Juicio por YPF: la jueza Preska rechazó el pedido de suspender la transferencia de acciones
No hizo lugar a la solicitud de Argentina para que se suspenda la entrega de acciones como parte de pago por la sentencia por US$16.100 millones.
La jueza de Nueva York Loretta Preska debía definir este lunes si otorgaba o no a la República Argentina, el beneficio de suspender la sentencia que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos especulativos que hicieron la demanda por la expropiación de la petrolera.
Según se conoció en horas del mediodía, Preska rechazó el pedido de suspender la transferencia de acciones de la empresa a Burford, ya que no hizo lugar a la solicitud para que se suspenda la entrega de acciones como parte de pago por la sentencia por US$16.100 millones por la expropiación de la petrolera.
Días atrás, la magistrada de Nueva York les comunicó por escrito a la Argentina y a los beneficiarios del fallo, los fondos Burford y Eton Park, que este lunes definiría sobre el reclamo del Gobierno.
El jueves por la mañana, el Gobierno Nacional había apelado el fallo ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, según informó Sebastián Maril, el experto que sigue el litigio que se ventila en Nueva York.
En la presentación, Argentina adelantó que podría recurrirse a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en caso de que ocurriera- tal como se confirmó en las últimas horas - un nuevo fallo desfavorable.
Los argumentos de Argentina para apelar el fallo
Entre otros argumentos, la defensa argentina sostiene que la orden de la jueza Preska de entregar las acciones de YPF viola el derecho federal norteamericano, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y principios de cortesía internacional.
Además, pone sobre la mesa la Declaración de Interés hecha por el Departamento de Justicia estadounidense, considerado un “apoyo” del gobierno de Donald Trump.
La presentación también advierten sobre un “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial”.
Cómo es el fallo en contra de Argentina
Se trata de una demanda que lleva 10 años, por la que el Estado argentino ya fue condenado hace dos años a pagar USD 16.000 millones por haber "expropiado mal" la empresa en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidenta. Ahora, la gestión de Javier Milei espera nuevas malas noticias desde Manhattan, según adelantó Infobae días atrás.
Después del fallo adverso en primera instancia, en 2023, Argentina apeló y ese es un expediente de trámite lento en el que no hay mayores novedades aún. En paralelo, Burford Capital, el bufete de abogados inglés que compró los derechos a litigar en este caso y que es el principal beneficiario de la sentencia, presentó una serie de medidas para intentar cobrar (y también, seguramente, para meter algo de ruido para llamar la atención de Milei y sus funcionarios). La Justicia estadounidense así lo permite: la apelación no frena la sentencia, que se puede ejecutar en cualquier momento.
Burford pidió embargos, que se estudie si el Estado local y la empresa son “lo mismo” (la figura del alter ego) y hasta exigió quedarse con las acciones de YPF en manos de Argentina (51%) como parte de pago.
La aceptación de este último reclamo, el 30 de junio pasado, por parte de Preska fue una verdadera “bomba”. Hace dos semanas que el tema está instalado y el Gobierno, en medio de una semana política de alta tensión legislativa, salió a hablar de la causa. A lo largo de los 10 años que lleva este caso, muy pocas veces las distintas administraciones que gobernaron el país se refirieron a una cuestión siempre presente y molesta. Ahora parece serlo mucho más que luego de la sentencia en primera instancia.
El jueves y el viernes hubo una serie de movimientos, presentaciones cruzadas y órdenes en el estrado de Preska, quien definirá este lunes cómo deberá seguir la entrega de la mayoría accionaria a Burford. Vale reiterarlo: en el Gobierno no son nada optimistas.
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