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Planes sociales: el día que alguien "batió" que se venían los allanamientos y entregaron los celulares

Una testigo relató cómo anticiparon los procedimientos y que sus jefes les pidieron los teléfonos. Picante cruce entre Alfredo Cury y el fiscal Vignaroli.

¿Cómo sabían los imputados de la causa por estafas con planes sociales que les iban a allanar su casa? En la octava jornada del juicio, hubo frases que retumbaron en la sala. Un día antes de los operativos en agosto de 2022, los imputados ya sabían y tenían la orden de entregar los teléfonos celulares a sus jefes y hacer silencio. Mantenerse unidos, porque según ellos, "todo era político" y todo iba a pasar. Pero no pasó.

En los teléfonos estaba todo el registro de las llamadas, mensajes de texto y hasta grabaciones, que habrían hecho incluso en conversaciones privadas, con algunos funcionarios de la dirección de Planes Sociales. Una de ellas, era una grabación que se mencionó, que dijo haber hecho una empleada a Pablo Sanz, luego de que comenzara a desconfiar sobre una investigación judicial.

La testigo, una mujer de 46 años, que fue sobreseída y que aportó datos a al Ministerio Público Fiscal, pidió este miércoles que no se la nombrara durante el juicio. Apenas estalló el escándalo de los planes, la despidieron de su planta política y actualmente sigue desocupada. Ella contó que ya sabían que se venía un allanamiento, y que le iban a avisar cómo se desarrollarían los procedimientos.

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El abogado Alfredo Cury interrogó a una testigo y le preguntó sobre los allanamientos.

El abogado Alfredo Cury interrogó a una testigo y le preguntó sobre los allanamientos. "¿Fui yo el que te dije que me entere por Vignaroli o Gerez?", dijo palabras más o menos.

A todos los imputados les dijeron que se mantuvieran unidos, "como una familia" y que nadie tenía que salirse de un libreto, porque podrían ir contra ellos de manera judicial. Eran empleados, y tampoco tenían mucha opción, salvo la de rebelarse del grupo, y buscarse otro abogado. O lo que fue mejor: hacer un acuerdo para no ir a juicio, y aportar todo lo que sabían al Ministerio Público Fiscal, pese a que a la testigo le habían formulado cargos por 95 fraudes. Es decir, por las extracciones en los cajeros, con tarjetas a nombre de beneficiarios de planes sociales.

"El abogado dijo que el que si alguien se salía (del pacto) iban a ir en contra de esa persona. Teníamos miedo e incertidumbre, de salir en todos lados (por los medios de comunicación)", sostuvo la testigo.

Les dijeron además que los funcionarios no los iban a dejar solos, que luego de que los echaran del Estado provincia, los iban a tomar de nuevo en diciembre de 2022, porque todo el tema del juicio iba a pasar. Pero esto no sucedió, y la testigo contó que recibieron ayuda económica, en efectivo, alrededor de 100.000 pesos.

Picante cruce: chicanas y el aviso de los allanamientos

En la audiencia, hubo un cruce entre el fiscal Pablo Vignaroli y el abogado Alfredo Cury, quien fue insistente contra la testigo, que ya la conocía de la oficina. Había sido abogado de ella, en el momento en el que estalló el escándalo de los planes, como también de los otros imputados. Fue el mismo Cury quien avisó que les iba a allanar las casas, y que debían entregar los teléfonos celulares, horas antes del procedimiento.

"¿Quién me dijo a mi (a Cury) que se venían los allanamientos, fueron ellos (señaló a Pablo Vignaroli) o el doctor Gerez?", lanzó el abogado. La testigo dijo que no sabía, y no recordaba esa conversación. Pero ahí quedó flotando algo extraño: era la palabra de uno contra el otro, pero nadie despejó la duda de cómo se enteraron los jefes de los imputados de que los iba a allanar.

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El fiscal Pablo Vignaroli interrogó a otra testigo que desmintió que haya escuchado sobre cómo se enteraron los jefes de Desarrollo Social sobre los allanamientos.

El fiscal Pablo Vignaroli interrogó a otra testigo que desmintió que haya escuchado sobre cómo se enteraron los jefes de Desarrollo Social sobre los allanamientos.

Vignaroli hizo un gesto opaco, la dejó pasar y aprovechó para contestarle al abogado, durante el interrogatorio de otra testigo de la jornada, que también declaró bajo anonimato a la prensa. "¿Nunca te dijeron que yo les avisé de los allanamientos o que el doctor Gerez les avisó?, le preguntó Vignaroli a la testigo. La mujer contestó que no, que no sabía cómo los jefes se enteraron de los allanamientos, cómo habían tenido el dato la noche anterior a los 10 procedimientos a las casas particulares.

