Planes sociales, el juicio: cheques endosados y la plata de la "caja azul"
Sandra Pérez, empleada de Desarrollo Social, confesó que cobraba cheques a su nombre y entregaba el efectivo sin recibos. Dijo que era una orden más del trabajo.
Los fiscales Pablo Vignaroli y Juan Manuel Narváez.
Sandra Pérez es empleada administrativa del Estado provincial desde 1998, y conoce bien cómo se pagaban los planes sociales en la “vieja época” en la que se pagaban con cheques y hasta dinero en efectivo en los pueblos más remotos de Neuquén. También en esa época naturalizada de punteros y reclutamiento, como lo fue en su momento en Centenario, con el fallecido exlíder de desocupados, Héctor “Zapallito” Molina, y uno de los pioneros en los cortes de ruta en la provincia.
La mujer reveló este lunes, durante la sexta audiencia en el juicio por presunta estafa con planes sociales, que en los pagos se manejaban cheques a nombre de empleados que luego retiraban el dinero por ventanilla del Banco Provincia de Neuquén (BPN), y lo entregaban en mano a jefes del área, sin firmar constancias y sin recibir explicaciones. Les hacían un segundo endoso para poder cobrarlos. “Entendí que era una orden más de trabajo”, dijo ante la pregunta directa del final Pablo Vignaroli.
En su testimonio, que duró más de una hora y estuvo cargado de detalles de las operaciones del día a día en esa oficina pública. Es una empleada de carrera que, durante la explosión de la denuncia por estafa, trabajaba en la dirección de Planes Sociales, en la calle Rivadavia 46, en la recepción y haciendo cruzamiento de datos de los beneficiarios. Pérez indicó que ella misma cobraba hasta seis o siete cheques por mes a su nombre durante el 2020, 2021 y parte de 2022.
Aseguró que ese dinero lo entregaba en la misma dirección de Planes Sociales de la provincia a Pablo Sanz, Lucía Soto o Analía Scherer, quienes lo colocaban “en una caja azul sobre el escritorio”. Afirmó no saber qué se hacía con esos "fajos de billetes", que en otros testimonios de testigos arrepentidos, iban a parar a una caja, y también los fraccionaban con sobres con nombres.
Planes Sociales: “Me ofrecieron que inscriba a mi hijo y a mi nieto”
Trascurría la pandemia y mucha gente se quedó sin trabajo, y otros no llegaban a fin de mes, y a Sandra Pérez, los mimos compañeros de trabajo, le ofrecieron ayuda social para su familia, ya que conocían que un hijo mayor estaba desocupado. Pérez también confesó que en una ocasión, fue Cristian Javier Vergara quien le ofreció incluir a su hijo mayor, con dificultades por temas de salud para insertarse laboralmente, y a su nieto en los planes sociales.
Para el ingreso a los planes, Sandra tenía que entregar sus documentos. Como estaban en pandemia, ella misma tramitó la tarjeta de débito, pero se la entregó a Vergara, quien cobraba los haberes, pero desconocía el monto total de la ayuda social. Le iba a dejar unos $8.000 por cada uno (su hijo y su nieto), según declaró.
Relató que las incorporaciones a los listados de beneficiarios venían por medio de las comisiones vecinales o punteros políticos, pero ella usó la palabra “referentes”, “con papeles con 15 o 20 nombres”. Esa documentación era recibida por Marcos Osuna, quien luego la elevaba a Pablo Sanz para su aprobación. Pero aclaró que quien decidía si ingresaban o no al plan, era Ricardo Soiza.
Pérez dijo que no le explicaron por qué debía cobrar cheques que estaban a nombre de otras personas, pero que los cobrara con un segundo endoso por ventanilla en el BPN. Lo tomó como una función administrativa más, como parte de sus tareas como empleada provincial.
