Estuvo acompañando a un nene con trastorno autista, pero el padre la descubrió, aunque intentó seguir sosteniendo la mentira.
La Justicia resolvió suspender el juicio penal contra una docente acusada de utilizar un título trucho, y haberle brindado apoyo escolar a un nene diagnosticado con Trastorno Hipercinético (TEA).
Sandra Mariela Reus fue denunciada por usurpar un título universitario, falsificar documentos públicos y estafar. El caso se remonta a marzo de 2021 en la provincia de de San Luis.
Según se detalla, un padre buscaba una maestra de apoyo escolar para su hijo de cuatro años, diagnosticado con Trastorno Hipercinético (TEA). En ese contexto, Reus se presentó como profesora de Enseñanza Diferenciada y aseguró ser egresada de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL).
Con esa identidad, comenzó a trabajar con el niño en un instituto privado. Sin embargo, al poco tiempo, una representante de la Asociación Sanluiseña de Profesores en Educación Especial (ASPEE) advirtió que la mujer no figuraba en los registros oficiales como profesional del área.
El padre del menor la confrontó, y la mujer intentó sostener su mentira. Envió por correo electrónico documentos falsificados, incluyendo un certificado universitario con una firma atribuida a una exautoridad académica que ya no ocupaba su cargo. La funcionaria denunció luego la falsificación, lo que permitió confirmar que el título era apócrifo.
Fue así que el padre del menor decidió hacer una denuncia. La causa fue impulsada por la Fiscalía de Instrucción Nº 5, a cargo de Débora Roy Gitto, que imputó a Reus por los delitos de falsificación de instrumento público, uso de documento falso y estafa.
La acusación y el acuerdo judicial
El Ministerio Público Fiscal había solicitado una pena de tres años y seis meses de prisión, pero durante la audiencia del lunes aceptó la solicitud de la defensa para acceder a una probation.
El abogado Hugo Tobares, representante de la acusada, propuso reparar el daño económico mediante el pago de 400 mil pesos y la realización de tareas comunitarias por 20 horas semanales durante dos años en la Parroquia San Roque, en la ciudad de San Luis.
La fiscalía informó a las víctimas del acuerdo y no presentó objeciones, por lo que la jueza Lazarte Otero dispuso la suspensión del juicio con condiciones estrictas.
La jueza Natalia Lazarte Otero, del Juzgado de Garantía Nº 2, le otorgó el beneficio de suspensión de juicio a prueba (probation) por el plazo de dos años. Si cumple las condiciones impuestas, la mujer no recibirá condena.
Condiciones y advertencias de la Justicia
La resolución establece que Reus deberá fijar domicilio, abstenerse de consumir drogas o alcohol en exceso, no salir del país sin autorización judicial y cumplir con las tareas comunitarias acordadas. El Juzgado de Ejecución Penal, junto con el Instituto Provincial de Reinserción Social, controlará el cumplimiento de las medidas durante los próximos dos años.
La magistrada de San Luis fue clara al momento de dictar la sentencia: si la acusada incumple cualquiera de las reglas, la probation se revocará y el proceso penal se reanudará, con la posibilidad de que se dicte una condena efectiva.
El caso despertó debate en la comunidad educativa local, que cuestionó la facilidad con que una persona pudo suplantar una identidad profesional y acceder a un puesto de trabajo sin contar con formación acreditada.
Con esta decisión, el expediente permanecerá suspendido mientras la acusada cumpla las condiciones impuestas. Si lo logra, evitará una condena penal por falsificación y estafa, aunque el antecedente quedará registrado en su historial judicial.
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