El perito calígrafo fue citado por la Fiscalía y mostró la comparación entre las firmas originales y las que aparecían en cheques emitidos por el Ministerio de Desarrollo Social.
La defensora oficial Carolina Johansen junto a los abogados defensores Fabián Flores y Pablo Gutiérrez.
Este jueves, durante la cuarta jornada del juicio por la estafa con planes sociales del Ministerio de Desarrollo Social de Neuquén, un perito calígrafo mostró dos informes que aseguran que hubo firmas falsificadas en el cobro de cheques emitidos por este Ministerio. Sus análisis solicitados por el Banco Provincia de Neuquén (BPN) cotejó las firmas de beneficiarios con más de 30 cheques emitidos a fines de 2020.
Marcelo De Caboteau es calígrafo público nacional y uno de los cinco peritos calígrafos de la provincia. Ya acumula 32 años de experiencia y desde 2011 se especializa en fraudes bancarios. Lleva también 14 años trabajando como asesor externo del BPN, donde capacita al personal para evitar fraudes y realiza informes cuando los empleados detectan billetes adulterados o firmas irregulares.
En el marco del juicio que investiga la responsabilidad de 14 imputados por una mega defraudación al Estado provincial a través del desvío de subsidios de desempleo, el perito subió al estrado para mostrar dos informes que realizó a pedido del BPN y que demuestran que hubo firmas falsificadas en cheques emitidos por el Ministerio de Desarrollo Social.
Cómo cotejan las firmas para saber si hay falsificaciones
Consultado por el fiscal Pablo Vignaroli, el especialista explicó que, en este caso, cotejó las firmas digitales que se realizan con un lápiz óptico y que forman parte del banco de datos de la entidad bancaria con imágenes de una serie de cheques fechados entre septiembre y noviembre de 2020, que fueron emitidos por el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia.
Aunque en la mayoría de los casos realiza sus peritajes a partir de las firmas y los cheques físicos, que permiten comparar el trazado "bolígrafo-papel", esta vez tuvo que trabajar sobre firmas digitalizadas en una base de datos y fotocopias de los cheques.
En el juicio, aseguró que este método no es tan efectivo ya que no permite determinar algunos aspectos de la ciencia caligráfica, como la presión del trazado, el movimiento o la inclinación. Pese a que ese detalle quedó consignado en sus informes, las conclusiones fueron determinantes.
"Sacamos la conclusión de que se trataba de firmas sin imitación. Es decir que el falsificador no copia el modelo, y no hay ningún punto de contacto en el trazo por no conoce el modelo de firma que quiere falsificar", expresó.
De Caboteau utilizó las pantallas de la sala de audiencias para mostrar algunas comparaciones que mostró en su informe. A simple vista, se puede concluir que el falsificador no hizo ningún esfuerzo por imitar o producir una firma parecida a la del beneficiario original. Si bien los trazos de los cheques, en algunas ocasiones, tenían firmas que mostraban la inicial del beneficiario original, se podía ver que tenía una forma muy diferente.
Algunas firmas originalmente en letra en manuscrita se cotejaron con un cheque que sólo tenía unos trazos abstractos, otros hacían firmas grandes cuando la original era mucho más pequeña y los que sólo tenían iniciales o líneas en el cheque tenían, en su versión original, un diseño complejo de nombre y apellido.
Aunque el perito aclaró que hay personas que suelen tener dos firmas -una original y otra simplificada para documentos de menos importancia- aseguró que, en estos casos "se observaba un diseño morfológico opuesto" entre la versión del banco y la que figuraba en el dorso de los cheques.
Los cheques y los firmantes repetidos
Desde la Fiscalía le solicitaron leer las fechas y montos de algunos de esos cheques, presentes en los informes 15/20 y 16/20 que presentó De Caboteau como prueba para el juicio. Listó más de 30 cheques fechas entre septiembre y noviembre de 2020, muchos de ellos el mismo día, y por valores que iban de los 14 mil a los 88 mil pesos. La mayoría de los que mencionó tenían un monto total de 49 mil pesos.
Por otro lado, uno de sus informes sacó una segunda conclusión. Al comprar las firmas en las imágenes de los cheques, pudieron notar que había firmas diferentes realizadas por un mismo "puño escritor".
El perito explicó que los calígrafos analizan no sólo la letra sino otras características menos evidentes, como la presión del trazo, los movimientos o cómo se van inclinando las líneas. Así, y pese a que los cheques tenían diseños de firmas diferentes, el texto de la aclaración de cada nombre les permitió determinar que al menos dos cheques habían sido firmados por un mismo puño.
El juicio, con testigos desistidos
La declaración de De Cabateau estaba prevista para una de las primeras jornadas del juicio por la estafa de planes sociales. Sin embargo, esta semana se dio una serie de cambios por parte del Ministerio Público Fiscal, que modificó la lista de testigos y desistió de convocar a muchos de ellos. Su postura fue cuestionada por las defensas, que argumentaron la necesidad de saber con más antelación quién iba a subir al estrado para estudiar sus declaraciones previas y armar estrategias de preguntas.
El perito calígrafo se presentó junto al Subgerente de Operaciones del BPN, un empleado administrativo de Tesorería del Ministerio de Desarrollo Social, un director informático de la Subsecretaría de Desarrollo Social y el actual Subsecretario de Modernización de la provincia de Neuquén, hoy a cargo de OPTIC, Juan Manuel Morales.
En la jornada de este jueves, y tras un ida y vuelta entre la Fiscalía y los abogados defensores, se decidió que este viernes, en la quinta jornada del juicio, citarán a declarar a 10 testigos que eran beneficiarios de los programas de capacitación, conocidos como planes sociales, del Ministerio de Desarrollo Social.
Catorce imputados en la mira
El proceso busca determinar la responsabilidad de 14 imputados, a los que se acusa de haberse quedado con el dinero de planes sociales de desocupados por un monto que, actualizado, alcanza los mil millones de pesos.
Para la Fiscalía, la estafa fue perpetuada por una estructura delictiva dentro del ministerio de Desarrollo Social, integrada por funcionarios, empleados públicos y particulares, organizada en cinco niveles jerárquicos, desde exministros hasta empleados rasos y beneficiarios fantasmas.
Según la acusación, los cabecillas de la organización fueron Ricardo Soiza (exdirector de Planes Sociales), Néstor Pablo Sánz (exdirector de Fiscalización), Marcos Osuna (Departamento de Gestión de Programas), Abel Di Luca (exministro de Desarrollo Social) y Tomás Siegenthaler (Coordinador de Administración). Los tres primeros ya cumplieron prisión preventiva domiciliaria.
A ellos se suman funcionarios de Finanzas y Tesorería, recaudadores, extractores de dinero y presuntos testaferros. Todos están imputados por asociación ilícita, fraude a la administración pública y defraudación especial, entre otros cargos.
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