Estafa con planes sociales, el juicio: cómo era el paso a paso para pagar los planes por desempleo

Este jueves se celebró la cuarta jornada del juicio por la estafa con planes sociales del Ministerio de Desarrollo Social de Neuquén. Si bien el Ministerio Público Fiscal y las defensas desistieron de convocar a algunos testigos, se espera que casi 200 personas pasen a dar su declaración para reconstruir la mecánica que permitió el desvío de fondos destinados a asistir a personas sin empleo. En valores actualizados, se estima que el fraude llega a los mil millones de pesos.

Además de un perito caligráfico, que demostró que habían falsificado firmas en los cheques que emitió el Ministerio de Desarrollo Social a fines de 2020, también pasaron por el estrado un gerente del Banco Provincia de Neuquén (BPN), dos empleados del entonces Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y el actual subsecretario de Modernización de la Provincia de Neuquén, Juan Manuel Morales, que dio más detalles sobre el funcionamiento de OPTIC y los expedientes digitales.

Sus declaraciones fueron importantes para comprender el mecanismo que se había montado para el pago de estos subsidios de desempleo, que incluía una orden y un listado entregado por el Ministerio de Desarrollo Social y una acreditación que solicitaban desde esa misma repartición al BPN, entidad que luego acreditaba esos fondos.

El mecanismo de pago

Pablo Rondríguez Brandisi, que ocupaba la Gerencia de Operaciones del BPN en el periodo investigado (entre septiembre de 2021 y julio de 2022), explicó cómo se hace una apertura masiva de cuentas. Al igual que otro colegas de la entidad bancaria, aseguró que el procedimiento está habilitado para empresas u organismos que deben hacer depósitos a múltiples cuentas -como el pago de sueldos- y que sólo deben enviar un listado con nombre, apellido y DNI de los beneficiarios.

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Claudio Espinoza

"A partir de ese pedido, se generan las cuentas con el CBU y el alta de tarjeta de débito. El trámite queda en stand by hasta que cada beneficiario va a una sucursal del banco y habilita su cuenta, con la presentación de su DNI para certificar su identidad, completando el legajo digital con otros datos filiatorios y firmando el recibo de entrega de la tarjeta de débito", afirmó.

Pese a que recordó que las cuentas no pueden quedar activas si no se cumplen estos requisitos, un auditor del BPN, en la segunda jornada de juicio, afirmó que algunos empleados de de distintas sucursales del banco habían sido sancionados por continuar el proceso cuando faltaba documentación. Según aseguró, es una situación que "a veces pasa" por desidia de los trabajadores.

El gerente bancario recordó que el Ministerio de Desarrollo Social tenía distintas cuentas corrientes en el BPN. Desde la 153/20 realizaban los pagos de planes sociales a través de una plataforma digital que el banco brinda a sus clientes, que se llama BPN Gestión Empresas, y que permite que los propios responsables de las cuentas (sean organismos o empresas) hagan las órdenes de pago.

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"Tienen que validar primero la clave en un cajero automático y luego ir a la sucursal para firmar un convenio, donde se designa un administrador", dijo. En este caso, el administrador era el ex director de Administración del Ministerio, Luis María Gallo. También tenían firmas Julieta Oviedo y Laura Mastronardi, mientras que Martín Gómez podía acceder sólo como operador.

Un sistema propio del Ministerio, en la mira

Martín Gómez, que trabajaba en la Tesorería del Ministerio de Desarrollo Social en el período investigado, entre septiembre de 2021 y julio de 2022, también se presentó como testigo del juicio. Aclaró que él solía recibir, a través de correos electrónicos del gobierno de Neuquén o del servidor Yahoo, un listado de las personas que eran beneficiarias de los programas.

El archivo, en formato Excell, era cargado al sistema ADMIX, por el creador del software, Carlos Basain, y Gómez se ocupaba de transformarlo al formato .txt para poder cargarlo luego a la plataforma de autogestión de BPN, donde necesitaba al menos dos firmas autorizadas para que se acredite el pago a los beneficiarios.

