Un viejo juicio mapuche puede costarle una cifra multimillonaria al Estado neuquino

El fiscal jefe Pablo Vignaroli pidió -en un dictamen- que el millonario juicio iniciado por la comunidad mapuche Lof Kaxipayiñ deje de tramitar en el Juzgado Civil N°1, a cargo de María Eugenia Grimau, y pase al fuero contencioso-administrativo.

El planteo no es menor porque está en juego una demanda desorbitante, de acuerdo a la información a la que accedió LM Neuquén. Se trata de un juicio por $12.827 millones más intereses y actualización, contra el Club Mari Menuco y contra la Provincia del Neuquén.

El fiscal no lo hizo el pedido desde su función penal, porque no está investigando un delito, sino en su rol en la Oficina de Asuntos Extrapenales, del Ministerio Público Fiscal, donde emitió un dictamen el pasado 12 de febrero.

Si bien el conflicto territorial en Mari Menuco tuvo su punto más álgido en 2017, la disputa actual no es por la tierra en sí -cuya situación quedó saldada tras el relevamiento territorial definitivo finalizado en 2023 en el gobierno de Alberto Fernández- sino por las consecuencias económicas de aquel proceso judicial.

El Club Mari Menuco tiene proyectos de hospedaje sobre 260 hectáreas, pero los mapuches pelean por esas tierras.

Un viejo juicio que escaló y una cifra desorbitantre

Se trata de los astreintes (multas diarias), embargos y daños y perjuicios. En este caso, se trepó a una cifra multimillonaria. En dólares, es poco más de USD 9 millones.

El origen del este caso se remonta a una medida cautelar dictada en 2017 en el marco de un interdicto promovido por el club contra la comunidad. Ante supuestos incumplimientos, se impusieron astreintes diarias que luego fueron ejecutadas judicialmente.

Es una historia vieja, porque el club no podía tomar posesión de la tierra (que estaba en discusión hasta que saliera el relevamiento en 2023), pero la comunidad, de manera regular, se encargaba de turbar la posesión, con actos que generaron un dolor de cabeza al club. Se soltaban animales en las tierras en conflcito y hasta discusiones por máquinas.

Planes Sociales - Cesura (11)

Así la jueza Grimau, para evitar que las partes intervengan en la tierra en conflcito, había puesto multas diarias. Todos debían abstenerse de realizar actos turbatorios, sobre un inmueble identificado como remanente del Lote M, Sección I, de unas 200 hectáreas, que hoy espera la escrituración por parte del gobierno provincial a favor del club.

Esas multas derivaron en embargos sobre cuentas bancarias de la comunidad e incluso en afectaciones de ingresos vinculados a contratos de servidumbre con empresas petroleras. A partir de allí, el club denunció incumplimientos y logró la imposición de astreintes diarias de 10 Jus. Luego promovió liquidaciones y ejecuciones que derivaron en embargos sobre cuentas bancarias de la comunidad.

La Lof Kaxipayiñ sostienenía que los embargos comenzaron por más de $6,3 millones y luego se ampliaron, incluso mediante oficios a la operadora YPF para afectar ingresos derivados de contratos de servidumbre.

De acuerdo con la demanda, las medidas se profundizaron durante la pandemia de COVID-19, y denunciaron que afectaron la subsistencia de las 33 familias que integran la comunidad, al inmovilizar fondos que constituían su principal sustento económico. Al menos ese era el planteo de la comunidad.

Embargos, pandemia y fallo del TSJ

En septiembre de 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén (TSJ) declaró procedentes los recursos extraordinarios de la comunidad, revocó las resoluciones de Cámara de Apelaciones y primera instancia, ordenó levantar la cautelar y cesar las astreintes devengadas desde agosto de 2019.

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Sin embargo, según la comunidad, el embargo se mantuvo hasta el 30 de abril de 2025, generando daño directo, lucro cesante, pérdida de chance y "daño moral".

La comunidad reclama más de $12.800 millones y demanda tanto al club como a la Provincia, a la que le atribuye responsabilidad por el funcionamiento irregular del servicio de Justicia.

Ahí es donde interviene el planteo de Vignaroli. Para el fiscal, como el eje del reclamo es la eventual responsabilidad del Estado por actividad judicial, el caso no debe tramitar en el fuero civil sino en el contencioso-administrativo, que es el que analiza las demandas contra el Estado por el ejercicio de sus funciones.

El nuevo Código Procesal Civil

Si la jueza Grimau acepta el planteo, el expediente cambiará de fuero y de reglas procesales, justo en meses de la puesta en marcha del nuevo Código Proceal Civil de la Provincia de Neuquén. Y en un juicio de semejante magnitud económica, esa decisión puede ser tan determinante como el fondo del reclamo.