La Cámara de Apelaciones de Estados Unidos resolvió suspender la medida por una semana. Se trata del fallo por el juicio de nacionalización en 2012.
Se conoció que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York ordenó la suspensión preventiva la entrega del 51% de las acciones de YPF.
Este giro judicial se da luego de una reunión que se dio entre las partes involucradas este lunes, de la cual informaron mostrarse de acuerdo a la suspensión de manera preliminar de los efectos de la orden emitida por la jueza Loretta Preska.
Por la expropiación de la petrolera, Preska había ordenado a la Argentina el pago de la sentencia de US$16.000 millones. Según indicó la jueza estadounidense, el país no cumplió con los requisitos previos que le habían permitido acceder a la suspensión del fallo dictado en septiembre de 2023, sin necesidad de presentar garantías.
Los argumentos de Argentina para no entregar las acciones
Los abogados del país ya habían apelado la semana pasada y presentaron así los argumentos por los cuales se opone a la orden de Preska, de transferir el 51% de las acciones estatales de YPF al bufette inglés Burford Capital.
Entre otros argumentos, la defensa argentina sostiene que la orden de la jueza Preska de entregar las acciones viola el derecho federal norteamericano, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y principios de cortesía internacional.
Además, pone sobre la mesa la Declaración de Interés hecha por el Departamento de Justicia estadounidense, considerado un "apoyo" del gobierno de Donald Trump. La presentación también advierten sobre un "ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial".
Qué se sabe sobre el caso de YPF y sus acciones
El 15 de septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska condenó a la Argentina a pagar US$16.100 millones por la expropiación de YPF realizada en 2012, un monto que ahora asciende a US$17.750 millones, si se agregan los intereses.
La situación benefició a Burford y Eton Park, que compraron los derechos para litigar que tenía el grupo Petersen, de la familia Eskenazi, que tenía el 25% de YPF al momento de la expropiación.
El reclamo se basó en que el gobierno de Cristina Kirchner no cumplió con el estatuto de YPF porque nacionalizó la participación de Repsol en la compañía. Finalmente, le pagó con bonos, pero no ofreció una operación similar al resto de los accionistas.
De esta forma, la medida preventiva que se logró da más tiempo a las partes para entregar sus argumentos sobre esta situación. Burford se espera que lo haga el próximo jueves 17, mientras que Argentina haga lo suyo el martes 22 de julio. Ambas partes habían solicitado esta prórroga que fue concedida hasta hoy.
"Los apelados han indicado su oposición a la solicitud de suspensión en espera de la apelación, pero no se oponen a la entrada de una suspensión administrativa temporal para permitir la presentación ordenada de la información y la consideración de la solicitud de suspensión", expresó sobre la postura de Burford el escrito firmado por Catherine O’Hagan Wolfe, Clerk of Court, secretaria del tribunal de apelaciones.
Luego será la Cámara quien decida si el país debe entregar sus acciones, como indicó la jueza Preska o no. Esta decisión podría ser la semana próxima o la siguiente, en principio.
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