La caída de El Faraón: el día que la Policía desbarató a la banda de los planes sociales
Un agente de investigaciones de mucha experiencia siguió de cerca a los imputados. Cotejó en qué vehículos se movían y sus vínculos a través de escuchas.
Ricardo Soiza era director de Planes Sociales. Y su restaurante el Faraón, una oficina públia readecuada.
El restaurante El Faraón, ubicado en calle Carlos H. Rodríguez 175, es uno de los más conocidos de la zona céntrica de Neuquén. Pero no solo por su comida árabe. El 6 de julio de 2023, su fachada dejó de ocultar lo que realmente funcionaba en sus entrañas, más allá del menú diario: una oficina clandestina con banderas, escudo provincial, una pizarra y hasta un retrato del exgobernador Felipe Sapag. Era una oficina improvisada del exdirector de Planes Sociales de la provincia, Ricardo Soiza, y uno de los principales acusados que haber orquestado las 9300 estafas con tarjetas de débitos, con el fin de desviar fondos de los subsidios; con complicidad de empleados del exministerio de Desarrollo Social, y referentes de los barrios, que trabajaban para todas las campañas políticas del MPN.
En el restaurante, también había una caja fuerte, computadoras y documentación del Estado. Así empezó a caer una organización que usaba estructuras públicas, datos oficiales y hasta documentación médica falsa, para cometer fraudes con planes sociales. Una de las matrículas halladas en dos CPU que estaban en una bodega, la 724, correspondía al Estado provincial. Es decir, que usaban las mismas computadoras del gobierno, en domicilio particulares.
La investigación, dirigida por el comisario inspector Martín Van de Genachte -con 25 años de experiencia en Homicidios e Investigaciones- durante la undécima jornada del juicio por la estafa con planes sociales. Esa investigación comenzó en 2022 con una alerta del Departamento de Prevención de Fraudes del Banco Provincia de Neuquén. Fue ahí donde los policías empezaron a cruzar datos de imágenes de los cajeros automáticos para las extracciones en ráfaga y ubicar los domicilios de los imputados.
Los primeros pasos incluyeron un procedimiento en la Dirección de Planes Sociales, ubicada en calle Rivadavia 47, donde se secuestraron listados de beneficiarios y personal estatal, que luego se cruzaron con intervenciones telefónicas, análisis de movimientos bancarios y videos de seguridad. Se expresó que no fue precisamente un allanamiento, porque tanto la policía cómo la justicia no sabían muy bien el alcance de la investigación.
Causa estafa con Planes Sociales: cómo dar con los vehículos de los extractores
Uno de los ejes de la investigación fueron los vehículos utilizados por los implicados, para hacer las extracciones, en horario laboral, y muchas, organizadas después de la medianoche en cajeros automáticos del BPN, tanto en Neuquén capital, Alta Barda y la sucursal de la calle San Martin de Centenario. Pero para ello se debía dar con los presuntos autores, que aparecían en las filmaciones de los videos, cotejar qué vehículos usaban y organizar los allanamientos.
Ya el 9 de septiembre de 2022, el abogado Alfredo Cury -exabogado de los imputados del exministerio y defensor de sí mismo en la causa- se presentó en la División de Delitos Económicos con registros fílmicos que permitieron individualizar varios autos involucrados: un Toyota Etios; un Fiat Cronos, un Ford Focus, una Ford EcoSport y un Citroën C3. Ese mismo día, se logró la demora de Cristian Vergara, a quien se le notificó formalmente la imputación.
El 31 de agosto de 2022, durante una serie de allanamientos simultáneos, fue secuestrada una Chevrolet Tracker vinculada a Valeria Honorio, que había sido dejada a varias cuadras del Departamento de Investigaciones. Según dijo el comisario inspector Martín Van de Genachte, habría sido para evitar que fuera detectada. Honorio vive en Centenario, en el barrio Rincón del Valle, y cuando los policías fueron a realizar el allanamiento, no hallaron la camioneta. Algo raro, ya que la mujer estaba con su hijo, y para evitar que sea detenida, se entregó por su propia voluntad en Neuquén horas después.
La investigación siguió con más procedimientos. El 15 de septiembre de 2022 hubo un procedimiento en calle Mamá Margarita, de Centenario, domicilio de Mireya Silvina Pino; El 21 de septiembre en calle Trabajadores Municipales del barrio Bouquet Roldán, donde se detuvo a unas de las reclutadoras, Carolina Hernández y después a Valeria D’Angelo en Plottier.
Las pruebas recolectadas, entre ellas intervenciones telefónicas, dieron pie a nuevos allanamientos, ya en 2023. El 6 de julio fue el golpe más grande, cuando se inspeccionó el restaurante El Faraón, y fue el mismo Soiza el que le entregó la llave a la policía y lo acompañó. Pablo Sanz fue demorado en el barrio Bella Vista de Centenario, y Marcos Osuna fue demorado en su casa del barrio Gran Neuquén Norte.
Una bodega, CPU estatales y certificados médicos falsos
Uno de los hallazgos más llamativos en los allanamientos, fue el uso de certificados médicos falsos, algunos emitidos desde una clínica de Neuquén con la firma de un médico, pero sin datos completos, con los que los acusados justificaban trámites o cobraban beneficios. También se secuestraron tarjetas bancarias con accesos directos a cuentas de beneficiarios, computadoras y documentación que permitía rastrear los fondos desviados.
El caso se destapó a partir de un informe del Departamento de Prevención de Fraudes del Banco Provincia del Neuquén, que alertó sobre movimientos sospechosos vinculados a beneficiarios de planes sociales. “El primer paso fue ir a la Dirección de Planes Sociales, secuestramos listados de beneficiarios y también de empleados. No sabíamos si esa información iba a servir", contó Van De Genachte.
Los allanamientos del 31 de agosto y del 18 de septiembre de 2023 terminaron de consolidar la prueba. Fueron once en un solo día, con colaboración de distintas unidades policiales. “Todo el personal del departamento estuvo abocado a la causa. Tuvimos que pedir refuerzos”, relató el comisario.
El objetivo, según Van De Genachte, era claro y consistía en identificar a los responsables, aprehenderlos y cortar el circuito delictivo. “Nos guiamos por los datos que arrojaban las escuchas, los registros fílmicos y los cruces de información. No se avanzó en ninguna posición sin autorización de Fiscalía”, concluyó.
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