Según explicó, este sistema ADMIX tenía toda la información respaldada en un servidor propio del Ministerio de Desarrollo Social. "Estaba en un CPU en una oficina de la planta alta, cuando la Tesorería se mudó a la planta baja y otros empleados pasaron a ese sector, la oficina quedó cerrada con llave y la llave se guardaba en la Tesorería", dijo y agregó que él mismo facilitó el acceso al CPU durante el allanamiento que hizo Delitos Económicos en 2022.

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A su declaración siguió la de Juan Pablo Celeste, que se desempeñaba como director de Informática de la Subsecretaría de Desarrollo Social al momento de los hechos. Según explicó, al asumir su rol habían analizado la posibilidad de migrar estos procesos a un software más nuevo, ya que el sistema ADMIX se basaba en "tecnología obsoleta y tenía poca capacidad de expansión o de sumar nuevas funciones". Sin embargo, luego se decidió continuar con su uso, administrado por Carlos Basain.

El informático también propuso avanzar con registros de back up para hacer respaldos en los servidores de OPTIC, un organismo tecnológico del Estado que tiene más capacidad de almacenaje y tecnología actualizada. Consultado por la defensa, aclaró que el entonces ministro, Abel Di Luca, nunca se opuso a que se hagan registros.

También aclaró que sólo la Tesorería de Desarrollo Social utilizaba el software ADMIX, en donde se cargaban las nóminas de beneficiarios de planes sociales y gestionabas las órdenes de pago para BPN. "Desde la pandemia se empezó a usar más GDE (Gestión de Documentos Electrónicos) que es más riguroso, pero todavía faltaba el cambio de cultura de los empleados para ponerlo en práctica, entre 2020 y 2022 no se usaba tanto", afirmó.

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En el mismo sentido opinó el siguiente testigo, el subsecretario de Modernización de la Provincia de Neuquén, Juan Manuel Morales. Afirmó que la utilización del GDE se inició con la ley provincial 3002, de 2016, y fue reglamentado por una instrucción ministerial que data de 2018. Sin embargo, la adaptación a este sistema fue progresiva e irregular, con ministerios que avanzaron más y otros que lo hicieron menos.

Si bien él no formaba parte de la gestión de gobierno en esa época, aclaró que la pandemia y el teletrabajo forzaron a los empleados públicos a adaptarse al sistema. La OPTIC, que forma parte de su Subsecretaría, abrió cuentas de oficio a todos los empleados, pero no todos habilitaron personalmente su cuenta para operar en ese sistema.

Así, consultado por la Fiscalía, detalló que Sanz, Di Luca, Oviedo o Mastronardi tenían cuentas en GDE, mientras que Regidor, Cury, Honorio y Soiza no tenían perfiles en el sistema. Por su parte, otros imputados, como Osuna, tenían cuentas habilitadas pero no se registró ningún uso.

El juicio de los planes sociales

El proceso busca determinar la responsabilidad de 14 imputados, a los que se acusa de haberse quedado con el dinero de planes sociales de desocupados por un monto que, actualizado, alcanza los mil millones de pesos.

Para la Fiscalía, la estafa fue perpetuada por una estructura delictiva dentro del ministerio de Desarrollo Social, integrada por funcionarios, empleados públicos y particulares, organizada en cinco niveles jerárquicos, desde exministros hasta empleados rasos y beneficiarios fantasmas.

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Según la acusación, los cabecillas de la organización fueron Ricardo Soiza (exdirector de Planes Sociales), Néstor Pablo Sánz (exdirector de Fiscalización), Marcos Osuna (Departamento de Gestión de Programas), Abel Di Luca (exministro de Desarrollo Social) y Tomás Siegenthaler (Coordinador de Administración). Los tres primeros ya cumplieron prisión preventiva domiciliaria.

A ellos se suman funcionarios de Finanzas y Tesorería, recaudadores, extractores de dinero y presuntos testaferros. Todos están imputados por asociación ilícita, fraude a la administración pública y defraudación especial, entre otros cargos.