Estafa con planes sociales, el juicio: declararon los desocupados que eran forzados a entregar sus tarjetas de débito

Este viernes, el jucio por la estafa con planes sociales de Neuquén tuvo como protagonistas a los beneficiarios de los programas de desempleo.

Durante la quinta jornada del proceso, pasaron por el estrado un total de 10 personas: albañiles, amas de casa y hasta una actual agente de la Policía aseguraron que entregaron sus tarjetas de débito a otras personas y que sólo cobraban una porción del subsidio en efectivo. Aunque ignoraban que los pagos eran parte de una estafa, dijeron que el beneficio se terminó cuando se destapó la maniobra ilícita.

El juicio cumplió este viernes su primera semana de audiencias públicas. La causa, que tuvo gran repercusión mediática, busca determinar la responsabilidad de 14 personas, incluidos empleados rasos, directores, subsecretarios y el entonces ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca, en una mega defraudación al Estado que asciende, en montos actualizados, a los mil millones de pesos.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) acusa a los imputados de haber retenido total o parcialmente el dinero que iba destinado a neuquinos desempleados a modo de ayuda social para favorecer su capacitación o reinserción laboral. Este viernes, un total de 10 beneficiarios coincidieron, en términos generales, con la mecánica de los hechos.

A pedido de los fiscales, el juez Juan Manuel Kees solicitó que no trasciendan los nombres y apellidos de los testigos, y tampoco se permitió que se tomen o difundan las fotografías de sus rostros.

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Claudio Espinoza

Cómo los reclutaban

Los testigos citados por la Fiscalía brindaron sus experiencias con respecto al pago de los llamados planes sociales. Se trata de ciudadanos de entre 20 y 60 años, que provenían de distintas localidades de la región Confluencia. Entre ellos se contaban vecinos de Neuquén capital, Centenario, Plottier y Senillosa, con distintos grados de educación y diferentes oficios.

En primer lugar, declaró una pareja de Alto Godoy. Ella, de 55 años, es ama de casa y vendedora ambulante de medias y condimentos. Su esposo, de 58, trabaja desde hace décadas como albañil. Accedieron al plan a través de un amigo de su hijo, al que sólo conocían por el apodo de Pistola.

Él les solicitó una copia de su DNI para anotarlos en el plan social y no exigió ningún tipo de contraprestación a cambio. Recibieron dos pagos de 4 mil pesos y el último, de 10 mil pesos, en una fecha "antes de la pandemia" que no pudieron precisar.

Un albañil de 34 años del barrio Copol Oeste afirmó que había sido contactado por la misma persona. Aclaró que "Pistola era uno de los tantos apodos que tenía Gustavo Mercado", uno de sus compañeros de obra que le ofreció anotarse para cobrar un plan social. Según explicó, la mayoría de los subsidios los coordinan partidos políticos o agrupaciones sociales que exigen asistir a las marchas como contraprestación.

"Si uno entiende de la vida, sabe que esos planes te los sacan si no asistís a las marchas, y yo no tenía interés en ir porque yo laburo", dijo y agregó que recibió el dinero por varios meses sin tener que acudir a encuentros políticos ya que no le exigían ninguna contraprestación.

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Otra joven de Unión de Mayo, que tiene 23 años y está terminando el colegio secundario, aclaró que también se anotó en el plan a través de Mercado quien, según se supo, ya cumple pena de prisión. En su declaración, la testigo aseguró que no sabía de qué plan se trataba y que conocía a Mercado por ser vecinos del mismo barrio.

Dos hermanas de Senillosa ingresaron a la planilla a través de su tío, que a su vez había recibido la oferta de una mujer identificada como Carolina Hernández. "A él se lo dieron y preguntó si había más lugar para meter a sus dos sobrinas que no tenían trabajo", dijo una de ellas, que es ama de casa, y recibió sumas de 3 mil pesos mensuales por un lapso de un año.

Otro de los testimonios lo brindó una joven de 28 años de Centenario, que hoy trabaja como agente de la Policía. Según explicó, conoció a una de las imputadas, Isabel Montoya, en 2020, porque ambas asistían a la misma iglesia. Al año siguiente, el trato se hizo más frecuente, porque ambas asistieron a un curso de depilación con cera que dictaba la prima de la testigo, quien por ese entonces todavía no había ingresado a la escuela de Policía.

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En su declaración aseguró que Montoya lideraba un grupo de mujeres, con distintas ocupaciones y oficios, a quienes les brindaba ayuda. Afirmó que no conocía a la pareja de Montoya y sólo la había visto con sus pequeños hijos y aseguró que no sabía si ella integraba o no algún partido político.

Sin embargo, el abogado Cury solicitó proyectar el video de su primera declaración. En esa entrevista informó que, antes de ofrecerle ser parte del plan social, Montoya le había solicitado a la joven que la acompañara a un acto político en el salón Punto Rojo de Centenario, ya que ella apoyaba a ese candidato. Sin embargo, cuando empezó a darle el dinero del plan, nunca le solicitó que sea parte de campañas o actividades políticas.

El paso a paso de la maniobra

Según indicaron, les pedían la copia de su DNI para cargar una planilla de beneficiarios, con nombre y apellido. Luego, les solicitaban que acudan a una sucursal del Banco Provincia de Neuquén (BPN) para tramitar una tarjeta de débito. Los beneficiarios debían presentar otra vez su documento, firmar el recibo de entrega de la tarjeta y luego pasar por un cajero automático para activarla con una contraseña.

