El ministro es el nexo entre las comunidades y el gobernador Rolando Figueroa. Presionan por cuatro personerías de un compromiso político y por ley de Omar Gutiérrez.
Las expectativas de una solución se desvanecieron en apenas 20 minutos. Ese fue el tiempo que duró la reunión entre el ministro de Gobierno de Neuquén, Jorge Tobares, su equipo y las autoridades mapuches de cuatro comunidades asentadas en Vaca Muerta, que reclaman desde hace casi un año la entrega de su personería jurídica.
Las comunidades Fvta Xayen, Kelv Kura, Ragilew Cárdenas y Newen Kura -ubicadas en zonas clave del corazón energético provincial- exigen al Estado neuquino que cumpla con los compromisos firmados en 2024 y les otorgue el reconocimiento legal. Antes de irse, el gobierno de Omar Gutiérrez, a través de la Legislatura de Neuquén, aprobó la ley de consulta previa, libre e informada, (que aún no se cumple con las operadoras de Vaca Muerta) y hubo un compromiso de inscribir a estas cuatro comunidades.
La reunión se hizo en Tratayén, donde la comunidad, que aún no tiene la personería, tiene tierras a nombre de la familia Mardones. Las comunidades denuncian que, sin ese registro, no pueden ejercer derechos básicos ni ser parte del protocolo de consulta libre, previa e informada que garantiza la Constitución Nacional.
“Nos encontramos con un ministro sin autoridad política para resolver nada”, indicaron las autoridades mapuche tras el encuentro, que se realizó en la sede del Lof Fvta Xayen.
Mapuches a los funcionarios: un diálogo inútil
En un duro comunicado titulado “El diálogo inútil”, cuestionaron no solo a Tobares, sino también al subsecretario de Gobierno, Juan "Joni"y Grandi y al asesor y ex sacerdote Rubén Capitanio, presentes en la reunión. Incluso dijeron que los funcionarios eran una surte de "fusibles" del gobierno provincial.
“La reunión confirmó lo previsible, que el gobernador Rolando Figueroa no tiene voluntad política de cumplir con la ley. En Vaca Muerta hay un gobierno que solo aplica la ley para favorecer el saqueo petrolero”, aseguraron y definieron a Tobares como "un ministro sin autoridad política".
Las comunidades recuerdan que la promesa de reconocimiento fue hecha durante la gestión anterior de Omar Gutiérrez, con aval del entonces oficialismo en la Legislatura y de algunos dirigentes que hoy integran el actual gobierno. A pesar de ese acuerdo político e institucional, hoy están en el limbo legal.
"En sus palabras resignadas (por la de Tobares) y sin definición nos dejó en claro que el gobernador Rolando Figueroa no tiene la voluntad política de cumplir con la ley y la Constitución Provincial. Lo que confirma algo previsible: en Vaca Muerta hay un gobierno que solo aplica el derecho y la ley a favor del saqueo de las petroleras a todos los neuquinos y no le importa violar las leyes de derecho indígena y las obligaciones que le señalan la Constitución Provincial".
Desde la Confederación Mapuche del Neuquén sostuvieron que si bien el gobernador salió al mundo a hablar de paz social (por la gira fugaz con inversores en Estados Unidos), "en Vaca Muerta eso no existe. Lo que se viene es una paz sostenida por la militarización y la represión”. Lo dijeron en alusión a la presencia del Comando Unificado de Gendarmería y Policía en territorios que reivindican con la propiedad tradicional.
"La nueva versión del MPN"
Luego del encuentro, las autoridades continuaron reunidas en debate interno. “Celebramos la fuerza de la unidad mapuche y reafirmamos la defensa de nuestros territorios y del ambiente. Como lo hicimos durante seis décadas del viejo MPN, lo haremos ahora con esta nueva versión”, cerraron.
Hace unos días, estas cuatro comunidades habían tomado un despacho de Casa de Gobierno, en otra reunión frustrada con el ministro Tobares, que siempre fue el encargado de hacer el nexo entre los mapuches y el gobernador. Estuvieron varias horas y exigieron que no se iban si no les daban la personería.
La comunidad que para el TSJ no existe
El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén (TSJ) rechazó por “inadmisible” el recurso de casación presentado por la defensa de integrantes de la autodenominada comunidad mapuche Fvta Xayen, en el marco de la causa por la ocupación de tierras en Tratayén. Se trata de un reclamo de la familia Galván, que tiene la escritura de ese campo, comprado en 1977, en una zona que era un desierto.
El TSJ rechazó el recurso de casación y declaró que no existe reconocimiento legal de la comunidad. El relevamiento territorial de la Ley 26.160 ya no está vigente por un decreto del presidente Javier Milei y se abre paso a un posible "desalojo".
Pero los mapuches no están "ocupando" efectivamente las tierras en Tratayén, sino que más bien hay un tema con la posesión. Cada vez que los dueños del campo quieren trabajar (tenían una proyecto de alfalfa) "aparecen personas que se denominan de la comunidad" y frenan cualquier intento de intervenir, emparejar o cultivar una parte del campo.
De hecho, hace dos semanas se generó un incidente en el campo. Un agrimensor estaba tomando medidas y fue abordado por un sujeto, en representación de la comunidad. El tema terminó en una denuncia penal. Eso fue antes del fallo, de acuerdo a los detalles que dio el abogado de la familia, Juan Fittipaldi, quien sostuvo que se marcó un antecedente judicial en la zona.
El pasado 31 de marzo, el máximo órgano judicial declaró por “inadmisible”, el recurso de casación presentado por los Fvta Xayen en el marco de una causa civil por interdicto posesorio, que fue iniciada por la familia Galván. La familia tiene un campo de 950 hectáreas, que poco menos de la mitad está en producción con frutales, cerca del paraje conocido como Los Pilares y Los Algarrobos.
Con este fallo, el TSJ cerró la puerta a la participación de la comunidad como tal, ya que no tiene reconocimiento legal ni inscripción en registros oficiales. La decisión también confirmó que la causa continuará solo contra personas físicas y no contra una comunidad indígena, lo que abre el camino para un eventual desalojo, en caso de que escale el conflicto.
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