Un juez multó con $70.292 diarios si no se reincorporaba a la docente a una escuela de Neuquén. Es delegada de ATEN capital y nunca se comprobó el maltrato.
Un importante revuelo se generó en la Escuela 183 de Neuquén capital tras conocerse un fallo del Juzgado Laboral N°2 que ordenó la reincorporación de una docente y delegada sindical de ATEN Capital, separada de su cargo tras un sumario impulsado por la directora del establecimiento.
La medida cautelar, dictada el 25 de agosto, exigía al Consejo Provincial de Educación (CPE) restituir a la trabajadora en su puesto. Sin embargo, el organismo no acató lo dispuesto y este martes el juez Hugo Daniel Ferreyra resolvió aplicar una sanción de $70.292,81 diarios -equivalentes a un IUS por día de demora- a favor de la docente, hasta que se cumpla con la orden judicial.
La dirección del colegio había impulsado una denuncia contra Laura Isabel Jara, por supuesto maltrato a los alumnos, a tal punto que tuvo que intervenir la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente N°3. No se comprobó esa situación y el gremio siguió adelante para reincorporar a la docente. Pero el CPE, según el sindicato, siguió con las instancias sumariales, hasta que todo llegó a la Justicia.
El sindicato metió un amparo por mora, y la decisión de la justicia laboral fue contundente: reincorporar a la docente Laura Jara o pagar más de 70 mil pesos de multa todos los días. Para evitar ese escándalo, el CPE tuvo que reincorporar a la maestra.
Del maltrato al hostigamiento de una directora
El gremio ATEN denunció que la maestra fue sumariada luego de exponer situaciones de “violencia sistemática” en la escuela, lo que derivó en una escalada de conflictos.
“Es un escándalo y se evitaron problemas. Imaginate con todo el tema de las partidas, es un despropósito, era más fácil reincorporarla y que nos den la razón”, señaló en diálogo con LMNeuquén Angélica Lagunas, secretaria general de ATEN Capital.
La sindicalista recalcó que la docente es delegada sindical y que, pese a esa condición, fue apartada de las aulas, en contra de lo establecido por la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, que protege a los representantes gremiales.
Según el gremio, los sumarios iniciados en su contra carecen de sustento. En particular, se le atribuyeron presuntos episodios de violencia contra otra docente y contra estudiantes, aunque la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente N°3 concluyó que “no se evidencia afectación directa que involucre los derechos de niños, niñas y adolescentes”.
Una docente respaldada por sus colegas
La denuncia de la delegada fue acompañada por al menos seis docentes más, quienes también manifestaron haber vivido situaciones de hostigamiento. Pese a ese respaldo, el cuerpo colegiado del CPE -incluyendo a las vocales gremiales- avanzó con el sumario y la separó de sus funciones, lo que provocó el rechazo de ATEN.
“La docente es delegada, no la pueden correr, máxime por una denuncia supuesta de maltrato a menores. La Defensoría ya determinó que no había ningún hecho que demuestre maltrato o vulneración de derechos de las infancias”, insistió Lagunas.
El fallo del juez Ferreira obligó al pago de astreintes -multas compulsivas.- que se aplican justamente para “compeler el cumplimiento de una orden judicial”. El magistrado además dispuso que la sanción comenzará a computarse desde que la resolución quede firme.
Desde ATEN remarcaron la contradicción en la que cayó el CPE. “Para el cuerpo colegiado no hay presupuesto para mejoras salariales, edilicias, para duplas pedagógicas, pero sí para pagar multas por desacatar órdenes judiciales”, dieron.
En este contexto, el gremio exigió la inmediata reincorporación de la docente a su cargo y advirtió que el conflicto en la Escuela 183 se convirtió en un caso testigo sobre la protección sindical y el respeto a las medidas judiciales en la provincia.
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