Al salir de la sucursal, los esperaba una persona, a la que debían entregar la tarjeta de débito a su nombre junto con la clave bancaria que habían elegido. El acuerdo era que luego iban a recibir los subsidios al contado. En distintas etapas entre 2020 y 2022, los beneficiarios recibieron algunas sumas de entre 3 mil y 10 mil pesos, que se entregaban en efectivo en domicilios o plazas.

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Ninguno de ellos afirmó saber de qué plan social se trataba o cuál era el monto real de la ayuda. Y coincidieron, también, en que el personal del BPN no les aclaró que la tarjeta era intransferible, aunque algunos sí lo suponían pero optaron por entregarla por miedo a no poder cobrar el subsidio.

En todos los casos, los planes se entregaban sin exigir una contraprestación. No se les solicitaba asistir a actos o marchas, ni tampoco publicar contenidos en redes sociales. Los beneficiarios aseguraron que no sabían demasiado de la vida de sus reclutadores, y no los asociaron tampoco con partidos políticos.

Durante un lapso que fue de 3 meses a un año, los beneficiarios pactaban encuentros con estos reclutadores para recibir los montos en efectivos.

Algunos tenían visitas en sus domicilios, otros iban a la casa de estos referentes y algunos acudían a parques, como la Plaza de Boca, en Unión de Mayo, para recibir las sumas. Por lo general, sólo conocían a la persona que les daba el dinero y, en algunos casos, ni siquiera sabían sus nombres completos.

Si bien los casos corresponden a distintos períodos, algunos testigos mencionaron que cobraron los montos "antes de la pandemia". Otros precisaron que los pagos fueron en 2022 y que se suspendieron a mitad de año, cuando les informaron que sus tarjetas de débito habían sido bloqueadas.

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En esos casos, los reclutadores los citaban o los pasaban a buscar en un auto o traffic para que desbloquearan la tarjeta y colocaran una nueva clave. Les daban el plástico afuera del banco y los esperaban en el mismo lugar, ya que los beneficiarios debían entregar nuevamente la tarjeta con los nuevos dígitos de seguridad.

Según explicaron, en agosto de 2022 realizaron estos trámites de desbloqueo. Una de las jóvenes de Senillosa afirmó que no llegó a la sucursal del banco porque su hermana le alertó que se trataba de una estafa. Ellas, junto a su tío, se contactaron con el BPN y concurrieron a una sucursal de Neuquén capital para retirar el dinero que quedaba en las cuentas.

"Pude retirar 48 mil pesos y a mí sólo me estaban entregando 3 mil", aseguró. Su hermana se enteró de que el plan mensual era de 29 mil pesos. "Me sentí estafada, yo no tenía trabajo y el dinero lo necesitaba, pero no sabía de dónde venía", informó.

El entramado para reclutar y pagar

A partir de las declaraciones de los beneficiarios citados por el MPF se concluye que ninguno de ellos conocía a la persona con responsabilidad real para gestionar la inscripción o pagos de los planes sociales, sino que accedieron a ellos a través de referentes barriales o conocidos, y en algunos casos esos referentes los contactaban a través de otros parientes.

Pese a que algunos suponían que había algo incorrecto en entregar una tarjeta de débito a su nombre, otros lo ignoraban o consideraban que esa era la única forma de recibir el dinero del plan. Para ellos, que tenían trabajos o informales o no tenían fuentes de ingreso, la oferta de un plan era una alternativa para tener dinero sin tener que concurrir a marchas o actos, algo que suele exigirse en estos casos.

El albañil de barrio Copol Oeste, compañero de trabajo de Gustavo Mercado, aseguró que no se sintió estafado por su compañero de trabajo. "A él lo usaron, lo engañan por un poquito más de plata para que reclute más gente. Él ve una cara más arriba que nosotros no vemos, pero nada más", dijo sobre el hombre de Unión de Mayo, que retuvo las tarjetas de varios de los testigos de la jornada.

Los imputados del jucio

El proceso busca determinar la responsabilidad de 14 imputados, a los que se acusa de haberse quedado con el dinero de planes sociales de desocupados por un monto que, actualizado, alcanza los mil millones de pesos.

Para la Fiscalía, la estafa fue perpetuada por una estructura delictiva dentro del ministerio de Desarrollo Social, integrada por funcionarios, empleados públicos y particulares, organizada en cinco niveles jerárquicos, desde exministros hasta empleados rasos y beneficiarios fantasmas.

Según la acusación, los cabecillas de la organización fueron Ricardo Soiza (exdirector de Planes Sociales), Néstor Pablo Sánz (exdirector de Fiscalización), Marcos Osuna (Departamento de Gestión de Programas), Abel Di Luca (exministro de Desarrollo Social) y Tomás Siegenthaler (Coordinador de Administración). Los tres primeros ya cumplieron prisión preventiva domiciliaria.

A ellos se suman funcionarios de Finanzas y Tesorería, recaudadores, extractores de dinero y presuntos testaferros. Todos están imputados por asociación ilícita, fraude a la administración pública y defraudación especial, entre otros cargos.