El rechazo de la oposición y de las provincias evitó su desaparición. Sin embargo, los gobernadores deberán afrontar la temporada de incendios con sus propias herramientas.
La frustrada iniciativa del gobierno nacional de voltear la Ley de Manejo del Fuego, que formaba parte de la reforma de la Ley de Tierras, fue festejada por los partidos de la oposición en el Congreso y también por las provincias.
El proyecto, originalmente escrito por el “Coloso” Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, buscaba eliminar la prohibición de vender, lotear o cambiar el uso de los suelos (actividades agropecuarias, inmobiliarias o mineras) en bosques nativos, humedales o áreas protegidas que sufrieron incendios intencionales o accidentales por un plazo de 30 a 60 años.
La Ley de Manejo del Fuego (Ley 26.815) fue diseñada para establecer las reglas y presupuestos mínimos de protección ambiental destinados a prevenir, controlar y combatir incendios rurales y forestales. Su fin principal es proteger los ecosistemas y desalentar las quemas intencionales.
En este contexto, Argentina se encamina a la primavera-verano 2026/27 (la época más sensible a los incendios forestales) con la Ley de Manejo del Fuego todavía vigente, pero con un sistema nacional que llega debilitado presupuestariamente y con un escenario climático que no permite relajarse.
Un dato que tampoco permite relajación alguna es que el intento de flexibilizarla fracasó en el Senado, pero tal cosa tampoco significa que el Gobierno haya abandonado definitivamente la intención de modificarla.
La ley permanece en vigencia, pero el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) llega a la temporada de incendios desvencijado por los ajustes. El presupuesto 2026 del SNMF es uno de los más bajos de la última década; la reducción alcanza $74.145 millones y, respecto de 2023, la caída real proyectada es del 68,9%. Respecto de 2025, la reducción real llega al 71,6% según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Para dimensionar estas cifras: la participación del SNMF dentro del presupuesto nacional pasaría de 0,032% en 2023 a 0,014% en 2026.
Subejecución de partidas
En 2025 quedó sin ejecutar aproximadamente el 25% del presupuesto destinado al manejo del fuego, unos $20.000 millones según el análisis de FARN. Precisamente ese año, el Gobierno disolvió, mediante el Decreto 463/2025, el Fondo Nacional de Manejo del Fuego, que tenía una característica vital y funcional: generaba financiamiento específico para prevención y combate a partir de un aporte proveniente del sector asegurador.
Si bien la Agencia Federal de Emergencias (AFE), que depende del Ministerio de Seguridad nacional, mantuvo, durante los últimos meses, reuniones regionales, capacitación de brigadistas, ejercicios operativos, etcétera, las dudas respecto de su músculo financiero para hacer frente a eventuales desastres ambientales por incendios no logran ser despejadas.
La temporada 2025/26 fue grave en materia de siniestros forestales. Un procesamiento satelital difundido por Greenpeace calculó que entre octubre de 2025 y marzo de 2026 fueron afectadas 60.845 hectáreas de bosques andino-patagónicos argentinos.
De cara a la temporada que se avecina, el verano 2026/27, se avecina un nuevo problema: El Niño.
El último informe del Servicio Meteorológico Nacional, publicado este mes, estima para agosto-septiembre-octubre de 2026 una probabilidad cercana al 100% de continuidad de este fenómeno climático extraordinario, cuyos efectos pudieron comprobarse ya en la provincia de Neuquén con un inusitado incremento de precipitaciones.
Pero, para el SMN, El Niño no significa automáticamente menos incendios. Según el organismo, en varias zonas del país puede favorecer mayor precipitación, pero eso no elimina períodos de calor, viento, baja humedad o sequedad de la vegetación. Tal panorama no se podría traducir en que la ecuación resultante atenúe la ventana de probables incendios.
El proyecto de ley del Presupuesto 2027 en Argentina se presenta el 15 de septiembre, de acuerdo con el plazo legal establecido por la ley. Las probabilidades de que el Gobierno disponga la recomposición de las partidas destinadas al manejo del fuego son bajas, a la luz de la embestida del Ejecutivo libertario contra todas aquellas ecuaciones que dinamiten su objetivo de equilibrio fiscal.
Si la (in)coherencia de sostener el relato del superávit a cualquier precio se mantiene, desfinanciar otro programa federal imprescindible para provincias como las de la Patagonia no debería resultar una novedad.
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