Chos Malal: rechazaron el pedido de prisión preventiva para cuatro imputados por venta de drogas

La fiscalía volvió a pedir que cuatro personas imputadas por tenencia de drogas con fines de comercialización queden detenidas durante la investigación, pero la Justicia rechazó el planteo. Por unanimidad, un tribunal de revisión confirmó la decisión que había tomado un juez de garantías y resolvió mantener las medidas de protección vigentes para evitar posibles interferencias en la causa.

La audiencia de revisión se realizó el miércoles y estuvo a cargo de la jueza Laura Barbé y los jueces Maximiliano Bagnat e Ignacio Pombo. Los tres magistrados coincidieron en que las restricciones impuestas eran suficientes para resguardar el avance de la investigación, por lo que descartaron ordenar la prisión preventiva de los cuatro imputados.

Durante la audiencia, el fiscal del caso, Víctor Salgado, y la asistente letrada Romina Travieso insistieron en que las medidas dispuestas inicialmente no alcanzaban para evitar que los acusados interfirieran en la investigación.

Uno de los principales argumentos del Ministerio Público Fiscal fue el riesgo de que las cuatro personas pudieran ponerse de acuerdo entre sí e influir en las declaraciones de dos testigos. Según plantearon, esa posibilidad podía afectar el desarrollo de las diligencias pendientes y complicar la búsqueda de pruebas.

La fiscalía también cuestionó que el juez de garantías Eduardo Egea no hubiera establecido restricciones específicas de contacto entre los coimputados. Para la acusación, esa medida era necesaria debido al estado inicial de la investigación y a la posibilidad de que los involucrados coordinaran sus versiones.

En ese contexto, Salgado reiteró el pedido de prisión preventiva para A.A.A., I.M.N., K.P.S.P. y L.F.A., quienes están imputados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en Chos Malal.

En el caso de A.A.A., la acusación incluye además un cargo por tenencia ilegal de un arma de fuego de uso civil.

Una investigación que todavía tiene medidas pendientes

Otro de los argumentos presentados por la fiscalía fue que la causa aún tiene distintas diligencias por completar. Entre ellas, mencionaron nuevas entrevistas, el análisis de dispositivos electrónicos y el estudio de información vinculada con billeteras virtuales.

Para los representantes del Ministerio Público Fiscal, esas tareas requieren evitar cualquier posible interferencia de las personas imputadas. Por ese motivo, consideraron que las restricciones vigentes no eran suficientes y que la prisión preventiva era necesaria mientras avanzaba la investigación.

El planteo buscaba modificar la resolución que Egea había dictado el 9 de octubre, cuando rechazó el pedido inicial de prisión preventiva. Ante esa decisión, la fiscalía recurrió a una instancia de revisión para intentar que otro tribunal evaluara la necesidad de mantener detenidos a los cuatro acusados.

Sin embargo, los jueces que analizaron el planteo no compartieron los argumentos de la acusación y resolvieron sostener la decisión original.

Qué medidas deberán cumplir los imputados

Al fundamentar el rechazo, el tribunal consideró que las restricciones establecidas por el juez de garantías eran adecuadas para reducir el riesgo de entorpecimiento de la investigación. Las medidas vigentes incluyen la prohibición absoluta de mantener contacto con los testigos y la obligación de no acercarse a ellos a menos de 100 metros.

De acuerdo con el criterio de los magistrados, esas condiciones resultan suficientes para resguardar las declaraciones pendientes sin necesidad de recurrir a la prisión preventiva. De esta manera, la jueza Barbé y los jueces Bagnat y Pombo confirmaron por unanimidad la resolución del 9 de octubre y rechazaron el nuevo pedido de la fiscalía.

Los cuatro imputados continuarán sujetos a las medidas de coerción dispuestas mientras avanza la investigación por presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La decisión no resuelve la responsabilidad penal de las personas acusadas, sino que determina qué medidas se mantendrán durante esta etapa del proceso judicial.