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La Mañana Caso Ávalos

Caso Ávalos: la Justicia Federal comienza a indagar a los imputados

Semana clave a casi 21 años de la desaparición forzada en la que están involucrados Nardanone y Sesnich, dueño y encargado, y la seguridad de Las Palmas.

A casi 20 años de la desaparición forzada de Sergio Daniel Avalos, la Justicia Federal comienza con las indagatorias a los 20 imputados. Entre ellos están Pedro Nardanone y Patricio Sesnich, dueño y encargado del boliche Las Palmas, lugar donde se lo vio por última vez con vida, la madrugada del 14 de junio de 2003, al joven estudiante de la Universidad Nacional del Comahue.

Además, también serán indagados los integrantes de la seguridad del local nocturno que funcionó en calle Primeros Pobladores al 2000 en Neuquén capital, entre los que había militares en actividad, inhabilitados para realizar ese tipo de tareas paralelas, policías neuquinos, empleados del municipio y del boliche.

Estás imputaciones son un hecho histórico ya que es la primera vez que la Justicia Federal, la local nunca avanzó sobre las responsabilidades, que se indagará a los sospechosos según lo establece el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación.

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Esto quiere decir que el juez federal Gustavo Villanueva tiene elementos de prueba suficiente para sospechar que todos los imputados han participado de la desaparición forzada de Sergio Ávalos que es un delito de lesa humanidad, de ejecución continua y cuya pena es la prisión perpetua.

Ya todos los involucrados fueron citados a principios de este año mediante un oficio que libró el juez Villanueva y por el cual la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se encargó de notificarlos, de hecho, a esta altura, todos ya designaron abogado defensor.

Si bien estaba previsto para que se arrancara este miércoles con las indagatorias, lo más seguro, según pudo cotejar este medio, es que pasen para el jueves ya que hubo una solicitud para compulsar el expediente. Por este motivo la Justicia Federal debe suministra la prueba sustancial sin develar ninguna fuente reservada que figure en la causa.

De hecho, todavía no hubo ningún tipo de presentación con fines dilatorios, algo bastante común en las causas de delitos de lesa humanidad.

Si todo se mantiene como hasta ahora, el jueves se arrancará con las indagatorias donde según el artículo 295 del Código Procesal Penal sólo podrá estar presente en la sala el juez, la fiscal, el imputado y su defensor. En ese acto, del que no puede participar la querella, el juez Villanueva deberá explicar el delito que se le atribuye, ya mencionado, y el rol en dicha trama de cada uno de los imputados.

La última foto que se tomó Sergio Ávalos fue el 11 de junio de 2003 para obtener el DNI porque lo había perdido. En ella lleva puesta la campera negra y es una imagen emblemática de las marchas.
La última foto que se tomó Sergio Ávalos fue el 11 de junio de 2003 para obtener el DNI porque lo había perdido. En ella lleva puesta la campera negra y es una imagen emblemática de las marchas.
La última foto que se tomó Sergio Ávalos fue el 11 de junio de 2003 para obtener el DNI porque lo había perdido. En ella lleva puesta la campera negra y es una imagen emblemática de las marchas.

Hasta el momento, se sabe que ninguno de los involucrados quedará detenido en esta instancia del proceso.

Vale recordar que desde 2009 la Cámara Nacional de Casación Penal sentó las bases de la nueva doctrina sobre excarcelaciones al dictar el acuerdo plenario conocido como “Díaz Bessone”.

La Cámara dejó en claro que incluso los acusados por delitos graves tienen derecho a gozar de libertad durante el proceso, siempre que no entorpezcan la investigación o haya peligro de fuga.

En la causa Ávalos, mal que pese, todos los imputados están a derecho y no se dan los riesgos procesales previstos. Primero, ya no hay posibilidad de entorpecer la investigación porque está concluida, motivo por el cual el juez federal ordenó las imputaciones. Y segundo, el riesgo de fuga no está probado porque todos los involucrados han permanecido en la provincia y las salidas que tuvieron del país a lo largo de estos 20 años han sido ocasionales y han regresado, dato que fue chequeado por Migraciones.

En cuanto a los querellantes, Sergio Heredia y Leandro Aparicio, se supo que en cuestión de semanas podrían estar presentando un pedido de imputación que no sólo involucra a los 20 ya citados por la Justicia Federal si no que incluye al personal policial que participó de la investigación auxiliando a la fiscalía de Graves Atentados contra las Personas (GAP).

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