La audiencia inició con el pedido de uno de los imputados para participar de forma virtual.
Este lunes a las 8.30 comenzó en la sala 12 de la Ciudad Judicial de Neuquén uno de los juicios más esperados y polémicos de los últimos años, conocido como la estafa de los planes sociales. La audiencia inició con el pedido de uno de los imputados, que sufre ataques de pánico, para participar de forma virtual.
Se trata de Fernando Cardozo Regidor, señalado como partícipe de la maniobra en el nivel más bajo de la pirámide, siendo uno de los beneficiados con parte del dinero.
Al inicio de la jornada, Cardozo permaneció en el segundo piso del edificio judicial con un ataque de pánico y trastorno de ansiedad. Ante la situación, la defensora pública Carolina Johansen pidió que su participación se lleve adelante vía Zoom.
El fiscal de Delitos Económicos, Juan Manuel Narváez, alegó que el tratamiento lo inició el 6 de mayo y apuntó: “No es suficiente para limitar su presencia para hacerla de manera virtual, puede desencadenar a otros planteos por estrés postraumático en otros testigos”.
Sin embargo, el pedido fue aceptado por el juez Juan Manuel Kees. “No es simple estrés como alega la fiscalía, esta persona ha tenido la intención de presentarse y está siendo atendida con una psicóloga. Corresponde hacer lugar, no hay controversias por el informe adoptado por la psiquiatra”, fundamentó.
De esta forma, se determinó su participación a través de Zoom, acompañado de una psicóloga.
Estafa con planes sociales: los que están en juicio
La teoría del caso de la fiscalía es que desde el 30 de septiembre de 2020 hasta el 31 de julio de 2022, funcionarios públicos y empleados del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; de la Contaduría General del Ministerio de Hacienda del Poder Ejecutivo de Neuquén; y particulares que colaboraron de manera externa a cambio de un beneficio económico, integraron una asociación ilícita con estructura piramidal que se apropió de $153.377.900 (monto histórico, sin actualizar).
Con roles y funciones predeterminados para cada uno de sus integrantes, realizaron un total de 9303 hechos de estafa, a partir de la administración y cobro indebido de asignaciones que habían sido creadas para atender demandas sociales generadas por situaciones de desempleo.
Respecto de las personas imputadas incluidas en la acusación, el equipo integrado por el fiscal jefe Pablo Vignaroli, el fiscal del caso Juan Narvaez y las asistentes letradas Agustina Jara y Tanya Cid, pretenderá penas superiores a los 3 años de prisión efectiva.
En el primer nivel de la pirámide se ubicaban los jefes: Ricardo Soiza, quien ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; Néstor Pablo Sanz, exdirector de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social; Marcos Ariel Osuna, ex responsable de Gestión de Programas del mismo organismo; Abel Di Luca, el exministro de Desarrollo Social; y Tomás Siengentharler, el excoordinador de Administración de esa cartera.
Luego, la investigación determinó otros cuatro niveles:
-Colaboradores: Luis María Gallo, Laura Carolina Reznick, Julieta Oviedo, Julio Norberto Arteaga.
-Reclutadora: Isabel Natalia Montoya.
-Recaudadores: Valeria Noemí Honorio, Ariel Oscar Krom, Emmanuel Rodolfo Victoria Contreras.
-Beneficiados por la maniobra: Alfredo Andrés Cury, Fernando Cardozo Regidor.
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