Juicio por planes sociales: "El dinero se usó para la política y para mantener al Movimiento Popular Neuquino"

Durante el alegato de apertura del juicio por el presunto fraude con planes sociales en Neuquén, el fiscal jefe Pablo Vignaroli expuso, con el eje central de la acusación, que los fondos del Estado destinados a planes sociales fueron desviados para fines políticos, principalmente para financiar al Movimiento Popular Neuquino (MPN) y sostener su estructura partidaria.

La declaración fue textual, y no a medias tintas, en el recinto cargado de tensión y chicanas, en un juicio que será largo, con 14 imputados. Además del detalle de los cinco niveles, desde el reclutamiento de beneficiarios de planes hasta la mecánica de los que decidían quién cobraba y cómo se extraía el dinero en "en ráfaga" a través de los cajeros automáticos de las cuentas del Banco Provincia de Neuquén.

“El dinero se usó para la política y para mantener al Movimiento Popular Neuquino”, afirmó Vignaroli frente al tribunal compuesto por Juan Mauel Kees, Juan Guaita y Luciano Hermosilla, que de alguna manera fue el indicador de cómo será el tono del juicio que ya se presenta como uno de los más polémicos de la corrupción neuquina.

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Juicio con planes sociales. El juez Juan Manuel Kess junto a Juan guaita y Luciano Hermosilla.

Sebastián Fariña Petersen

La fiscalía detalló que uno de los mecanismos centrales del fraude era el uso de reclutadores políticos que captaban personas en situación de vulnerabilidad para inscribirlas en programas sociales. A estas personas se les gestionaban tarjetas de débito, pero los plásticos no quedaban en manos de los beneficiarios, sino que eran retenidos por los punteros, quienes luego extraían el dinero.

Juicio con planes sociales: cheques y falsos beneficiarios

Según explicó Vignaroli, durante el juicio se va a escuchar cómo funcionaba esta lógica. Es decir, cómo se obligaba a empleados públicos del Ministerio de Desarrollo Social a ir al banco con los cheques, con los papeles de las tarjetas, a hacer los trámites. Sin embargo, todo estaba orquestado para que el control lo tuviera la estructura política.

También adelantó que se probará cómo algunos reclutadores usaron el dinero de los planes sociales para cuestiones personales e inversiones, como por ejemplo la compra de lotes en barrios cerrados de Plottier o en negocios comerciales, hasta un centro de estética por parte de una mujer acusada de reclutar beneficiarios.

A lo largo del juicio, la fiscalía organizará los testimonios en varios bloques temáticos. Uno de ellos es el rol que cumplían los empleados de Desarrollo Social, quienes se desempeñaban en la Dirección de Programas Sociales que explicarán cómo era su trabajo y cómo se los presionaba para facilitar el acceso a los fondos. De acuerdo a los testimonios que se brindarán durante el juicio, algunos describirán cómo era el sistema de entrega y control de tarjetas del BPN, los trámites bancarios y la falta de control sobre el destino de los fondos.

Además, cómo era la función del personal administrativo de ese ministerio, que conducía Abel Di Luca. En ese sentido, declararán quienes se encargaban de las acreditaciones y autorizaciones. Contarán cómo sabían (o debían saber) que muchas de las solicitudes eran irregulares o no justificadas. El objetivo será mostrar cómo la estructura administrativa fue funcional al fraude.

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El juicio se desarrollará con público y con prensa acreditada, pero no se podrá hacer filmaciones en vivo, según lo determinó el juez Kess.

Sebastián Fariña Petersen

También se mostrará cuál fue el rol de los efectivos policiales que intervinieron en allanamientos a organismos públicos, en los domicilios de los imputados y en la recolección de dispositivos electrónicos, como computadoras y teléfonos celulares. Relatarán también el contenido de escuchas telefónicas determinadas y cómo ayudaron a reconstruir el circuito del dinero.

Además, se expondrá la labor de los peritos contables y técnicos. La fiscalía presentará peritos que analizaron filmaciones de cajeros automáticos, donde se identificó a intermediarios y punteros extrayendo el dinero. Además, las contadoras del Ministerio Público Fiscal explicarán cómo se realizaban los cobros, cómo se organizaban las extracciones y cómo se trazó la ruta del dinero.

Una red de beneficios para la política

Vignaroli aseguró que todas las pruebas apuntan a demostrar que el sistema no estaba orientado a asistir a personas en situación de pobreza, sino a sostener una red clientelar. En ese sentido, indicó que esas personas no eran beneficiarias reales. Eran parte de un engranaje político que tenía como objetivo "mantener el poder del MPN”.

Al cierre del alegato, el fiscal dijo que una vez que todas estas pruebas sean escuchadas, se le pedirá la declaración de culpabilidad de los imputados por formar parte de un entramado que transformó la política social en un negocio partidario.

El juicio recién comienza, pero ya deja ver su potencial explosivo y toda la tela que hay para cortar, en medio de una fecha donde cada quien lo utilizará para la campaña política. La fiscalía se propone probar una maquinaria de corrupción estructural en Estado neuquino.

La teoría del caso de la fiscalía es que desde el 30 de septiembre de 2020 hasta el 31 de julio de 2022, funcionarios públicos y empleados del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; de la Contaduría General del Ministerio de Hacienda del Poder Ejecutivo de Neuquén; y particulares que colaboraron de manera externa a cambio de un beneficio económico, integraron una asociación ilícita con estructura piramidal que se apropió de $153.377.900 (monto histórico, sin actualizar). En total son más de $1.000 millones.

Con roles y funciones predeterminados para cada uno de sus integrantes, realizaron un total de 9.303 hechos de estafa, a partir de la administración y cobro indebido de asignaciones que habían sido creadas para atender demandas sociales generadas por situaciones de desempleo.