Laura Herrera perdió a su padre en la tragedia del 22 de septiembre, de 2022, en la destilería de Plaza Huincul. Espera que el juicio repare el daño causado.
“Nos encontramos solos, sin nuestros familiares y con el abandono de todas las instituciones. La empresa pensó primero en su producción, no en sus empleados”, planteó con dolor evidente Laura Herrera en el inicio del control de acusación a los imputados por la explosión en la destilería New American Oil S.A. (NAO), de Plaza Huincul, el 22 de septiembre de 2022, que le costó la vida a tres operarios, entre ellos su padre, Víctor Herrera.
A casi tres años del hecho, en el que fallecieron también Fernando Jara y Gonzalo Molina, las familias siguen reclamando justicia, a la vez que se declaran víctimas del abandono institucional y empresarial.
En una entrevista con la radio LU5, Laura Herrera cuestionó el proceso de investigación desde el principio. “Dos semanas después del siniestro, la fiscalía entregó el lugar para una supuesta limpieza ambiental. Pero fue mentira. Hoy siguen trabajando en las mismas condiciones”, se quejó.
La destilería volvió a funcionar
La planta de la destilería, que anteriormente funcionaba como planta de producción de asfalto, volvió a operar en marzo de 2023, pese a que la red de incendios aún no está habilitada, según denuncian los familiares.
“Es la primera vez que hay tantos acusados en un caso así. Esperamos que la justicia esté del lado de la verdad. Las víctimas fueron a trabajar y no estaban dadas las condiciones”, expresó la hija del operario fallecido. La causa judicial tiene seis imputados, entre ellos ingenieros, licenciados y un gerente de planta. Las familias esperan una condena ejemplar.
La Fiscalía y los querellantes en la causa coincidieron en señalar que en torno a la tragedia se registró "un sinfín de irregularidades" provocadas por la priorización de la ganancia económica sobre la seguridad del personal por parte de los imputados.
El proceso judicial llegó a esta instancia con seis acusados como autores del delito de estrago doloso agravado: Rodrigo Arias, gerente general de NAO, que cumplía funciones en Buenos Aires; Guido Torti, jefe de planta; Silvio Fabián Saibene, jefe de mantenimiento; Gimena Brillo, responsable de Seguridad e Higiene; Natalia González, a cargo de Seguridad e Higiene; y Alfredo Eduardo Novaro, auditor externo.
Familias sin respuestas ni reparación
Víctor Herrera tenía 62 años y trabajaba en la empresa desde hacía dos décadas. Tras su muerte, la familia quedó sin obra social ni ingresos, ya que él era el único sostén económico. “El dueño de la empresa llegó recién a las 10 de la noche, se lavó las manos y nunca más apareció. Tuvimos que salir a buscar nuestros propios abogados”, relató Laura.
El juicio por resarcimiento económico sigue en curso, mientras las familias continúan esperando una respuesta. “Si no salíamos como familia a luchar, este caso se habría olvidado”, agregó.
“Si mi papá estuviera vivo, estaría reclamando por sus compañeros. Lo conocían todos, hasta los acusados. Hoy no nos dan ni la cara”, lamentó. Herrera aseguró que el reclamo no es contra los trabajadores, sino a favor de que se respeten las condiciones laborales seguras y dignas en las operaciones industriales.
El pedido de justicia se sostiene desde hace casi tres años. “Ojalá este reclamo sea un ejemplo para la industria. En lo que entran son personas, no números. Y detrás de cada trabajador hay una familia. Acá estamos nosotros, presentes”, concluyó.
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