente con la palabra OK para confirmar que no se había realizado el allanamiento. El destinatario de los mensajes era Marcos Osuna.
El allanamiento real ocurrió unos días después. El ex empleado afirmó que Osuna y el abogado Alfredo Cury se presentaron en su casa para pedirle su computadora y los teléfonos celulares, pero sólo entregaron el teléfono de su pareja.
Aunque los abogados les dijeron que la investigación sólo iba a estar enfocada en los cabecillas, recordó que Sanz había tenido una discusión con Ricardo Soiza cuando se decidió que ellos depositen los cheques en sus propias cuentas sueldo. “Dijo que nos estaban exponiendo y por un tiempo no fue a la oficina“, aclaró.
Finalmente, él y otros de sus compañeros buscaron asesoramiento legal y concurrieron a la Fiscalía para dar su versión. “Yo quiero contar mi verdad“, dijo y aclaró que no sólo extraían dinero de los cajeros sino que hacían distintas tareas administrativas dentro del organismo.
Según expresó, sintió miedo por exponer a sus propios padres, que habían accedido a los planes sociales por una autorización de Luciano Palma, ya que ellos eran jubilados y por lo tanto no cumplían los requisitos para recibir un subsidio de desempleo. También lo amedrentaba la conducta de Ricardo Soiza y de las personas que lo rodeaban.
“Él se juntaba con la gente de Esther Villalobos, una referente barrial que era muy violenta, siempre que venía nos puteaba y nos amenazaba“, dijo y agregó que se “cansó“ de recibir malos tratos de parte de Soiza. “Una vez desapareció un turrón y nos trató a todos de inservibles“, acotó.
Después de varios meses desempleado, él y otros compañeros quisieron regresar a la oficina para solicitar alguna ayuda y que les resuelvan su situación laboral. “Ahí nos dijeron que esperemos afuera porque ahora la seguridad estaba a cargo de la gente de Villalobos“ dijo y consideró que ese “era el grupo de choque de Soiza, si lo tenían que hacer, te cagaban a palos“.
Hoy, el arrepentido sigue desempleado y sólo consiguió un trabajo cuidando una casa dos veces por semana.
El empleado despedido señaló a Luciano Palma como “el cabecilla máximo“, ya que Soiza dependía de él y era él quien entregaba la documentación al Ministerio de Desarrollo Social. Recordó que Soiza se ausentó de la oficina por tres meses a partir de una internación y que, en ese lapso, siguió dando las altas Pablo Sanz.
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