La testigo aseguró que no entendía bien por qué debía cobrar esos cheques. “Cuando me convocan para ver si podía hacer esa maniobra, pregunté si eso no me iba a perjudicar. Pablo Sanz me dijo que no, que no iba a tener problemas, que lo hacían otros compañeros”, relató. Eso le bastó para aceptar, pero hubo un problema Nunca firmó ninguna constancia por el dinero que entregaba, y que iban a parar a las cajas.
También dijo que los cheques venían con un primer endoso y que ella hacía el segundo para poder cobrarlos. En ocasiones, ese trámite se lo entregaba el mismo Sanz. Declaró que fue notificada de un sumario en su contra por el cobro de un plan social, pero que nunca pidió uno para beneficio propio. Es más, que tampoco fue aún citada a declarar por eso.
Esa época de los "cheques globales" en el interior sin BPN
La empleada de carera sabe bien toda la historia de la mecánica de los planes sociales. Ya en 2007, según su testimonio, existía el uso de cheques a nombre de empleados para distribuir dinero en localidades rurales, donde no había delegaciones del BPN, o donde tenían que entregarles dinero a los puesteros, o hasta comunidades mapuches.
Pérez recordó que en su etapa anterior, en esos años, dentro de Capacitación y Empleo, también vinculada al pago de planes, retiraba cheques globales" de hasta $49.000 a su nombre para distribuir en zonas rurales y comunidades mapuches, cuando los beneficiarios cobraban apenas $150. A dinero de hoy, ese "cheque global" representaba unos 15 mil dólares. “Llevábamos el dinero en efectivo al interior”, dijo.
Sandra Pérez dijo que se enteró por el juicio de la estafa de los planes sociales por una foto en el diario, y fue el día que entendió que algo estaba mal, y que recién entendió el trasfondo de lo que hacía cuando vio una nota en los medios.
Recién en 2023, al volver al trabajo tras la pandemia (nunca estuvo claro en la declaración que tiempo estuvo en la casa), se enteró del escándalo. Fue por una foto que le envió la cuñada de su hija, donde se veía la entrada de la Subsecretaría de Trabajo y un policía saliendo con una CPU. El título hablaba de una gran estafa con planes sociales. “Ahí recién entendí que tenía que ver con los cheques que yo cobraba”, dijo con angustia.
Más implicados, más nombres: así se tejía la red interna
Sandra Pérez mencionó a varios empleados y jefes que participaban o conocían la operatoria. Durante el interrogatorio, surgieron varios nombres vinculados al entramado: Javier Vergara, quien le ofreció incluir a sus familiares en los planes y luego cobraba; Pablo Sanz, uno de los jefes del área, quien entregaba los cheques y daba el visto bueno; Marcos Osuna, encargado del sistema informático, a quien veía habitualmente en contacto con los referentes barriales; Ricardo Soiza (director de Planes Sociales), a quien identificó como quien “tenía el poder de decisión” sobre las listas de beneficiarios.
También mencionó a Lucía Soto y Analía Scherer, quienes también entregaban cheques, y Carolina Cuello y Liliana Landaeta, personal administrativo que trabajaba junto a Pablo Sanz. Además, a Emanuel Victoria Contreras, que “no cobraba cheques, pero iba a buscarlos”, según declaró. Y siguió con un chofer que transportaba documentación.
El relato de la testigo, fue bastante amable con los imputados y siempre referencio a Ricardo Soiza como una persona de buen trato. Pero el testimonio lo que refuerza es la hipótesis de que la estafa con planes sociales era una práctica extendida y jerárquica dentro del organismo. Lo más impactante es que la empleada provincial dijo que lo que hizo, le pareció una práctica con una orden legítima desde lo administrativo. Es que no hubo amenazas, sino naturalización de todos esos actos. Sostuvo que todos sus compañeros lo hacían, que era parte del trabajo y que los cheques “eran una tarea más”.
La Justicia deberá determinar si esto fue una red de corrupción estructural sostenida por jefes políticos, o si las responsabilidades se diluyen en el desconcierto administrativo.
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