Niños y adolescentes separados de sus hogares: cuál es la clave para hacer justicia rápido
Una defensora quiere reeditar la experiencia del fuero penal para acelerar los tiempos y resolver los casos que involucran a niños y adolescentes.
La justicia neuquina busca dar un giro decisivo en los procesos que involucran a niñas, niños y adolescentes separados de sus familias de origen. La propuesta es clara: incorporar la oralidad plena en los trámites judiciales por medidas excepcionales de protección, con el objetivo de agilizar resoluciones y garantizar el derecho de los menores a crecer en un entorno familiar.
"Todos los procesos en los que se separa a los niños y adolescentes de su familia de origen deberían tramitar vía oral", afirmó la defensora pública civil de Neuquén, Nora Isasi.
Según explicó la funcionaria judicial, el modelo escrito actual retrasa las definiciones judiciales y genera un daño directo sobre los derechos de los chicos. "El trámite escrito demora el plazo de respuesta en perjuicio de los derechos de los niños", remarcó Isasi, y más adelante agregó: "Esto reduce las posibilidades de ser adoptados a la vez que los obliga a estar institucionalizados en un sistema que no se busca porque se apunta a que los niños crezcan dentro de ser una familia".
Hoy, los menores retirados de sus hogares deben esperar -en muchos casos durante años- a que la justicia determine si regresarán con su familia o serán dados en adopción. En ese lapso, viven institucionalizados o en hogares de tránsito. "Todo ese tiempo están en tránsito, en familias solidarias, en hogares del Estado o con familias extensas, en detrimento de su derecho a crecer en una familia y de tener estabilidad en sus vínculos", señaló Isasi, en declaraciones a Canal 7.
Por eso, la implementación de la oralidad surge como la posibilidad clara y concreta de revertir este escenario. Además, fue parte de una reforma anterior en el fuero penal que dio resultados.
Su ejecución en el ámbito de Familia, tal vez el más complejo y con mayor demanda, permitiría resolver los casos con celeridad y contacto directo entre las partes. "Se trata de imitar el sistema penal actual, que dio una muy buena respuesta en términos de plazos procesales y de inmediación. Las partes y el juez están presentes con todos los efectores que tienen que intervenir para resolver el caso", explicó la defensora.
El diagnóstico no deja de preocupar, sobre todo porque la Justicia se aleja de su deber de administrar justicia en tiempo y forma. Aunque la ley establece un plazo de seis meses para definir la situación jurídica de un niño separado de su familia, en la práctica, se admite que ese límite es una utopía. "Los plazos que prevé el Código Civil y Comercial son de seis meses, pero en la actualidad no se cumplen. Me animo a decir que nunca, nunca. Como mínimo se extienden a dos años", reconoció Isasi.
La oralidad busca, justamente, reducir esos tiempos. "La idea es acotar los plazos, y entendemos que desde un proceso oral eso se podría lograr", sostuvo. La medida aún está en debate, pero marca un camino claro por delante, para dejar atrás un sistema que, según Isasi, deja a los chicos esperando justicia mucho más de lo que deberían.
La iniciativa de la defensora tomó impulso con una presentación en la Legislatura, en los últimos días. La Comisión Interpoderes avanzó en el análisis del nuevo Código Procesal Civil y Comercial y recibió aportes del Ministerio Público de la Defensa en materia de Familia.
Durante una jornada de trabajo, sesionaron las subcomisiones de Familia y de Reforma Civil y Comercial y participaron referentes en la materia, a fin de continuar con el debate abierto y federal que impulsa el Poder Legislativo junto a representantes del Ejecutivo y el Poder Judicial.
Qué dijeron los diputados neuquinos
Al abrir la jornada, el presidente de la comisión, diputado Ernesto Novoa (Comunidad), destacó la legitimidad del proceso y señaló: "Es muy importante la legitimación de este Código. Estamos ante una oportunidad histórica para modernizar nuestra justicia, con la participación activa de todos los actores y desde una mirada profundamente neuquina".
En la subcomisión de Reforma Civil y Comercial, el asesor y jurista Gustavo Calvinho presentó un primer avance del articulado, que incluye 122 artículos con el objetivo de someterlos a análisis y recibir sugerencias o modificaciones. Calvinho explicó que se trata del tramo más técnico del nuevo Código y remarcó la intención de reducir la carga en los juzgados, mediante la redistribución de tareas y la incorporación de acuerdos de procedimiento entre partes, similares a los utilizados en arbitraje. Asimismo, planteó la necesidad de limitar la oralidad a los juicios ordinarios más complejos, e introdujo la propuesta de sanciones automáticas en casos de litigio de mala fe.
Por su parte, en el marco de la subcomisión de Familia, el Ministerio Público de la Defensa -representado por la defensora general Vanina Merlo- realizó una importante exposición que incluyó un informe estadístico y propuestas de reforma. La doctora Merlo, junto a las defensoras públicas civiles y de niñez, planteó la necesidad de fortalecer la oralidad y establecer mecanismos de prejudicialidad como vías alternativas de resolución de conflictos. Asimismo, consideró que esta reforma representa una oportunidad para avanzar en un marco legal que proteja integralmente los derechos de personas mayores de 18 años -actualmente fuera del alcance de la Ley 2302- y de personas con discapacidad.
Quiénes participaron del encuentro
Durante la jornada, las defensoras civiles y de niños, niñas y adolescentes expusieron ante la comisión los obstáculos actuales del proceso judicial y la demora en las resoluciones. Solicitaron avanzar hacia un proceso adversarial con oralidad plena, plazos razonables y sentencias que contemplen la vulnerabilidad de la niñez y adolescencia como eje central, asegurando la inmediatez y la protección efectiva de sus derechos.
Participaron del encuentro la secretaria de Cámara de la Legislatura, Fernanda Conca; y, en representación del Poder Ejecutivo, Aylén Aymar. Por el Ministerio Público de la Defensa asistieron la Defensora General Vanina Merlo, las defensoras públicas civiles Nora Isasi, Verónica Berzano y Verónica Lazzaro, y las defensoras de niños, niñas y adolescentes Natalia Stornini y Mónica Palomba.
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