Estafa con planes sociales, el juicio: una auditoría provincial detectó que pagaban subsidios a empleados públicos

Una auditora de la Contaduría General de la Provincia declaró este jueves en el marco del juicio por la estafa con planes sociales del ex Ministerio de Desarrollo Social. El proceso busca determinar la responsabilidad de 14 imputados por haber desviado fondos de subsidios destinados a desocupados, a través de tarjetas de débito y cheques, entre 2021 y 2022.

La mujer lleva 15 años trabajando como auditora en la Contaduría General de la Provincia. En su declaración como testigo del juicio oral, afirmó que en toda su trayectoria nunca había encontrado irregularidades como las que detectó al auditar el pago de un subsidio de capacitación destinado a personas sin empleo.

Consultada por el Ministerio Público Fiscal, la especialista detalló el proceso para auditar el pago de este tipo de anticipos a las distintas administraciones, como los Ministerios, desde la Tesorería de la Provincia, para diferentes fines; entre ellos, el pago de planes y subsidios.

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Claudio Espinoza

Según indicó, por esas fechas tanto el Ministerio de Desarrollo Social como el de Desarrollo Territorial pagaban programas de subsidios destinados a personas físicas. Como parte de su trabajo, auditaba los pagos de algunos programas de ayuda de Desarrollo Social, como el Subsidio Social Transitorio (SST) y otros vinculados a Familia o Discapacidad.

“A mitad de 2022 me pidieron auditar también el pago del programa de capacitación, que estaba a cargo del contador José Arteaga, pero se había jubilado“, explicó. Así, controló el aporte del Tesoro Provincial al Ministerio y la rendición del pago de los planes sociales durante los seis meses que van de enero a julio de 2022.

Las irregularidades detectadas

La testigo detalló cómo era la ruta para administrar estas partidas de dinero. El Ministerio, según la norma 83 de su reglamento, debe presentar un listado de los beneficiarios de los planes, con datos como nombre, apellido, DNI, encuesta socioeconómica y otros datos personales. Luego se emite la orden por la cantidad de beneficiarios y el monto total del anticipo, que debe ser aprobado por la Tesorería General.

Luego, es el propio Ministerio el que recibe los fondos y hace el pago a los beneficiarios. Desde entonces, tiene 30 días para rendir el adecuado uso del dinero.

A solicitud del Fiscal Jefe Pablo Vignaroli, la mujer repasó algunos de los informes presentados de sus auditorías. La del mes de enero de 2022, incluyó un monto total de 48,5 millones de pesos para 3681 registros.

Jara aclaró que la mayoría de los pagos eran a través de transferencias bancarias, aunque se indicaba que 345 habían recibido cheques. “El listado original de los beneficiarios era de 4518, es decir que faltan 837 registros. Y también el registro de cheques es menor, con 59 cheques emitidos, pese a que el monto total sí coincide“, aclaró.

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La mujer señaló que se hicieron evaluaciones desfavorables de estos informes. A eso, desde el Ministerio respondieron que las inconsistencias se daban por una falta de compatibilidad de los sistemas informáticos, ya que la Contaduría General utilizaba el Sistema Contable de la Provincia (SICOPRO) y el Ministerio tenía un software propio, conocido como Admix que, según la propia Jara, se utilizaba para manejar grandes volúmenes de beneficiarios que no podían cargarse manualmente en SICOPRO.

Tras dos observaciones desfavorables por parte de la auditora, desde el Ministerio corrigieron la documentación que debían entregar, y que permitió que coincidiera el listado de beneficiarios con el resumen de movimientos bancarios informado por el BPN.

Empleados públicos “planeros“

Pese a las correcciones realizadas por el Ministerio, la auditora encontró otras irregularidades en su informe, que retomó tras la jubilación del contador José Arteaga. Según expresó, pese a que su antecesor había auditado estos programas, no había hecho observaciones sobre las inconsistencias que ella encontró.

En ese sentido, señaló que pudo detectar que algunos de los que estaban inscriptos como beneficiarios de los planes sociales eran empleados del Estado provincial. Por esa sospecha, solicitó al área de Recursos Humanos más información para cotejar esta situación e informarla en una nueva evaluación desfavorable para el Ministerio.

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Ante el pedido de Vignaroli, leyó algunos de los nombres que formaban parte de esta maniobra en sus registros del mes de enero. Entre ellos, Valeria Honorio había cobrado 9 mil pesos, Walter Jonsson recibió un cheque por 38,5 mil, Pablo Sanz recibió un cheque de 49, y Analía Scherer, 49,5 mil pesos.

Consultada por la defensa, la auditora aclaró que en la rendición presentaba sólo podía determinar que se habían emitido cheques a favor de estas personas, que formaban parte del personal público, aunque no podía saber si los habían cobrado o si se trataba de cheques endosados.

Cómo siguió la investigación

La auditora aclaró que realizó seis auditorías, mes a mes, y en todas realizó las tres devoluciones desfavorables en base a estas irregularidades. “Nuestra competencia llega hasta las tres evaluaciones desfavorables y ahí hacemos la conclusión de que el programa era incompatible con las normas vigentes, pero después de eso ya no es nuestra competencia y se elevan los informes a la Fiscalía de Estado“, detalló.

La mujer aclaró que no estuvo al tanto de cómo había actuado la Fiscalía de Estado al respecto, pero sí recordó que auditó también la rendición de los planes del mes de julio. A diferencia de los meses previos, en este informe, que se presentó en diciembre del mismo año, toda la documentación coincidía, por lo que no tuvo que registrar inconsistencias ni hacer evaluaciones desfavorables.

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Sobre su observación por el pago de planes a empleados públicos, la Contaduría solicitó explicaciones al ministro de Desarrollo Social que sucedió a Abel Di Luca tras el escándalo público que generó la causa de estafa. Germán Chiapino, el nuevo titular de ese organismo, respondió con una carta ambigua.

La mujer leyó ante el tribunal la carta que expresaba que “tanto el SST como el subsidio de capacitación por desempleo buscaban brindar asistencia económica directa y que en ocasiones se otorgaba más de un programa social para atenuar los efectos de la crisis“ en las familias vulnerables. Así, la misiva hacía oídos sordos al reclamo puntual de los empleados públicos beneficiados por subsidios.