Los empleados ya sabían que estaba siendo investigados por las extracciones en los cajeros automáticos. "Recuerdo que nos juntaron en una oficina a todos (la de Marcos Osuna), vino el abogado Cury (Alfredo, abogado de Ricardo Soiza y de sí mismo) y nos dijeron que nos estaban investigando. Yo les dije que faltaban más personas. Ahí nos dijeron que nos daban de baja (los echaban del estado) por la investigación", dijo la mujer, que relató también la operatoria de que llegaban cheques a su nombre, y se los entregaba a referentes sociales y punteros políticos.

Planes sociales: el miedo cuando sabían que los investigaban

A la mujer, como a los otros investigados, de realizar extracciones, sacar el dinero y llevárselo a Pablo Sanz, que no la iba a dejar sola, por la causa. Había una investigación en curso, que había iniciado primero el sector de Prevención de Fraudes del Banco provincia de Neuquén, donde había identificado a todos los exempleados del Ministerio de Desarrollo Social, grabados, realizando extracciones con tarjetas de las que no eran titulares.

El clima empezó a agitarse a mediados de 2022, cuando una empleada llegó asustada a la oficina de Rivadavia 46 porque dijo que la perseguían y filmaban en un cajero automático y sospechó que era la Policía. Y ahí comenzó el escándalo interno en esa oficina pública.

La mujer recordó que a realizar las extracciones iba en auto, por turnos, fuera del horario laboral o los fines de semana. "Sacábamos los 20.000 pesos, imprimíamos los tickets y si había mucha gente, íbamos a otro cajero. La plata se contaba y se ponía en una caja azul. Si llegábamos a 100.000 pesos, le ponían una liguita. Los tickets quedaban al costado", dijo.

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El juez Juan Manuel Kess preside la causa de la estafa con planes sociales junto a Luciano Hermosilla y Juan Guaita.

El juez Juan Manuel Kess preside la causa de la estafa con planes sociales junto a Luciano Hermosilla y Juan Guaita.

Todo ese dinero, según relató, iba a parar a manos de Ricardo Soiza, uno de los jefes de la estructura, o de Pablo Sanz, su superior directo desde 2020. "Pablo me daba uno o dos cheques al principio. Después, me daba más de diez. Era parte del trabajo. Yo nunca dije que no. No quería tener problemas con nadie", contó la testigo.

La mujer comenzó a trabajar en 2016 archivando notas y fotocopias de DNI. Luego pasó a procesar solicitudes de planes sociales que ingresaban por intermedio de punteros. Algunos eran del MPN, otros de agrupaciones como “Jerusalén”, referentes del MPN de todos los barrios, de Neuquén y Centenario. A ellos se les daban cheques endosados por los empleados. Las notas se cruzaban con datos de Anses, se validaban, y después iban al despacho de Soiza, que decidía a quién se le daba de alta.

Según su testimonio, en el BPN detectaron maniobras extrañas. Un informe confidencial de prevención de fraudes, incluyó imágenes de ella en los cajeros. Fue el principio del fin.

El testimonio se tornó más grave cuando relató que algunas tarjetas eran retenidas, y que si eso ocurría, recibían retos o reprimendas de Pablo Sanz, otro de los implicados en la causa. “Si te retenían la tarjeta, Pablo te llamaba la atención”, recordó.

Un ambiente hostil, presiones y silencios

“Yo nunca dije que no podía, era mi trabajo y no quería tener problemas con nadie”, reconoció la testigo. También mencionó que en el ambiente de trabajo había maltratos, especialmente de algunos referentes como Esther Villalobos, y que se manejaban con temor. “Nosotros éramos los de más abajo y nos teníamos que quedar callados”, afirmó.

La mujer y empleada fue dada de baja en agosto de 2022, según la Resolución 461/2022, luego de que se conocieran imágenes suyas en cajeros automáticos incluidas en un informe confidencial del BPN de prevención de fraudes, fechado en agosto de 2020. Fue acusada de haber participado en 95 extracciones.

Durante la audiencia también señaló que todos iban a los actos políticos del MPN del Ministerio de Desarrollo Social, pero que en 2020 y 2022 ya no participó. Dijo que recibieron 100.000 pesos de apoyo económico tras las bajas, y que les pidieron mantenerse “unidos”. “El abogado dijo que si alguien se salía, iban a ir contra esa persona”, recordó.

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