Caso Ávalos: indagaron a los militares y se resquebrajó el pacto de silencio

El juez federal Gustavo Villanueva arrancó el jueves con las indagatorias a los imputados en la desaparición forzada del estudiante de la UNCo, Sergio Ávalos, que fue visto con vida por última vez la madrugada del 14 de junio de 2003 en el boliche Las Palmas. De hecho, los imputados en dicha causa son el dueño, el encargado y todo el personal vinculado a la seguridad del local.

El primer combo de indagados fue el personal del Ejército Argentino que se desempeña haciendo tareas de seguridad en el boliche, manejándose al filo de la ley.

Si bien las indagatorias se realizaron a puertas cerradas, por la información que pudo cotejar este medio, se supo que en la sede judicial se presentaron Osvaldo Daniel Carrecedo, Roberto Alejandro Costa y María Alejandra Siboldi, solo resta Diego Alberto Herman que declarará en las próximas semanas.

Todos eran integrantes del Batallón de Ingenieros de Montaña 6 y se desempeñaban como seguridad en Las Palmas al momento de la desaparición del joven de 18 años oriundo de Picún Leufú.

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Un relojito

Fiel al estilo militar, Carracedo, Costa y Siboldi cumplieron con el horario pautado. De hecho, llegaron entre 10 y 15 minutos antes del horario que se les había asignado para la indagatoria.

Se presentaron con sus respectivos abogados y solo Siboldi tuvo que viajar, ella vive en Buenos Aires, el resto reside en Neuquén por lo que no hubo grandes complicaciones.

Tras las formalidades de inicio de la indagatoria, el juez les comunicó que estaban imputados de la “desaparición forzada de Sergio Ávalos, delito de ejecución continua que se está cometiendo, y de ocultamiento de información”.

Después, en cada uno de los casos se brindaron distintas particularidades que no daremos a conocer para no entorpecer el accionar de la justicia.

Lejos de optar por el silencio, los militares optaran por declarar y lo hicieron por espacio de una hora y media a dos, en la cual Villanueva y su secretario preguntaron de todo.

Al concluir la indagatoria, todos firmaron el acta respectiva y se fueron del juzgado federal más incómodos de lo que habían llegado.

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El pacto que se fisuró

A lo largo de la investigación del caso Ávalos, en marzo de 2018 dimos a conocer detalles claves de la trama del pacto de silencio.

En ese entonces revelamos que todos los imputados habían sellado un pacto para fingir que esa fría madrugada de la desaparición de Sergio Ávalos no pasó nada de nada.

Todos debían responder lo mismo y para eso habían hecho una suerte de machete con las respuestas que debían dar ante las autoridades al comienzo de la investigación en junio de 2003.

El ayudamemoria fue encontrado en la casa de Pedro José Sepúlveda Palacios, un exmilitar chileno que residía en una de las casas del predio de Las Palmas y que se desempeñaba como seguridad del boliche cuyo dueño era Pedro Nardanone y el encargado Patricio Sesnich, los tres están imputados en la causa.

El papelito tenía el título “Declaración”, si bien lo pueden leer porque la letra es clara, pese a los errores de ortografía, les reproduzco las respuestas.

“Yo colaboro con la seguridad; no lo vi ingresar a Sergio; no tengo relación con lo de Sergio; desconozco todo movimiento de Sergio; la seguridad Jofré y Carracedo; no sé todo lo que pasa en el boliche, y nunca participé en actos violentos”.

De esa misma forma habrían comenzado a responder la indagatoria los militares ante la Justicia Federal, lo que dejó en claro que hay un pacto de silencio vigente después de más de 20 años.

No obstante, por lo averiguado por LMN, el manejo de la prueba y de la causa que tiene el juez federal y su secretario habrían sido claves para fisurar dicho pacto y obtener detalles importantes. Siempre los detalles en toda investigación criminal son relevantes.

Es por lo que afirmamos que el pacto de silencio se resquebrajó, aunque por ahora no se puedan brindar demasiados detalles.

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El gris de las changas militares

Como ya señalamos en LMN y también lo cuestionó el abogado querellante Sergio Heredia, el personal del Ejército en actividad no podía hacer este tipo de tareas, pese a ello, realizaban estas “changas”.

A su vez, el municipio, en ese entonces, poco y nada controlaba. Vale destacar que este medio obtuvo el testimonio de un funcionario municipal, que luego fue integrado al expediente federal, donde daba a conocer que nunca se controló al personal de seguridad y que los inspectores municipales “eran untados” por el boliche.

Como botón de muestra podemos mencionar que Eugenio Alejandro Tarifeño, también imputado, era empleado del área de Comercio del municipio y hacía unos extras trabajando como seguridad interna en el boliche Las Palmas. Totalmente irregular.

Existía toda una red de connivencia que permitían que Nardanone y Sesnich articularan lo que quisieran sin tener que rendir cuentas a nadie. Es por lo que contrataban municipales, policías y militares. Tenían un halo de protección muy importante.

Lo cierto es que las changas de los militares caminan por un filo donde no termina de quedar en claro si para realizarlas necesitaban una autorización verbal o escrita de los superiores.

Al inicio de la investigación por la desaparición de Ávalos, el jefe del batallón, teniente coronel Walter Ovidio Temperini, respondió casi de inmediato un pedido que realizó el jefe del Departamento de Seguridad Personal de la Policía del Neuquén el comisario Osvaldo Almendra.

En dicho escrito, Temperini admitió que los mencionados militares trabajaban en Las Palmas y algunos lo hacían desde 1995 y otros habían ingresado ese mismo año como seguridad en el local bailable.

No obstante, el jefe del Batallón concluyó el escrito de dos páginas aclarando: “En la Institución no figura ningún tipo de registro debido a que los causantes hacen ese tipo de trabajos luego del horario de actividad de la unidad en forma particular”.

Es decir, en el Ejército, una institución sumamente verticalista, cada uno podía hacer los que quisiera y no había ningún tipo de control. ¿Qué nos perdimos?

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La respuesta del jefe del batallón, Teniente Coronel Walter Ovidio Temperini, a la Policía neuquina.