Familias denuncian fuga de gas y se niegan a enviar a sus hijos al Jardín 23

La comunidad educativa del Jardín 23 se encuentra atravesando momentos de preocupación, dado que las clases debieron ser suspendidas tras detectarse síntomas compatibles con intoxicación por monóxido de carbono en docentes y al menos un alumno. Crece la demanda por respuestas claras y acciones concretas que garanticen condiciones seguras para el desarrollo de las actividades escolares.

Desde el incidente ocurrido el pasado 25 de abril, tanto las autoridades educativas como la empresa Camuzzi realizaron diversas inspecciones y trabajos para intentar determinar el origen del malestar y del fuerte olor a gas que había sido denunciado por el personal y las familias.

A pesar de que los análisis descartaron la presencia de monóxido de carbono, desde Camuzzi se procedió igualmente a intervenir el sistema de calefacción. Según indicaron, se efectuaron reparaciones en la caldera para prevenir posibles fugas y se dejó el sistema a la espera de una nueva habilitación formal.

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No obstante, el retorno a clases continúa suspendido hasta tanto se reciban las habilitaciones oficiales, y persisten las dudas entre las familias. Muchos padres y madres aseguran no sentirse seguros respecto a las condiciones del lugar. La principal preocupación gira en torno al hecho de que se trata de un establecimiento que alberga a niños y niñas de entre 3, 4 y 5 años, edades especialmente vulnerables ante cualquier exposición a gases o fallas estructurales.

La inquietud llevó a que el último lunes se realizara una reunión entre familias y docentes en busca de respuestas, y para definir los próximos pasos. En ese encuentro, se compartieron nuevas observaciones realizadas por padres que, además, son gasistas matriculados. Estos especialistas advirtieron con alarma el estado deficiente de los tubos de ventilación del edificio, que según señalaron “no deberían estar en esas condiciones” por representar un riesgo potencial para la salud de quienes transitan el jardín a diario.

Uno de los padres incluso llevó un detector de gases que mide hasta cuatro tipos de atmósferas diferentes, el cual marcó presencia de dióxido de carbono en el ambiente. Aunque el valor detectado —dos partes por millón— no supera los límites considerados peligrosos, encendió nuevamente las alarmas, sobre todo porque se registró en un momento en que ni las cocinas ni los termotanques estaban en funcionamiento. “Es un edificio muy grande, y si sin tener nada prendido ya da ese valor, preocupa lo que puede pasar en pleno invierno, cuando todo esté en uso”, comentó una de las autoridades del establecimiento en diálogo con Canal 7 Noticias.

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Llega el frío y el monóxido de carbono vuelve a transformarse en un asesino silencioso.

Preocupación y acción

En ese marco, las familias tomaron una decisión conjunta: elevarán una nota al Consejo Provincial de Educación (CPE) solicitando que se garantice la presencia inmediata de personal del área de Seguridad e Higiene. El pedido no se limita a una revisión del sistema de calefacción, sino que busca una inspección integral del establecimiento para verificar si cumple con todas las condiciones necesarias para funcionar con normalidad.

“Ya fue una familia de manera individual, pero decidieron ir colectivamente. Quieren que alguien del Consejo venga a revisar cada rincón, no solo las calderas”, explicó la docente.

Mientras tanto, las clases continúan suspendidas. Desde la dirección del jardín informaron que no se retomarán las actividades presenciales hasta tanto no se cuente con la habilitación oficial por parte de Camuzzi y la autorización de las autoridades educativas superiores.

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Las familias, mientras tanto, se mantienen organizadas, informadas y firmes en su decisión de no permitir el regreso a clases hasta tanto no se garantice un ambiente sano y seguro para sus hijas e hijos.