Estafa con planes sociales, el juicio: ¿a dónde fue la plata del fraude? los fiscales exponen los primeros indicios

Este viernes, en la décima audiencia del juicio por la estafa con planes sociales del Ministerio de Desarrollo Social, la Fiscalía de Delitos Económicos citó a dos testigos que podrían dar los primeros indicios sobre qué ocurrió con el dinero desviado, que asciende a un monto actualizado de mil millones de pesos, y que debía ser destinado a subsidios para desocupados.

Pese a que no hicieron conjeturas, los fiscales citaron al socio gerente de una empresa de administración de consorcios, que administra también algunos barrios cerrados de la región y que señaló que el ex director de Fiscalización, Pablo Sanz, y su esposa, Isabel Montoya -ambos imputados por el fraude- se habían convertido en propietarios de un lote en el country Fincas del Nogal, de Plottier, en mayo de 2022.

Según explicó, cada barrio tiene su propio estatuto, aprobado por su consorcio. Sin embargo, por lo general, la metodología para aprobar el ingreso de un nuevo propietario es a partir de una solicitud por correo electrónico en la que se solicitan fotos de sus DNI y también un boleto de compra venta o escritura que acredite que son legítimos dueños del terreno.

La compra de un terreno en Plottier

Si bien su empresa asumió la administración del consorcio después de la compra de ese lote, aclaró que él tenía acceso al registro histórico del correo electrónico del consorcio. Para responder a un oficio judicial, envió la copia del contrato que había enviado Isabel Montoya para acreditarse como nueva propietaria.

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Claudio Espinoza

“En el correo mandó una foto de su DNI y el de su pareja, de apellido Sanz, también el contrato y pidió una cuenta bancaria para empezar a pagar las expensas“, aseguró.

Consultado por la Fiscalía, leyó el contrato que se presentó como prueba, que indica que Montoya, de estado civil soltera, adquirió un lote por un valor total de 34 mil dólares estadounidenses. Según reza ese texto, pagó con tres cuotas en efectivo de ocho mil dólares y un auto modelo 2017, tasado en diez mil dólares, como parte de pago.

Aclaró que, hasta la fecha, el terreno sigue baldío y todavía no fue escriturado a nombre de Montoya. Tampoco tenía detalles de cómo fue la operación comercial, más allá de ese documento. Por otro lado, señaló que el lote pertenecía a otro titular, de apellido Tarifeño, aunque no recordaba si había avisado haber hecho la venta del lote, que sigue registrado a su nombre en las direcciones catastrales.

Un centro de estética en Centenario

Acto seguido, los referentes del Ministerio Público Fiscal (MPF) citaron a un trabajador municipal de Centenario, que lleva 25 años trabajando como inspector de Comercio del Municipio. En su declaración, aseguró que conoció a Isabel Montoya cuando ella inició los trámites para obtener una licencia comercial que le permitiera abrir un centro de estética en Centenario.

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El 20 de julio de 2022, el trabajador realizó una inspección edilicia en un local donde iba a funcionar el centro de estética, pero quedó sujeto a mejoras porque había problemas en el cielorraso y las luces del salón. Finalmente, después de varios pasos burocráticos, la mujer cumplió con los arreglos y el negocio quedó habilitado.

Buscan comprobar si hubo enriquecimiento

Pese a que la elección de estos testigos sugiere que los dos imputados podrían haber volcado parte del dinero desviado de los planes sociales en la compra del terreno o la apertura de un local, los fiscales no hicieron preguntas en referencia al origen de los fondos y habrá que esperar a los alegatos finales para saber si buscan vincular estos movimientos comerciales con el fraude.

Hasta ahora, no se sabe a dónde fue la plata que debía haber sido destinada a los desocupados. Por las declaraciones de algunos arrepentidos del Ministerio de Desarrollo Social, con el dinero que se extraía de los cajeros automáticos se armaban fajos de cien mil pesos que se depositaban en una “caja azul“.

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Luego, se armaban sobres que tenían distintos destinatarios como “Gastos Cochera“, “Gastos Faraón“ o nombres de personas. Aclararon que parte del dinero se llevaba a la oficina de Ricardo Soiza y hasta se usaba para pagar adicionales a la Policía, que ofrecía seguridad a sus oficinas, aunque no se puede determinar si Sanz se quedó con parte de ese dinero y qué cantidad era.

Por otro lado, los auditores de la Contaduría General de la provincia declararon que habían hecho informes desfavorables de la rendición de gastos de los planes sociales para desocupados en el primer semestre de 2022. Entre otras irregularidades, observaron que algunos empleados públicos -entre ellos, Sanz- cobraban subsidios para desocupados.