La última definición que tomó la Justicia contra Gloria Ruiz y otra funcionaria de la Legislatura

El Tribunal de Revisión, integrado por los jueces Juan Manuel Kees, Marco Lupica Cristo y la jueza Carolina García, confirmó los embargos dispuestos contra Gloria Ruiz y otra funcionaria de la Legislatura en el marco de la causa judicial.

La resolución fue dictada tras analizar los recursos presentados por las defensas de ambas imputadas, quienes habían solicitado revisar lo dispuesto por el juez de garantías Lucas Yancarelli el pasado 30 de octubre. En esa oportunidad, el magistrado había ordenado medidas cautelares de embargo sobre bienes y cuentas bancarias, lo que motivó los planteos de los abogados defensores por considerar que los montos eran excesivos.

Según consta en el expediente, los bienes embargados superarían los límites que la fiscalía pretende garantizar en concepto de eventual reparación de daños. En el caso de Gloria Ruiz, el embargo ascendería a aproximadamente 120 millones de pesos, mientras que para la otra funcionaria implicada alcanzaría los 90 millones.

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Los defensores alegaron que las sumas establecidas resultan desproporcionadas en relación con el objetivo de asegurar una eventual indemnización, y que el alcance de la medida afectaría cuentas bancarias y propiedades sin una justificación detallada sobre su valor o necesidad.

Los fundamentos del Tribunal

En su resolución, el Tribunal de Revisión consideró que la decisión del juez Yancarelli estuvo debidamente fundamentada y ajustada a derecho. Sostuvo que las medidas cautelares adoptadas se enmarcan dentro de las facultades judiciales previstas por el Código Procesal Penal y que el resguardo patrimonial ordenado busca garantizar el cumplimiento de una eventual sentencia condenatoria o el reintegro de fondos en caso de que se determine responsabilidad penal.

Asimismo, los magistrados remarcaron que las defensas conservarán la posibilidad de requerir una revisión futura una vez que se realicen las tasaciones de los inmuebles afectados. “Podrán solicitar ante un juez el levantamiento de algún embargo y ofrecer qué bien inmueble puede ser embargado hasta alcanzar el monto requerido por la fiscalía”, señalaron.

Con esta resolución, el embargo dispuesto sobre los bienes y cuentas de las funcionarias permanece vigente hasta tanto se determine, mediante peritajes y tasaciones, el valor real de los activos involucrados. Luego de esa etapa, las defensas podrán presentar nuevos pedidos de revisión si consideran que los montos superan lo necesario para garantizar los fines del proceso penal.

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El fallo del Tribunal de Revisión representa un respaldo a la actuación del juez de garantías y a la línea de la fiscalía, que había solicitado asegurar el patrimonio de las imputadas ante la magnitud de los fondos investigados. La causa continúa su curso en el fuero penal, donde se evaluarán las pruebas y los eventuales alcances de las responsabilidades atribuidas.

Enriquecimiento ilícito

Los cargos formulados a Gloria Argentina Ruiz fueron por haber incrementado su patrimonio, sin poder acreditar el origen de ese incremento, luego de su asunción como vicegobernadora.

En concreto, se refirió a la compra de una camioneta marca Toyota, modelo SW4, con un valor de $76.837.220, en junio de 2024, cuando el único ingreso declarado fue el salario que percibía por el cargo que ocupaba, siendo el primero, en enero de 2024, de $2.000.000; y el último, en noviembre, de casi $5.000.000.