Procesaron a casi una veintena de personas por la desaparición de Sergio Ávalos
La medida fue adoptada por el Juzgado Federal 2 de Neuquén capital y las fuerzas de seguridad empezaron a notificar al conjunto de los involucrados.
La justicia federal procesó a casi una veintena de personas por la desaparición de Sergio Ávalos.
A más de 22 años de la desaparición del estudiante universitario Sergio Ávalos, la Justicia Federal procesó a casi una veintena de personas por su desaparición forzada. La decisión fue adoptada por el magistrado Gustavo Villanueva, quien ya había avanzado con las indagatorias y otras medidas investigativas.
En el transcurso de esta tarde, el juzgado federal 2 de esta capital emitió las correspondientes notificaciones para que las fuerzas de seguridad nacionales se encarguen de entregarlas a las mujeres y hombres imputados.
La causa está caratulada como privación ilegal de la libertad agravada y atravesó distintas instancias. Desde hace un tiempo importante, la familia de Ávalos aguardaba una decisión del juez federal a cargo. De acuerdo a la información a la que pudo acceder este medio, los procesamientos incluyen la prisión preventiva, aunque en la mayoría de los casos se contemplan embargos y otras medidas que posibilitarían que los involucrados no sean detenidos.
Coautores y partícipes necesarios
Entre las particularidades del procesamiento, se distinguen dos grupos de personas según las responsabilidades que les atribuye el juez en la desaparición de Ávalos. Como coautores del delito de desaparición forzada de personas, se encuentran Osvaldo Daniel Carracedo, Roberto Alejandro Costa, María Alejandra Siboldi, Irene Esther Fuentes, Juan Darío Arévalo Smith, José Luis Flores, Alfredo Humberto Cortínez, Pedro José Sepúlveda Palacios, Eugenio Alejandro Tarifeño, Rubén Ángel Ferreira y Patricio Sesnich.
En tanto, hay un segundo grupo de imputados que está considerado partícipe necesario. Los procesados en este caso son Diego Alberto Herman, Cristian Rubén Cepeda, Rubén Gustavo Escobar, Pablo Martín Fantón, María Teresa Monsalve, Ítalo Edgardo Soto, Pedro Ángel Pacheco y Pedro Raúl Nardanone.
De manera paralela al procesamiento, el juez avanzó con los embargos por distintas sumas de dinero que, por ejemplo en el caso de Nardanone, se eleva a 42 millones de pesos.
Más allá de que se contempla que los procesados puedan permanecer en libertad, el juez Villanueva emitió múltiples disposiciones para evitar cualquier maniobra de fuga de los involucrados en la causa penal.
Prohibición de salir del país
El conjunto de los imputados tiene prohibido de salir del país sin permiso del juzgado federal neuquino; no pueden permanecer más de diez días fuera de sus domicilios; deberán presentarse todos los meses en una oficina judicial para dar cuenta de su paradero; y, hay un apartado especial para el imputado Pablo Martín Fantón, quien vive en Paraguay y, en su caso, deberán intervenir los efectivos de la Interpol para notificarlo y controlar sus movimientos.
Recién en la jornada de mañana martes se conocerá si todos los involucrados lograron ser notificados en forma fehaciente y si es necesario emitir algún pedido de captura u otra medida. Por otra parte, debido a que en la mayoría de los casos se fijaron montos millonarios en carácter de embargo, los procesados deberán confirmar si poseen dinero o bienes que permitan cubrirlos.
En cuanto a los procesados, hay militares, policías y exempleados del boliche las Palmas.
La causa atravesó múltiples etapas: una primera investigación local calificada como “averiguación de paradero”, derivaciones inconducentes, desvíos, encubrimientos y recién en 2013 el paso al fuero federal, tras el reclamo de la familia y el respaldo de organismos de derechos humanos.
En 2020, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció la competencia federal y la calificación del caso como desaparición forzada, un delito permanente mientras no se esclarezca el paradero de la víctima.
Militares retirados y exempleados de Las Palmas entre los procesados
Según el fallo al que accedió este medio, el personal del local operaba bajo un esquema de vigilancia cerrado, con cámaras, handy y estructuras de control interno. Había un “cuartito de seguridad”, ubicado cerca de la entrada, donde -según testimonios— se golpeaba a clientes con la venia de los encargados.
Los imputados integraban ese sistema: militares retirados, policías en actividad y retirados, personal de seguridad privada, empleados y encargados, todos bajo la coordinación de Patricio Sesnich y la dirección del dueño del boliche, Pedro Nardanone.
La acusación plantea que esa madrugada del 14 de junio, luego de un incidente dentro del local, Sergio Ávalos fue interceptado, golpeado y hecho desaparecer. Y que desde entonces se sostiene un “pacto de silencio” que impidió conocer la verdad durante más de 20 años.
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