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Causa YPF: la jueza Loretta Preska define este lunes si acepta apelación de Argentina

La demanda internacional busca obligar a Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF por una supuesta mala expropiación.

La jueza de Nueva York Loretta Preska decide este lunes si otorga a la República Argentina el beneficio de suspender la sentencia que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos especulativos que hicieron la demanda por la expropiación de la petrolera.

El jueves por la mañana, el Gobierno nacional apeló el fallo ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, según informó Sebastián Maril, el experto que sigue el litigio que se ventila en Nueva York.

En la presentación, la Argentina adelanta que podría recurrirse a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en caso de haber un nuevo fallo desfavorable.

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Entre otros argumentos, la defensa argentina sostiene que la orden de la jueza Preska de entregar las acciones de YPF viola el derecho federal norteamericano, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y principios de cortesía internacional.

Además, pone sobre la mesa la Declaración de Interés hecha por el Departamento de Justicia estadounidense, considerado un “apoyo” del gobierno de Donald Trump.

La presentación también advierten sobre un “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial”.

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Cómo es el fallo en contra de Argentina

Se trata de una demanda que lleva 10 años, por la que el Estado argentino ya fue condenado hace dos años a pagar USD 16.000 millones por haber "expropiado mal" la empresa en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidenta. Ahora, la gestión de Javier Milei espera nuevas malas noticias desde Manhattan, según adelantó Infobae días atrás.

Después del fallo adverso en primera instancia, en 2023, Argentina apeló y ese es un expediente de trámite lento en el que no hay mayores novedades aún. En paralelo, Burford Capital, el bufete de abogados inglés que compró los derechos a litigar en este caso y que es el principal beneficiario de la sentencia, presentó una serie de medidas para intentar cobrar (y también, seguramente, para meter algo de ruido para llamar la atención de Milei y sus funcionarios). La Justicia estadounidense así lo permite: la apelación no frena la sentencia, que se puede ejecutar en cualquier momento.

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Burford pidió embargos, que se estudie si el Estado local y la empresa son “lo mismo” (la figura del alter ego) y hasta exigió quedarse con las acciones de YPF en manos de Argentina (51%) como parte de pago.

La aceptación de este último reclamo, el 30 de junio pasado, por parte de Preska fue una verdadera “bomba”. Hace dos semanas que el tema está instalado y el Gobierno, en medio de una semana política de alta tensión legislativa, salió a hablar de la causa. A lo largo de los 10 años que lleva este caso, muy pocas veces las distintas administraciones que gobernaron el país se refirieron a una cuestión siempre presente y molesta. Ahora parece serlo mucho más que luego de la sentencia en primera instancia.

El jueves y el viernes hubo una serie de movimientos, presentaciones cruzadas y órdenes en el estrado de Preska, quien definirá este lunes cómo deberá seguir la entrega de la mayoría accionaria a Burford. Vale reiterarlo: en el Gobierno no son nada optimistas.

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