Provincias petroleras, juicio por YPF y un debate más político que jurídico

El reciente anuncio de algunas provincias petroleras de impulsar una demanda en Estados Unidos vinculada a la expropiación de YPF abrió un nuevo capítulo en la relación entre las jurisdicciones productoras y la empresa emblema de la energía argentina. Sin embargo, el análisis jurídico muestra que la jugada tiene más condimentos políticos que fundamentos legales sólidos.

En primer lugar, conviene aclarar un punto clave: las provincias no son accionistas de YPF. Nunca compraron acciones clase B ni ejecutaron la cláusula de preferencia prevista en la ley de expropiación del año 2012. Esa norma les otorgaba la posibilidad de adquirir hasta el 25% del paquete accionario de YPF (es el 49% del 51% lo que da 24,99%). Si todas las provincias ejercieran la opción, la Nación quedaría con el 26%, las provincias con el 25% (total 51 %) y los privados 49%. Se discutió cómo sería un eventual reparto entre provincias, pero finalmente ninguna avanzó en la compra.

Por eso, Mendoza, Chubut o Santa Cruz —que hoy se muestran dispuestas a litigar— no poseen títulos ni derechos subjetivos sobre la compañía. Al no haber acciones de su propiedad, su legitimación activa en un juicio internacional aparece, cuanto menos, endeble. En derecho procesal, esa ausencia de interés directo suele ser determinante.

El especialista consultado recuerda que si hubo ilícitos en la operación de compra en tiempos del kirchnerismo, esos hechos ocurrieron en territorio argentino y ya fueron objeto de denuncias penales locales, incluso por parte de Elisa Carrió. “Si se busca una acción penal, es de acción pública: no hace falta ser accionista”, advierte.

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Además, se enciende una luz roja en el plano económico: contratar abogados en Nueva York implica honorarios millonarios y costas procesales difíciles de afrontar para las arcas provinciales. El propio analista aconseja un paso básico antes de embarcarse: pedir un dictamen legal serio, con números en la mano, sobre chances reales de éxito y costos totales del litigio. Sin esa información, todo parece un salto al vacío.

El trasfondo político es evidente. En épocas electorales, los reclamos contra YPF funcionan como bandera para mostrar defensa de los recursos provinciales. Pero detrás de los titulares, las provincias se exponen a un riesgo financiero innecesario. Porque —vale insistir— no son accionistas, no designan directores y no tienen acciones que defender. Lo que existe es un gesto político de Nación, que suele aceptar sugerencias de gobernadores para el directorio como reconocimiento a su peso productivo en petróleo y gas, sobre todo en provincias como Neuquén.

En definitiva, este intento de demanda en Estados Unidos parece más un movimiento de marketing político que una estrategia judicial viable. YPF sigue siendo controlada por el Estado nacional, con un rol central en Vaca Muerta y la transición energética. Las provincias, por su parte, enfrentan el dilema de hasta dónde jugar a la épica judicial sin arriesgar recursos que podrían destinar a necesidades más urgentes.

La historia de YPF siempre estuvo cargada de tensiones entre Nación y provincias. Pero como advierte el especialista, antes de lanzarse a litigar en tribunales extranjeros conviene recordar las responsabilidades institucionales y los riesgos de dejarse llevar por batallas políticas costosas para los contribuyentes.