El Ministerio Público Fiscal pidió que se anule el fallo de la jueza y que se formulen cargos por usurpación clandestina. Ya llevan más de cien días en un predio municipal.
La toma en Aluminé lleva 116 días.
La toma en Aluminé generó cierta controversia en el ámbito judicial dado que el Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió en las últimas horas que se anule la decisión de una jueza de garantías que rechazó la formulación de cargos contra cinco personas por el presunto delito de usurpación de tierras en un predio municipal.
Se trata de un grupo de personas que el pasado 31 de mayo ocupó un predio en las afueras de esa localidad cordillerana y que, pasados 116 días, aún permanecen en el lugar.
El pedido lo efectuó el fiscal del caso Marcelo Jofré, mediante la presentación de una impugnación ordinaria este último martes. Solicitó que se declare la nulidad de la resolución jueza de garantías de Leticia Lorenzo, y que se programe una audiencia de formulación de cargos ante un nuevo juez o jueza.
En tanto, los ocupantes del predio manifestaron su disconformidad y rechazo a este último pedido del MPF.
La respuesta de los ocupantes
"Hoy precisamente estamos cumpliendo 116 días, acá bajo los nylon pasamos todo el invierno", sostuvo Paulo Ibarra, de la toma 31 de Mayo, tal como la denominaron sus ocupantes.
“Si te tengo que decir lo que yo pienso es que acá hay un entongue político o un emprendimiento inmobiliario”, dijo en declaraciones radiales e indicó que están empeñados en perjudicarlos. Agregó: “El fiscal está ensañado con nosotros”.
Ibarra explicó que se instalaron el 31 de mayo en el terreno fiscal que cedido por la comunidad Mapuche al municipio hace 40 años para para emprendimiento habitacional. “Nunca se hizo”, remarcó. En el 2014 se presentó un proyecto en el Concejo Deliberante, que fue aprobado para un loteo social, pero nunca se ejecutó.
“Yo hace 21 años que vengo entregando carpetas al municipal. “Tres carpetas se perdieron. Se le está dando terrenos con casas a gente que viene de afuera, que no te digo que no se los merece, sí se lo merece. Pero acá hay prioridades”, dijo e indicó que su familia está compuesta por su esposa y tres hijos que alquilan a un valor de 650 mil pesos; y pesar de estar anotados hace más de 20 años, aún no tiene respuesta.
Qué harán ante una nueva orden de desalojo
Los ocupantes desestimaron la posibilidad de ser relocalizados. “Yo me voy a quedar acá, en el terreno donde estoy. Yo quiero esto. Las 55 familias queremos esto porque eso de la relocalización, yo te voy a explicar cómo funciona acá. Te pagan el alquiler dos o tres meses, lo que le ha pasado a gente que hoy ya tenemos en nuestro asentamiento, o te dan un plan social. A mí no me va a solucionar mi problema habitacional ni a nadie con un plan social o con pagarme dos o tres meses de alquiler. Son jugadas sucias y jugadas políticas”, opinó.
En el caso de un pedido de desalojo, el ocupante responsabilizó a las autoridades de lo que pudiera suceder. “Yo en este momento lo estoy haciendo responsable a los señores intendente, gobernador, y al fiscal, Marcelo Jofré. Lo hago responsable directo del derrame de sangre que va a haber”, cerró.
Las razones del MPF
En la impugnación, el representante del MPF planteó que la decisión de la jueza de garantías de Leticia Lorenzo, fue arbitraria y que “vulneró el principio de inmediación y el debido proceso, al efectuarse una valoración de hecho presentado como atípico y como consecuencia de ello, se fundamenta el dictado del rechazo de la formulación de cargos”. Agregó que la arbitrariedad surgió además porque la resolución fue “lógicamente contradictoria con la prueba exhibida al presentar el caso de formulación de cargos, evitando poder llegar a un juicio y determinar la responsabilidad penal de los imputados”.
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