Detectaron una red de movimientos entre cuentas digitales y bancarias. El fiscal Narváez aún no tiene elementos para saber si hubo asociación ilícita. Detalles.
Los allanamientos en la Cooperativa 127 Hectáreas.
La trama detrás de la denuncia contra la Cooperativa 127 Hectáreas se convirtió en un expediente pesado, con números rojos y movimientos financieros que podrían configurar algo más que una estafa con los lotes. Una investigación por desvío de fondos, y el uso de la plata de los asociados en cuentas particulares. No son funcionarios públicos, es por eso que no cabe el rol de enriquecimiento ilícito, pero por ahí va la idea que tiene el fiscal del caso, Juan Manuel Narváez.
Son 32 denuncias formales, una cifra que podría crecer en los próximos días, y un monto estimado que ya ronda los 50 millones de pesos actualizados (son 30 millones de pesos a valor histórico), según el Ministerio Público Fiscal, que puso el foco en lo que empieza a perfilarse como un sistema organizado de desvío de fondos.
También se investigarán qué rol tuvieron la contratación de empresas para realizar movimientos de suelo y "los paredones" de los lotes, que en algunos de los casos eran personas particulares.
El operativo desplegado este lunes por el fiscal de delitos Económicos Pablo Vignaroli, es el primer golpe visible de una causa, por los damnificados de La Sirena Unificada, La Meseta, esos lotes en el medio de la nada que eran tierras fiscales ocupadas por crianceros, ente Neuquén Plottier y Centenario. Se demoró a Jorge Salas, los secretarios y tesorero de la comisión directiva, en un total de ocho personas.
Cooperativa 127 Hectáreas: detención del todo el consejo directivo
Fueron nueve allanamientos simultáneos -uno en la sede de la cooperativa y ocho en domicilios particulares de quienes integran el consejo directivo- donde se secuestraron computadoras, teléfonos celulares y documentación.
También salieron a la luz transferencias internas, uso de billeteras electrónicas, y una mecánica que, según confirmó a LM Neuquén el fiscal Narváez, podría derivar en una investigación por asociación ilícita. "Por ahora no lo tenemos en eso, estamos investigando una estafa", sostuvo.
La hipótesis inicial es la estafa, pero no se descartan otras figuras penales. La prueba dirá si hubo un acuerdo criminal para llevar adelante esta maniobra de manera organizada o no, además si hubo alguna conexión con funcionarios púbicos, a que el mismo Salas fue funcionario del Gobierno provincial, en el Instituto Provincial de Vivienda (IPVU).
Se secuestraron dispositivos electrónicos, computadoras y documentación clave que, según Vignaroli, será analizada “profusamente”. Entre ese material ya apareció una transferencia llamativa: un dinero que salió directamente de la cuenta de la cooperativa hacia uno de los vocales, quien lo redirigió a través de una billetera virtual como Mercado Pago.
La investigación financiera será una de las patas más sólidas para la fiscalía. Según explicó Vignaroli, el sistema de control online con organismos como la Agencia de Recaudación de la Provincia de Neuquén (ARCA) permite hoy seguir los rastros del dinero. Y en ese sentido, ya se empezó a observar un circuito de movimientos bancarios y virtuales entre miembros del consejo, todos bajo la lupa judicial.
Se van a investigar las cuentas de la cooperativa y también las cuentas personales de los directivos para saber si hubo beneficios económicos individuales, más allá de que no sean funcionarios públicos actualmente. "No surge que haya por el momento ningún convenio con ningún organismo público a través del cual la cooperativa se comprometía a realizar obras", indicó Narváez.
Por ahora, no se detectaron convenios activos con organismos del Estado, aunque no se descarta que hayan existido vínculos informales o acuerdos que serán revisados. “La cooperativa no depende ni del IPVU ni del ADUS. Su control corresponde a Personería Jurídica y al INAI", dijo el fiscal, quien no aventuró con la posibilidad de que haya algún funcionario tocado por las esquilas del caso.
Las denuncias se agrupan, principalmente, en torno a dos iniciativas: una denominada “La Sirena Unificada” y otra en la zona de la meseta. Ambos proyectos, presentados como desarrollos habitacionales, atrajeron a familias que entregaron dinero con la expectativa de acceder a un terreno o una vivienda. Pero nunca recibieron nada. Hoy figuran como damnificados en la causa.
¿Puede haber asociación ilícita?
Vignaroli dijo: “Estamos hablando de delitos de estafas reiteradas. Hay elementos que nos indican que la maniobra no fue un simple incumplimiento contractual, sino algo más complejo y planificado".
La Fiscalía no puede descartar que Jorge Salas haya seguido moviendo los hilos de la cooperativa incluso después de dejar la presidencia formal. Tampoco que haya más víctimas que aún no se animaron a denunciar. De hecho, se espera que, tras los allanamientos y la difusión pública de la causa, nuevos damnificados se acerquen a la Justicia.
Es que para que haya una asociación ilícita debe probarse que hubo un acuerdo criminal entre al menos tres personas con roles definidos, continuidad en el tiempo y un objetivo delictivo común. El uso de cuentas digitales, el desvío sistemático de fondos y la estructura organizativa de la cooperativa podrían, eventualmente, configurar ese escenario.
Los integrantes del consejo directivo tenían previsto recuperar la libertad en la tarde de este lunes, pero fichados y notificados. La fiscalía los tiene a todos en la mira y los movimientos de la cooperativa, que alguna vez prometió organizar el acceso a la tierra, hoy están bajo sospecha de haber sido usados para vaciar los bolsillos de quienes confiaron en ellos.
El caso recién empieza y promete más capítulos, aunque todavía a nadie se le formularon cargos.
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