Los Fvta Xayen evitaron una condena por usurpación de un campo en Tratayén, pero siguieron reclamando la posesión. El TSJ los desacreditó y no se rinden.
El reclamo de privados para rediscutir los relevamientos territoriales pone en alerta a los mapuches en otras zonas, como en Vaca Muerta.
La autodenominada comunidad mapuche Fvta Xayen insiste en llevar su reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de que el Tribunal Superior (TSJ) de Neuquén le negara su reconocimiento, como parte legítima en una causa civil por interdicto, en el paraje Tratayén, iniciada por la familia Galván.
El caso -que es una disputa por posesión de tierras en un campo- ya fue atravesado por varios recursos e intentos de frenar el proceso judicial, todos impulsados por personas que aseguran pertenecer a la comunidad indígena. Es un tema recurrente en Neuquén: las escrituras de los privados versus la reivindicación de la ocupación tradicional mapuche. Pero en este caso, la comunidad no tiene personería jurídica.
Es que el TSJ rechazó el planteo que viene desde hace años. No hay personería jurídica, ni reconocimiento oficial, ni a nivel nacional ni provincial. Y sin eso, no hay lugar en el expediente para seguir batallando el reclamo de esas tierras, escrituradas en 1977 a nombre de Félix Galván.
Pero la defensa de los demandados no se rinde en el ámbito judicial. Recurrieron en queja federal para que sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que tome la última palabra. Pero en el camino, arrastran una serie de planteos calificados por la parte actora como “dilatorios”, “caprichosos” y hasta “desviados del ordenamiento jurídico”. En otras palabras, de alargar una causa donde no hay sujeto mapuche reconocido.
El abogado Juan Fittipaldi -apoderado de la familia Galván- pidió al TSJ que rechace el recurso extraordinario federal “por improcedente” y denunció una maniobra jurídica que intenta forzar la inclusión de un actor inexistente, que es la supuesta comunidad sin inscripción en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Renaci) ni personería civil. “No puede apelarse por una persona que nunca fue parte del proceso”, disparó.
Según Fittipaldi, todo se reduce a una cuestión de posesión. Se trata de un trámite sumarísimo, para cesar una turbación de posesión sobre un predio privado con título perfecto y registrado. "No hay cuestión indígena aquí. Hay una ocupación ilegal de personas físicas que se escudan en una figura comunitaria no reconocida”, sostuvo.
Estos actores que se autodenominaron Fvta Xayen protagonizaron un conflicto en 2017 con los Galván, en la zona de Los Algarrobos y Los Pilares. Es un sector cercano a los campos de Formaro, Ferracioli y Paredes, que fueron ocupados en ese año. El Ministerio Público Fiscal les ofreció una salida alternativa y evitaron una condena. Sin embargo, siguieron reclamando la posesión de la tierra.
A su vez, el abogado recordó que la Ley 26.160 -que suspendía los desalojos y establecía el relevamiento territorial indígena- fue derogada en diciembre de 2024 por el decreto 1083/24. “No existe cauce vigente para esos reclamos. El intento de reintroducir el tema por vía del recurso a la Corte es parte de la estrategia de confundir lo territorial con lo procesal”, señaló.
El recurso que había presentado la comunidad fue rechazado en todas sus partes y el TSJ resolvió tratar el planteo solo en relación con personas físicas y dejó fuera del proceso cualquier invocación colectiva de derechos por parte de una comunidad no reconocida. Se trata de Diego Rosales, Martín Mardones, Luis González, Horacio Romero y Liliana Romero, que se habían autodeterminado como parte de los Fvta Xayen.
El TSJ debe decidir si concede o no el recurso federal. Y aunque en los hechos no hay una comunidad jurídicamente constituida, la causa podría sentar un precedente y es si una agrupación no reconocida puede apelar hasta la Corte Nacional.
Un campo y la resistencia de dos hermanos
La causa había sido demorada en varias ocasiones por este motivo, ya que existía una interpretación de que mientras durara el relevamiento no podían avanzar procesos judiciales de desalojo. Con el fallo del TSJ, esa etapa quedó superada y se ordenó continuar con el trámite en primera instancia.
Pero los mapuches no estaban “ocupando” efectivamente las tierras en Tratayén, sino que más bien hay un tema con la posesión. Cada vez que los dueños del campo quieren trabajar (tenían una proyecto de alfalfa) "aparecen personas que se denominan de la comunidad" y frenan cualquier intento de intervenir, emparejar o cultivar una parte del campo.
La familia Galván, propietaria del campo en Tratayén, había iniciado una acción civil de interdicto posesorio, una figura jurídica que protege el ejercicio de la posesión ante actos de turbación, sin requerir demostrar el dominio. Pero la familia tiene la escritura del campo que en su momento compró Felix Galván, un vecino de Centenario que comenzó a trabajar la tierra, y que le llevó décadas levantar esas plantaciones de peras, manzanas y fruta de carozo.
Galván falleció, en su momento dijo la familia por las amarguras del largo peregrinar judicial, y el campo quedó para los hijos, Carolina y Fernando.
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